TRAGEDIAS POR OMISIÓN

Veracruz es un estado con altos riesgos en materia de protección civil. Por su ubicación geográfica, está expuesto a huracanes, tormentas tropicales y toda clase de fenómenos meteorológicos que se forman en el Golfo de México.

Varios ríos de gran caudal alimentan sus campos y ciudades. Además, está en una zona de gran actividad sísmica.

Por si no fuera bastante, alberga de norte a sur de su territorio instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos, así como la planta nuclear de Laguna Verde, que opera la Comisión Federal de Electricidad.

Existe, pues, una larga experiencia, de muchos años, previniendo y actuando cuando se presentan contingencias y/o desastres, naturales o por accidentes en instalaciones industriales.

Desde aquellas inundaciones de 1999, cuando la zona norte de Veracruz fue devastada por las intensas lluvias que desbordaron el río Tecolutla, que creció nueve metros sobre su nivel normal, se comenzó a implantar en la entidad un sistema de protección civil que llegó a presumirse como uno de los más avanzados del país por su capacidad de respuesta, que redujo a niveles mínimos la pérdida de vidas humanas en los dos sexenios anteriores.

Hacia el final del gobierno de Miguel Alemán Velasco se presentó el primer Atlas de Riesgos de la entidad, que plasmaba en el papel lo que todo mundo sabía: que prácticamente la totalidad de los municipios veracruzanos se encontraban en zonas que presentaban algún tipo de peligro para la población. Y no sólo por la incidencia de los fenómenos naturales o la actividad de las grandes paraestatales productoras de energía. Uno de los principales problemas eran los asentamientos humanos en zonas no aptas para ello.

¿Qué se hizo desde entonces a la fecha para atender esto, que sí está en manos de las autoridades resolver? Nada. En cualquier municipio del estado podemos ver precarias casas levantadas como sea sobre un cerro. O flamantes colonias dotadas con servicios municipales junto a las riberas de los ríos, sin muros de contención ni protección alguna, pero que seguro representaron un gran negocio para algún liderzuelo que, para obtener los permisos correspondientes, o al menos la vista gorda de las autoridades, se ofreció a “operar” electoralmente con las familias a las que les entregaban verdaderas tumbas ambulantes.

La muerte de 11 personas en Yecuatla hace unas semanas, y la de 13 hasta el momento en Coscomatepec por las lluvias que han inundado el norte y centro del estado, no pueden considerarse sólo meros y muy “lamentables” accidentes. Hay responsabilidad de las autoridades, municipales y estatales, tanto por permitir que se edifiquen viviendas en zonas de alto riesgo, como por su lentísima capacidad de respuesta, a pesar de contar con las herramientas necesarias para poder prevenir, alertar y evacuar a la población ante el advenimiento de una contingencia.

Las omisiones que provocan tragedias también son punibles.

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