RÚBRICA

  Entre el jueves y domingo pasados fuimos testigos en todo México de una prueba deleznable de la degradación a la que han llevado al país el régimen obradorista y su desprecio por la legalidad. Primero fue el mismo presidente López Obrador, quien en su ejercicio propagandístico llamado “conferencia mañanera” violentó la privacidad de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del New York Times en México, al exhibir su número telefónico en transmisión en cadena nacional. Ese acto ilegal –y sumamente cobarde- fue, además, totalmente intencional, como lo reconoció el viernes el propio “jefe de las instituciones del país”. Quería “escarmentar” a la periodista por atreverse a hacer un reportaje sobre una investigación que llevaron a cabo autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos del círculo cercano de López Obrador con el crimen organizado. Y se aprovechó de que Kitroeff realizó una buena práctica periodística al pedirle su versión antes de publicar el trabajo y dejarl

  Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto transita por esas veredas. Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes “cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito para “afectar” al gobierno. Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan desmoronándose solas. Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para l

  Si en el sexenio de Cuitláhuac García sus compinches conocieron las mieles del arca abierta y pretenden irse “locos de contento con su cargamento”, los que quieren llegar están por las mismas, si no es que son peores. Este martes se difundió un video en el que aparece José Luis Peña Peña, esposo de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle García, haciendo proselitismo en plena veda electoral en favor de su cónyuge. Pero eso, aunque representa una ilegalidad, no es lo verdaderamente grave. José Luis Peña asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local de Sayula de Alemán el pasado sábado 18 de febrero junto con el senador morenista Ernesto Pérez Astorga, el presidente municipal petista de Jesús Carranza Pasiano Rueda Canseco y el subsecretario de Ganadería y Pesca de la Sedarpa, Humberto Amador Zaragoza, para prometer apoyos a los ganaderos. La presencia de al menos dos funcionarios de gobierno, uno estatal y otro municipal, ya config

  Además de probar de manera contundente que la realidad del país no se ve desde un solo prisma ni en un solo color, la “Marcha por la Democracia” de este domingo mostró nuevamente el envilecimiento de la clase gobernante, que se cree dueña absoluta de la verdad, de los símbolos patrios y hasta del derecho de manifestación. La reacción del presidente López Obrador a la marcha que solo en la Ciudad de México congregó a más de 100 mil personas en la plancha del Zócalo lo retrata: acusó a los ciudadanos de “alcahuetes”, de “defender la corrupción” y de buscar que “regresen los corruptos”. Dijo además que los manifestantes –que demostraron gran capacidad de organización sin necesidad de acarreos, sin despensas ni pagos de por medio, y sin la amenaza de perder su trabajo si no acudían- fueron a defender “la democracia de ellos” y no la “democracia del pueblo”, así como que se “quedaron callados” ante los fraudes electorales del pasado. Descalificación tras descalificación que sirve co

  La violencia que desde los gobiernos federal y estatal se niegan a ver, volvió a mostrar su cara más cruda en Veracruz. La tarde de este jueves fue asesinado con siete balazos un aspirante de Morena a una diputación local. Se trata de Manuel Hernández Hernández, quien se desempeñaba como director de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla y acababa de separarse del cargo para inscribirse en el proceso de su partido para ser abanderado por ese mismo distrito. Un grupo de motociclistas lo interceptó en una comunidad y éstos abrieron fuego contra el vehículo en el que transitaba, matando instantáneamente al político que se dirigía a Xalapa para asuntos electorales. Porque pueden y no pasa nada. El estado de descomposición avanza aceleradamente en Veracruz conforme se acerca el fin del sexenio de Cuitláhuac García quien, en los hechos, ya no gobierna, si es que alguna vez lo hizo. De lo único que se ocupa es de lanzar diatribas e incoherencias contra quien evidencia su monumen

  Después de un intenso jaloneo, finalmente el Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo gobernante en Veracruz. Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante ese mismo órgano del Poder Judicial estatal. Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatur

  Veracruz es un polvorín cuyas mechas de violencia se encienden prácticamente todos los días, mientras el gobernador Cuitláhuac García está ocupado entrometiéndose en el proceso electoral. La semana pasada, la presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez, apareció de manera sorpresiva en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva para denunciar lo que, de por sí, es de sobra conocido: que el crimen organizado controla territorios y hasta gobiernos municipales en el estado de Veracruz. La alcaldesa afirmó además que “el crimen organizado quiere entrar a Acayucan, quiere tomar las riendas de Acayucan, aquí estuvo la alcaldesa de Sayula y manifestó también como parte del hecho de que somos mujeres (gobernando), es la manera que (grupos delincuenciales) tienen para actuar, a través de la descalificación, de generar zozobra, de generar miedo y sumarle a esto, actos violentos que prueban lo que nos están diciendo o nos mandan a decir de alguna forma”. Como ella misma lo menci

  “Dime con quién andas y te diré quién eres” es un popular refrán que explica muy bien ciertas alianzas, candidaturas y conexiones en la política mexicana. Desde su creación, Morena se ha caracterizado por sus nulos filtros para aceptar lo que sea y a quien sea en sus filas, si es que les reporta alguna rentabilidad, ya sea política o financiera. Postura altamente pragmática que, sin embargo, se contrapone completamente con su bandera de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, que no es sino mera retórica, palabrería. Más que conocidas son sus alianzas con personajes verdaderamente impresentables, cuyos antecedentes de corrupción o simplemente sus ideas los harían inelegibles para formar parte de su movimiento, que se ostenta con una supuesta “autoridad moral” de la que, en realidad, carece. Sin embargo, en Morena han llegado a extremos imperdonables, como el de promover a cargos públicos y/o de elección popular a delincuentes sexuales. A violadores de niños cuyas condu

  Aun cuando en teoría no cuenta con los votos necesarios en el Congreso de la Unión para sacar adelante las 20 iniciativas de reformas constitucionales que envió este lunes 5 de febrero, no es gratuito que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido “jugarse su resto” en el último tramo de su sexenio. El paquete de reformas es una mezcolanza de temas y rubros con los que, principalmente, López Obrador buscará tomar el control de la agenda pública durante el proceso electoral. Es una manera de meterse en la campaña sin ser él, formalmente, el candidato. Y los principales temas a discutir serán previsiblemente las amenazas de desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la elección de ministros se vuelva un tianguis electoral; la desaparición de los organismos autónomos, a lo que en su discurso calificó de "onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal”; así como la “joya de la corona”: el aumento en los montos d

  Cada que se acerca el fin de un periodo de gobierno, quienes ejercieron el poder a plenitud (o estuvieron en la plenitud del pinche poder, diría un clásico), buscan la manera de “cuidarse las espaldas”. Esto es, de evitar ser llamados a cuentas una vez que esa condición de poder termine. Para ello luchan por imponer como sucesor(a) a un incondicional –o que creen que les será incondicional-. Pero cuando las condiciones políticas no les son favorables para alcanzar ese propósito, otra vía es la de hacer nombramientos en áreas estratégicas, de preferencia transexenales. En los últimos años, los casos más comunes son los de los fiscales, que a partir de las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia de la década pasada adquirieron esa característica de trascender los periodos de gobierno. Pero también las magistraturas en los tribunales superiores de justicia estatales ofrecen el acceso necesario para influir en las decisiones de quienes tienen en sus manos casos d