RÚBRICA

Fotografía: Antonio Palacios La noche del pasado 21 de marzo, el periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado a balazos dentro de su domicilio, ubicado en la localidad Nuevo Renacimiento 2000 en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte del estado de Veracruz, convirtiéndose en el quinto reportero ultimado en la entidad durante lo que va del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Entre los muchos fracasos de un régimen que prometió un cambio radical en la situación del estado, hay que destacar el de garantizar el ejercicio libre del periodismo en la entidad. Eso no sólo no ocurrió, sino que la violencia contra los comunicadores permanece intacta, así como la infame respuesta del gobierno estatal para minimizar los crímenes en su contra. Exactamente de la misma manera como sucedía con Javier Duarte de Ochoa. Al día siguiente del homicidio de Leobardo Vázquez Atzin, la Fiscalía General del Estado emitió un malintencionado boletín en el que destacó en uno de sus bajantes qu

Fotografía: archivo Durante su registro como candidato a Gobernador de la coalición “Por un Veracruz Mejor”, José Francisco Yunes Zorrilla lanzó una indirecta muy directa a las autoridades del Organismo Público Local Electoral estatal (OPLE). “Nuestra total y completa confianza en las instituciones electorales en Veracruz, tanto administrativas como jurisdiccionales. En el entendido, estamos ciertos, de que no permitirán, en su trabajo honorable y profesional, ninguna regresión antidemocrática en Veracruz ligada a la coacción del voto, al uso indebido de los activos institucionales en favor de algún partido ni la utilización de los recursos públicos”, espetó Yunes Zorrilla durante su discurso formal ante el Consejo General del organismo electoral. Para pocos pasó desapercibida la intencionalidad del mensaje, que llevaba jiribilla: aunque Yunes Zorrilla manifestó tener “completa confianza” en el OPLE y en el Tribunal Electoral de Veracruz, condicionó la misma a que los árbit

El pasado 28 de febrero, en este mismo espacio se relató cómo en un exceso de soberbia o de cinismo, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se violaba abiertamente la ley al promover con recursos públicos la imagen de su hijo del mismo nombre, candidato de la coalición “Por México al Frente” a la gubernatura. En esa ocasión, Yunes Linares invitó a su vástago a la inauguración del Hospital Infantil de Veracruz, y éste aprovechó la ocasión para destacar el hecho en sus redes sociales y hasta utilizó el mismo eslogan oficial que promueve la administración estatal este año, “mira qué cambio”. Manifestamos en ese texto que se violaba el principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo séptimo dispone que los servidores públicos “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competen

Fotografía: Universidad Veracruzana Una denuncia acerca del presunto mal uso del nombre de la Universidad Veracruzana y del equipo de futbol americano Halcones UV en sus categorías infantil y juvenil, fue hecha llegar a quien esto escribe por los padres de algunos de los afectados.  De acuerdo con esto, el pasado mes de diciembre un grupo de jóvenes que participan en el equipo, que a su vez forma parte de un programa oficial de la UV, fueron llevados a un viaje a Estados Unidos haciéndoles creer que formaban parte de una selección que representaba a México y a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Pero resulta que no fue así.  Los jóvenes sólo jugaron dos o tres partidos, portando uniformes distintos a los de los Halcones UV, para después acudir a un parque de diversiones y, los que sus familias pudieron pagarlo, a un juego de la NFL, la liga norteamericana de futbol americano profesional.  La responsable de coordinar el viaje, de nombre Melva López, se desempeñar

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz En Veracruz, el principio de presunción de inocencia que se supone es uno de los principales basamentos del renovado sistema de justicia penal, es letra muerta para las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Ante la crecida mediática por la probable ejecución extrajudicial de dos mujeres menores de edad a manos de policías estatales el pasado 10 de marzo en el municipio de Río Blanco, el fiscal Jorge Winckler Ortiz salió a despedazar este principio y el del debido proceso, con tal de proteger la imagen del gobierno de su jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. En violación flagrante de la Ley General de Víctimas, el fiscal Winckler criminalizó hasta la saciedad a las jóvenes de 16 y 14 años Nefertiti y Grecia Camacho, acribilladas por elementos de Seguridad Pública hace cinco días. No sólo por asegurar que formaban parte del crimen organizado sin que haya concluido la investigación, sino por revelar datos pe

Por más que intenten matizarla, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la inspección a personas y vehículos por parte de las fuerzas policiacas sin que medie una orden judicial o ministerial, abre la puerta para los peores abusos y violaciones a los derechos humanos. Uno de los argumentos de los ministros que votaron en favor de la constitucionalidad de esta figura, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales del nuevo sistema de justicia penal, y que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que las inspecciones policiacas representan “una medida proporcional, idónea y con un fin constitucionalmente válido, de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos”. Consideraron además que “la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista del policía, o cuando la inspección es la que lo revela”. En un país en el que el resp

Fotografía: Presidencia de la República Brincándose los protocolos y las formas, el acto de inauguración de un granelero de Diconsa en el municipio de Perote por parte del presidente Enrique Peña Nieto terminó convertido en un insólito –o quizás no tanto- mitin político. “Haciendo uso de mis libertades” al dar la bienvenida al titular del Ejecutivo federal, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lanzó una arenga de tipo electoral, que habría que revisar hasta donde se mantuvo o no dentro de los márgenes de la legalidad. Yunes Linares afirmó que el pueblo de Veracruz “no votará en favor de quien más denuncias periodísticas presente contra el Presidente de la República; tampoco contra quien presente más denuncias periodísticas contra otro de los contendientes, tratando de hacerlo parecer como el hombre más rico de México. Mucho menos, votará contra quien se asume como domador insustituible y amenaza soltar a los tigres si no gana la elección y encerrarse en uno de sus ranch

Fotografía: Fotover Un considerable problema con el magisterio veracruzano estaría por estallarle a las autoridades estatales, derivado de la falta de planeación en la instrumentación de la llamada “reforma educativa”.  Más de 300 docentes veracruzanos están siendo afectados por una discrepancia aparentemente técnica y administrativa entre la Secretaría de Educación y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pero que en los hechos podría poner en riesgo sus pensiones y su futuro, a pesar de que en las evaluaciones del Servicio Profesional Docente obtuvieron resultados destacados. O más bien, a causa de eso.  En un oficio dirigido al director de Nóminas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Erick Emmanuel Gómez González, un grupo de profesores le manifestaron su preocupación porque a raíz de las citadas evaluaciones, a quienes obtuvieron el nivel de desempeño “Destacado” se les otorgó la clave compensatoria 1377 en sus percepciones, denominada como “Estímulo a

Fotografía: archivo “En un Estado democrático, hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo, salud, vivienda, educación, independencia económica, libertad para tomar decisiones y seguridad”. Lo anterior fue parte del minúsculo discurso oficial del Gobierno del Estado de Veracruz alusivo al Día Internacional de las Mujeres, el cual fue pronunciado el pasado 8 de marzo por la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares Pérez, ya que para el titular del Ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, el tema no sólo no es prioridad, sino que ni siquiera es digno de ocupar un lugar en su agenda, en la que fue olímpicamente ignorado en esa fecha. Aunque hay razones de peso que ayudan a entender el desaire hacia las mujeres veracruzanas por parte de la administración estatal. Principalmente, porque desde el propio gobierno se ejerce una violencia, institucional y sistemática, en su contra. No por nada, Veracruz es el único estad

Fotografía: Facebook de Amadeo Flores Villalba Junto con el tremendo lastre que les representa la brutal corrupción de algunos de los peores gobiernos en la historia, en especial el que encabezó Javier Duarte de Ochoa, a los candidatos del PRI a los diferentes cargos de elección popular que están en competencia les juega en contra la traición, abierta o velada, de varios de sus “compañeros” de partido. En Veracruz hay casos más que claros de que son los propios priistas los que se juegan las contras entre ellos mismos, ya sea por rencores personales reprimidos, por intereses de grupo, o simplemente por deslealtad e, irónicamente, una corrupción que les llevó a dejarse cooptar por sus adversarios, que ahora son sus “amigos”. Mientras les sean útiles, por supuesto. El caso más evidente es el del duartista Vicente Benítez González, quien llegó al Congreso del Estado gracias a una negociación entre aquel régimen con el siempre “flexible” Partido Nueva Alianza, del cual se convi

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz Reiteradamente, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se denunció la participación de las fuerzas estatales de seguridad pública en la comisión de delitos de todo orden en el estado. Principalmente, los de desaparición forzada, tortura y homicidio. Los casos más emblemáticos y sonados, aunque muy lejos de ser los únicos, fueron los del ex cantante de “La Voz México”, Gibrán Martiz, quien fue sacado a la fuerza de su domicilio particular por elementos policiacos estatales y días después fue encontrado sin vida y con signos de tortura –del joven que se encontraba con él y que también fue plagiado no se volvió a saber nada-; y el de los cinco jóvenes que hacia el final del gobierno de Javier Duarte fueron detenidos también por policías del estado en Tierra Blanca, y que luego se supo los entregaron al crimen organizado, que desapareció los rastros de su paradero. Hace unas semanas, el ex secretario duartista de Seguridad Públi

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz Uno de los vicios más dañinos del mal ejercicio del poder en México consiste en usar las instituciones públicas como ariete para proteger intereses políticos personales, de grupo o de partido. Prácticamente sin excepción de filia partidista, los políticos que en posiciones de poder abusan del mismo al enderezar ataques a sus adversarios desde instituciones que deberían servir para procurar el bienestar de los gobernados, desvirtúan con ello su función e incluso malversan los recursos públicos que se les otorgan al ocuparlos para tareas que nada tienen que ver con su naturaleza, o que la tergiversan intencionalmente. El caso de la andanada que desde el Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República- se ha lanzado contra el candidato presidencial pan-perredista Ricardo Anaya es sintomático. Una diáfana muestra de cómo se puede transgredir el Estado de Derecho, simu

Ilustración: México Evalúa. Arquitectura del Ramo 23 El dinero público es, sin duda, la mayor arma de control de que disponen los políticos en México para premiar o castigar desde el poder a sus aliados y adversarios. Con todo y los controles institucionales que en los últimos 20 años se han diseñado para la rendición de cuentas de los diferentes niveles de gobierno, el derroche del dinero público sigue siendo una constante, que ha alcanzado cúspides de corrupción increíbles, como la del sexenio de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que ahora todo mundo señala y condena, pero que en su momento la mayoría de los medios y las instituciones no quisieron ver. Precisamente, la perdición de Duarte y algunos de sus compinches vino por el lado del mal uso de los recursos federales que le fueron transferidos durante el periodo que gobernó Veracruz. Dinero etiquetado que fue desviado para los fines que ya conocemos. Sin embargo, valdría la pena investigar el destino del dinero de