RÚBRICA

  Gráfico: Orfis Con año y medio de retraso –ya sabe, la eficiencia marca “4t”-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del Estado el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al primer año del actual gobierno estatal. La mera dilación de la entrega de este informe ya debería ser acreedora de algún tipo de responsabilidad o sanción para las autoridades fiscalizadoras, pues violaron los artículos 33 fracción XXX y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz al no proporcionar en los tiempos legales establecidos esta información. El primer numeral establece que entre las atribuciones del Congreso se encuentra “aprobar las Cuentas Públicas, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe del Resultado, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en términos de lo establecido por esta Constitución y la legislación aplicab

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Ante la evidencia de los estragos que nuevamente provoca la pandemia de covid-19 en México en cuanto a contagios, saturación hospitalaria y muertes –que aunque en menor volumen que en los picos del año pasado, no dejan de representar la pérdida de vidas humanas-, es inverosímil y francamente desesperante el nivel de negligencia de quienes llevan las riendas del país y de la entidad con monumental irresponsabilidad. Durante la última semana el número de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 se ha disparado sin control, alcanzando ya los niveles de los peores momentos de la pandemia del año pasado y desbordando ya no solamente al Sistema Público de Salud, sino también al privado, en una escalada contagiosa producto del relajamiento total de las restricciones y de las medidas de higiene, autocuidado y distanciamiento social que siguió al arranque del proceso de vacunación. Este martes, el número de contagios superó los 17 mil, lo cual no había su

  Fotografía: Gobierno de Veracruz En la anterior entrega de la Rúbrica se analizó el papel que ha jugado la Guardia Nacional desde su creación en 2019 y cómo a pesar de lo que se dijo en ese momento, en el sentido de que sería un órgano de seguridad de corte civil, siempre estuvo militarizado. Eso era tan evidente, que en el gobierno decidieron dejar de simular y asumir la condición castrense de este cuerpo destinado –en el papel, al menos- a las tareas de seguridad pública. Aunque como pudimos revisar, sus labores más trascendentes han sido las de la contención de los flujos migratorios que llegan desde Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos. Lo que sí es un hecho es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha dado un poder político y económico a las fuerzas armadas como no lo habían tenido desde la creación del “abuelo” de Morena, el Partido Nacional Revolucionario, que en sus orígenes contó incluso con un sector militar, además de que todos los presidente

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Entre los anuncios, advertencias y dislates en los que se movió la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por el estado de Veracruz, destaca lo que tiene que ver con el reforzamiento de la Guardia Nacional. Durante la inauguración de un cuartel en Xalapa, López Obrador anunció que su gobierno destinará 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, al tiempo que refrendó su apoyo al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Completamente en sentido contrario de lo que durante años defendió. Incluso, subrayó la adscripción militar de ese cuerpo de seguridad -que cuando fue creado, el gobierno juraba que sería una corporación civil- al anunciar una nueva reforma constitucional para que dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Que esta institución se mantenga con apego a principios e ideales, que sea incorruptible y que se pueda proyectar a través de los año

  Fotografía: redes sociales La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia. El gobierno lopezobradorista y Morena, el nuevo partido oficial, engañan a la población al promover que en la consulta se preguntará si se está o no de acuerdo con llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Lo saben perfectamente y aun así obligaron a las instituciones del Estado Mexicano a organizar una pantomima grotesca. La pregunta que aparecerá en la boleta de la consulta del 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las

Fotografía: José Luis Aguilar/ Fotover   Es verdaderamente patológica la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por exponer la salud y la vida de los mexicanos con tal de demostrar que aquí se hace su voluntad. Es inentendible que, en medio de lo que se ha dado en calificar como la “tercera ola” de contagios de covid-19 en México, se empecine -en arrebatos de necedad cuasi senil- a que se retorne a las clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar, que arranca en la segunda quincena de agosto. En las últimas 48 horas, la Secretaría de Salud ha reportado prácticamente 25 mil nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente respecto de los dramáticos niveles que alcanzó en 2020, eso no quiere decir que no haya riesgo de muerte para quienes contraen el virus. En este mismo lapso, se registraron 463 defunciones en el país por la misma causa. Sin perder de vista que son números oficiales, que refl

  Gráfica: Juan Manuel Vázquez Barajas La integración de lo que será la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz mantiene en tensión a varios de los actores políticos que, debido a los resultados electorales tanto buenos como malos de sus respectivos partidos, así como a los criterios de paridad de género, están en riesgo de quedar fuera del Congreso local. El caso que más ha llamado la atención es el del actual coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, quien en la pasada elección se dedicó a operar políticamente para su partido, con los resultados que ya conocemos: el triunfo de la coalición Morena-PVEM-PT en 26 de los 30 distritos de la entidad. Pero es precisamente en función de esos resultados y de la manera en la cual Morena integró su lista de candidatos a diputados de representación proporcional –los plurinominales que quiere desaparecer el presidente de la República-, que Gómez Caza

  Fotografía: archivo Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las riendas del país. En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 56 activistas en México. Por esa razón, la ONG clasificó al país como unos de los más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con lo expresado por Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders. El tema obligadamente se presentó en el transcurso de la conferencia matutina de este mismo lunes del presidente López Obrador, quien para no variar arremetió en denuestos contra el rotativo, al que acusó de que muchas de sus notas

  Fotografía: archivo Muy pronto quedó expuesta la verdadera razón de la absurda decisión de desaparecer 29 juzgados del Poder Judicial estatal anunciada la semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) se encuentra en quiebra. La propia presidenta de este Poder, Isabel Inés Romero Cruz, admitió que enfrentan un déficit de 500 millones de pesos y que ésa es la principal razón por la que se les ocurrió la “fantástica solución” de desaparecer juzgados y con ello dejar de gastar en su mantenimiento y en los sueldos del personal. Total, ahí nomás se imparte justicia. ¿Qué podría pasar? Pero ante la dimensión del boquete financiero, han tenido que pedir a los magistrados del TSJEV que “voluntariamente” acepten reducirse el salario hasta en un 30 por ciento de aquí a que concluya el año porque, literalmente, no tienen ni para pagar la nómina de los trabajadores. Sin embargo, el problema no es tan sencillo de resolver como simplemente decidir afectar la

  Fotografía: archivo Realmente no hacía falta que lo dijera, pero al menos las palabras del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell -el tenebroso “doctor muerte”-, no dejan espacio para la duda: México entró a la “tercera ola” de contagios por covid-19. ¿Qué significa eso de la “tercera ola”? Pues que se registra en el país un tercer pico de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Los dos primeros fueron en 2020, en el momento más duro de la pandemia y tuvieron como consecuencia la muerte del grueso de las víctimas que ha dejado la emergencia sanitaria desde que fue decretada en marzo del año pasado. De acuerdo con las cifras aportadas por el funcionario –que ya sabemos que hay que tomar con reserva, por aquello de su tendencia a manipularlas-, se registró a nivel nacional un repunte de contagios de 22 por ciento durante la primera mitad del mes de junio, con lo cual no queda duda de la llegada de la temible “tercera ola”… salvo por el hecho de que desde hace

  Fotografía: Prensa PJEV Si la seguridad pública y la procuración de justicia en Veracruz están verdaderamente por los suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado en cuanto a sus bajos estándares, corrupción y distorsión de la labor de impartición de justicia. Convertido en un circo de varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) es fiel reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad que caracteriza a la neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las riendas del país y del estado en las manos y, como ha quedado más que claro en estos casi tres años, sin saber qué hacer con las mismas. El grotesco episodio que dio por resultado la destitución y posterior inhabilitación de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del TSJEV es solo una de las peripecias absurdas de quienes tienen, en el papel, la obligación de defender la ley ha

  Fotografía: redes sociales El teatro del terror en el que se ha convertido el estado de Veracruz ante la brutalidad sin control alguno con que actúan las fuerzas de seguridad, recuerda bastante la época en la que Javier Duarte y Arturo Bermúdez tenían en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública. Como entonces, este fin de semana se llegó nuevamente a un estado de tragedia, que en cualquier país medianamente civilizado ya le habrían costado por lo menos el cargo a los funcionarios involucrados. Pero como sabemos, en México y Veracruz lo que campea es la impunidad, que con la autoproclamada “cuarta transformación” luce con más fuerza. El viernes 2 de julio, policías estatales y elementos de la Fuerza Civil de Veracruz irrumpieron en la comunidad de Guadalupe La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, persiguiendo -según la versión oficial- a unos sujetos armados que los habrían agredido. Lo que siempre se dice en estos casos. Sin embargo, quienes terminaron pa

  Imagen: Istmo Alternativo Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación oficial en su erradicación. En ese momento, el programa “ Cero Tolerancia a   la Violencia contra las Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables. Dos años y medio después, todo aquello quedó en el olvido. Los derechos humanos le importan menos que un cacahuate al gobierno que encabeza formalmente Cuitláhuac Ga