RÚBRICA

  Imagen: Webcams México Sin poder salir del pasmo que les causó la movilización ciudadana de este domingo, para los líderes, voceros y palafreneros de la autoproclamada “cuarta transformación” no hubo otra salida que descalificar a los mexicanos y mexicanas que salieron a expresar libremente su descontento ante la intentona de imponer una regresión autoritaria y antidemocrática en el país. Instalados en la retórica de la negación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su coro de imitadores y aduladores –el gobernador de Veracruz incluido- mantuvieron este lunes las consignas con las que hicieron una feroz campaña de propaganda para intentar inhibir la participación en la marcha contra la reforma electoral que destaza al INE. De manera soez, insultaron a los ciudadanos y ciudadanas que invirtieron su domingo de descanso para defender la democracia en ejercicio de su libertad de expresión y su derecho a la manifestación. Las personas que marcharon en la Ciudad de México y ot

  Este miércoles, el Senado de la República ratificará lo que falta del llamado “Plan B” electoral promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cerrazón y el autoritarismo de un régimen que, irónicamente, no ve ni oye a quienes disienten –exactamente de la misma forma como los ignoraban y avasallaban en el “periodo neoliberal”- ha quedado de manifiesto con su negativa a dialogar siquiera con los sectores de la sociedad civil que se le oponen para, por lo menos, escuchar lo que tienen que decir. Esto, en un afán desbocado por debilitar a tal grado el sistema electoral del país que de ninguna manera se pueda evitar que se enquisten en el poder y con ello, dar marcha atrás a las luchas democráticas que, por estúpido que parezca, encabezaron muchos de quienes hoy aplauden su destrucción. Es por ello que les irrita tanto la marcha que para protestar por la embestida antidemocrática del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se celebrará en más de 80 ciudades

  Entre las excusas, los dislates y las tonterías con las que pretenden tomarle el pelo a los veracruzanos para sostener el discurso de la supuesta honestidad, al gobierno de Cuitláhuac García le cayó como bomba el nuevo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que evidencia el manejo desaseado de los recursos públicos en Veracruz. En los Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó que el gobierno de Veracruz tiene miles de millones de pesos por aclarar entre los recursos del gasto federalizado, el gasto federalizado programable y el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En el caso del gasto federalizado, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene irregularidades por un total de mil 438.8 millones de pesos, de acuerdo con el informe consolidado. Revisando un poco el detalle, solamente en el Programa de Atención a la Salud y Medi

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Mientras las autoridades veracruzanas buscaban desesperadamente convencer a la opinión pública que no son corruptas, aunque las evidencias les hayan estallado en la cara con el caso de Araly Rodríguez, dos casos de violencia volvieron a colocar en la palestra el problema más grande que el actual gobierno estatal ha sido totalmente incapaz de siquiera atender. El pasado viernes, se confirmó que Sara Hilda Olarte Cid, trabajadora jubilada del Seguro Social que se reportó como desaparecida el lunes de la semana pasada, fue encontrada debajo de un puente en la desviación de las congregaciones de El Tronconal y Chiltoyac de la capital veracruzana. Asesinada. Este nuevo feminicidio reforzó el lugar de la entidad veracruzana entre las más brutales para las mujeres en todo el país, donde gobierna un régimen que simula combatir la violencia en su contra, pero que no protege ni respeta a sus propias trabajadoras, las cuales sufren un constante acoso dentro de

  Atrapados in fraganti en lo que ya no quedan muchas dudas de que serían sendos actos de corrupción, en el gobierno de Cuitláhuac García optaron por aplicar una máxima: negar la fiesta aunque traigan el confeti en los calzones. Luego de que la supuesta supercontratista del gobierno de Veracruz Araly Rodríguez difundiera un presunto desmentido -plagado de contradicciones- sobre todo lo publicado en torno de las más que evidentes irregularidades en el otorgamiento de contratos por asignación directa por al menos 100 millones 902 mil pesos que le dio la actual administración, fue el propio Cuitláhuac García quien entró a continuar con el rosario de desatinos con el que pretenden engañar a la opinión pública. En conferencia de prensa en palacio de gobierno y sin un gramo de vergüenza, este jueves García Jiménez salió a desdecirse de lo declarado por él mismo hace unos pocos días. De ser “prestanombres” de alguna maquiavélica empresa que quería seguir haciendo negocios a costa del er

  Fotografía: Gobierno de Veracruz Lejos de aclararse, el caso de la “supercontratista” de los 100 (y más) millones de pesos del gobierno de Veracruz, Araly Rodríguez Vez, hunde más a la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Este lunes, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, prácticamente salió a deslindarse y a decir que las licitaciones –o la ausencia de las mismas-, así como la asignación de contratos, es responsabilidad de cada dependencia estatal. O dicho de otra manera, es su “bronca” y que cada quién explique lo que le toque. Pero no es tan simple como el funcionario quisiera que se perciba. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la encargada de llevar el registro de los proveedores del gobierno estatal y de verificar que cumplan con los requisitos que marca la ley para participar en concursos de obra y recibir contratos. Y “coincidentemente”, en el caso de Araly Rodríguez –la maestra que gana menos de diez mil pesos al mes y a

  El escándalo por el muy posible desvío de recursos del erario veracruzano a través de “fachadas” como la de Araly Rodríguez Vez está lejos de terminar e involucra a todo el régimen actual. Tras explotarle en las manos el caso y quedar exhibida una muy evidente triangulación para “ordeñar” recursos de por lo menos tres dependencias estatales durante este sexenio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez intentó evadir la responsabilidad de su administración asegurando que la burócrata Araly Rodríguez no es la dueña, sino solamente la “representante legal” de la empresa a la que le han asignado contratos por adjudicación directa por más de 100 millones de pesos. Cuitláhuac García miente. No hay ninguna empresa a la que Araly Rodríguez “represente”. Todos los contratos que le fueron entregados, sin competencia ni licitación alguna, fueron en calidad de persona física. No existe ningún registro de que una persona moral –una empresa, pues- haya ejecutado una sola de las operaciones q

  Aunque han intentado minimizarlo, el caso de la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz que recibió contratos de diferentes dependencias del gobierno estatal por más de 100 millones de pesos es una bomba que hizo volar la podredumbre de la corrupción en la administración de Cuitláhuac García Jiménez. El tema fue dado a conocer desde las comparecencias de los secretarios de despacho del año 2021 por el diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien en ese entonces cuestionó cómo era posible que una persona física cuya actividad comercial era la venta de bienes informáticos, muebles y mobiliario de oficina, fuera proveedora del DIF estatal, así como de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública, a las que les ha vendido uniformes, batas quirúrgicas, overoles, sillas de ruedas y aparatos para la audición desde 2020. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prácticamente hizo como que no se enteró e ignoró las denuncias, que han vuelto a salir a

  Fotografía: Comunicación Social de Presidencia El desencuentro entre los tres titulares de los poderes de la Unión de este domingo 5 de febrero va más allá de meros problemas de protocolo o de descortesías políticas. El trato dado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, relegados hasta el extremo del presídium, simplemente refleja lo que representa para el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la separación de poderes. Como él mismo asegura reiteradamente, su “pecho no es bodega”. Así que no le preocupa manifestar abiertamente el desagrado que le provoca que los otros dos poderes no estén encabezados por personas que pueda controlar o que le tengan tanto miedo que se dejen someter, como hasta hace poco sucedía. Los cuatro años que López Obrador y Arturo Zaldívar compartieron como titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial fue

  La desesperación con la que sus promotores y aplaudidores han buscado minimizar la anulación de la llamada “Ley Nahle”, jurando que la secretaria de Energía está “más fuerte que nunca” en su aspiración para ser gobernadora de Veracruz, demuestran exactamente lo contrario. Más allá del tema legal –Nahle nunca estuvo impedida debido a su residencia en Coatzacoalcos, más allá de los cargos que ha desempeñado en la Ciudad de México en los últimos años-, el golpe, como se mencionó en la entrega anterior de la Rúbrica, fue más de bien de índole política, pues el grupo que impulsa su candidatura quedó evidenciado como perpetrador de fraudes a la ley. Además, el tropiezo de la zacatecana sirvió para abrir por completo la carrera por la sucesión en la gubernatura de Veracruz, a la par de la que se librará por la Presidencia de la República. Hoy por hoy, en Morena solo hay dos contendientes reales para suceder a Cuitláhuac García Jiménez –cuyo sexenio ya está muerto, políticamente hablan