RÚBRICA

Fotografía: archivo Aprovechando el alboroto causado por iniciativas como la que buscaba ampliar las causales y temporalidad para practicar la interrupción de un embarazo no deseado en Veracruz, o la que creó los fideicomisos para la reestructuración de la deuda de la entidad, el régimen yunista se dio vuelo durante la sesión de la LXIV Legislatura del Estado del pasado 27 de julio. Varias iniciativas que favorecen los intereses políticos y financieros del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fueron aprobadas “fast track” en el Congreso local, con la complicidad de diputados de varias fracciones legislativas “opositoras”, incluido el propio PRI. Una de estas iniciativas fue la ampliación de la concesión del cobro del peaje en el libramiento de Plan del Río por 30 años más a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán SA de CV, propiedad de la acaudalada familia Ruiz Anitúa, muy conocida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y allegada no solamente al gobernador Migu

Fotografía: Proceso “Qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte  que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos” Carlos Fuentes Hace dos años, manos asesinas les arrebataron la vida a cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Entre las víctimas se encontraban la activista Nadia Dominique Vera Pérez y el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril. Ambos habían decidido abandonar el estado de Veracruz debido al hostigamiento que el gobierno del hoy preso Javier Duarte de Ochoa les infringió por causa de sus actividades. Nadia Vera era una reconocida activista que participaba en diferentes causas sociales, que ya una vez había sido agredida por la policía estatal durante una manifestación, y que expresaba muy agudas críticas hacia el gobierno de Duarte de Ochoa. Rubén Espinosa trabajaba en la agencia informativa AVC Noticias, así como corresponsal de Proceso y de Cuartoscuro en Veracruz. Varias imágenes que captó

Fotografía: Alberto Delgado Como si se lo merecieran, en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones de los diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, éstos aprobaron las modificaciones al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que puedan buscar la reelección a sus cargos a partir del próximo proceso electoral, en 2018. No es un albazo ni una medida ilegal. Es la adecuación de los ordenamientos legales locales a la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión, que permitirá la reelección en sus cargos no sólo de los legisladores federales y locales, sino de los ediles de todo el país. Se trata de una reforma largamente buscada por la clase política del país, a la que le urgía desaparecer el antiguo candado ideológico del “sufragio efectivo, no reelección” en el que basó su existencia el sistema político mexicano emanado de la Revolución Mexicana, que con el paso de los años se convirtió en un mero convencionalismo pa

Fotografía: archivo Como si Veracruz fuera un territorio en disputa dinástica de señores feudales, así los vástagos de los dos políticos que han marcado el destino de la entidad en los últimos años –para bien y sobre todo para mal-, se preparan para escribir su propio capítulo de la misma historia. El alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y el diputado federal plurinominal del Partido Verde y su dirigente de facto en el estado de Veracruz, Javier Herrera Borunda, están en plena campaña rumbo al 2018. Yunes Márquez claramente busca suceder a su padre en la gubernatura. Su promoción política personal empezó incluso antes de que Miguel Ángel Yunes Linares arribara formalmente al poder, cuando encabezó la muy mediática –pero en los hechos, nada efectiva- toma de palacio de gobierno por parte de presidentes municipales del PAN y el PRD para exigir, con toda la intransigencia posible, el pago de adeudos de participaciones federales que el gobierno estatal en

Imagen: Twitter de @YoconYunes De un plumazo, lo único bueno que hizo la LXIII Legislatura del Estado fue borrado por los integrantes de la LXIV, que se empeñan día a día en ganarse el lugar como la peor de la historia de Veracruz. Con 25 votos a favor, el Pleno del Congreso veracruzano aprobó modificar la Ley Estatal de Protección Animal para dejar fuera de las prohibiciones de la norma las peleas de gallos y la tauromaquia. La propuesta de modificación legal fue presentada por el diputado del Partido Acción Nacional Luis Daniel Olmos Barradas, un legislador con oscuros intereses detrás, que desde que inició la actual Legislatura enarboló la “defensa” de los galleros y que este martes obtuvo el aval de la mayoría conformada por el PAN y el PRD en el Congreso, y uno que otro despistado –si no es que bien “maiceado”- priista. La enmienda, aprobada en medio de la algarabía de criadores de gallos de pelea y toros de lidia que abarrotaron el salón de plenos, representa un clar

Fotografía: AVC Noticias Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ocupa su tiempo librando inútiles batallas políticas con Andrés Manuel López Obrador, colocándose la medalla de la sujeción a proceso penal de Javier Duarte de Ochoa o promoviendo a su hijo el alcalde de Boca del Río como su sucesor, Veracruz se hunde en una espiral de violencia incontrolable. De norte a sur, una estela de sangre y muerte cubre al estado y le arrebata la vida a personas inocentes. Sí, inocentes, pues a diferencia del gastado y engañoso discurso del “se matan entre delincuentes”, la realidad es que la violencia común, la que no tiene que ver con operativos contra narcotraficantes, ha despuntado de manera insufrible, sin que el gobierno estatal tenga una sola respuesta ya no digamos satisfactoria, sino siquiera convincente de que sabe qué hacer para contener un problema que se le salió de las manos hace mucho. En los últimos días, en Veracruz la muerte ha tenido permiso absoluto de part

Fotografía: El Universal Luego de una semana sometida a una intensa presión mediática, política y social, la Procuraduría General de la República presentó –ahora sí- argumentos jurídicos sólidos y suficientes para que el juez que lleva el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa decidiera vincularlo a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A diferencia de lo sucedido el lunes pasado, esta vez el equipo que envió la PGR para realizar la imputación formal contra Duarte durante su audiencia de vinculación a proceso logró acreditar datos de prueba de que el ex mandatario encabezó una “empresa criminal” desde el Gobierno del Estado de Veracruz, misma que operaba con una jerarquía y reglas de disciplina, tipología que sustenta la acusación por delincuencia organizada que mantendrá en prisión a Duarte al menos por los próximos seis meses. Se preguntará por qué tan poco tiempo. El juez de control Gerardo Moreno Garc

Fotografía: agencias Sin temor a exagerar, este fin de semana será crucial para el futuro de la política, de las instituciones y del sistema de justicia del país entero. La audiencia de vinculación a proceso del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa será definitoria no sólo de su suerte -pues el juez del caso decidirá si lo mantiene en prisión para que enfrente su proceso penal en reclusión, o si en cambio le concede la libertad debido a la falta de elementos para vincularlo con el delito de delincuencia organizada, único ilícito grave que se le imputa en la causa que se le sigue-, sino del derrotero de todo el entramado institucional que se ha creado en los últimos años para combatir los abusos cometidos desde el poder. Como se ha señalado aquí y en muchos otros espacios periodísticos, la actuación de los representantes de la Procuraduría General de la República durante la audiencia inicial ante el juez de Control que lleva el caso de Duarte de Ochoa, Gerardo Mor

La insensibilidad y nulo conocimiento de la dimensión de una verdadera política cultural que muestra el director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Enrique Márquez Almazán, tiene entrampado a este organismo como no se había visto antes. El neofuncionario ha permanecido impasible ante las solicitudes de que no se cancele el foro artístico que desde hace 28 años ha sido parte fundamental de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil que está por iniciar en unos días. Como un robot que no puede desprogramarse de una orden que le fue dictada a través de un comando y que no entiende más razón que la que ya trae preconcebida en su minúsculo chip. Por supuesto, esto le ha provocado una oleada de críticas de parte de la comunidad cultural, particularmente la de Xalapa, que ha comenzado a alzar la voz demandándole a su jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien se supone es un hombre bien preparado, reconsiderar la decisión de su torvo subalterno. Por ejemplo,

Fotografía: Xihua Entrada la noche de este lunes 17 de julio y hacia la mañana del martes 18, se fueron develando los detalles de la primera audiencia del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ante el juez de control que lleva su caso. Y de lo que nos enteramos fue, en pocas palabras, que uno de los ex mandatarios más corruptos de la historia de México tiene prácticamente un pie fuera de la cárcel. Y lo tiene porque, como sus propios abogados defensores lo advirtieron desde que se presentó ante un tribunal guatemalteco, las carpetas de investigación en las que la Procuraduría General de la República sustentó sus denuncias y la orden de aprehensión contra Javier Duarte son, literalmente, una auténtica basura. Al grado de que de los 438 millones de pesos que le imputaron inicialmente a Duarte como presunto monto destinado al lavado de dinero, sólo han podido acreditarle el desvío de 38.5 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Educación. Eso no es lo peor. La audi

Fotografía: CUARTOSCURO Finalmente, este lunes pisó suelo mexicano el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien fue extraditado por el gobierno de Guatemala para que enfrente los cargos que le imputa la justicia de nuestro país. Ahora vendrá la verdadera prueba de fuego para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en México, ya que si por cualquier razón, incluida un error procesal, Javier Duarte lograra obtener su libertad en un corto lapso, el ridículo sería monumental. Tanto como la burla a todos los mexicanos, y a los veracruzanos en particular. Hay motivos de sobra para guardar reservas sobre la suerte que le aguarda a Duarte de Ochoa. En primer término, de todos los delitos que se le achacan, solamente el de delincuencia organizada es considerado grave y, por tanto, merecedor de prisión preventiva de oficio, que ya le fue decretada, por dos años. La defensa de Duarte de Ochoa, encabezada por un despacho de abogados que entre otros casos, tambi

Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz Junto con el de la seguridad, el principal reto de la administración estatal que inició funciones hace poco más de siete meses en Veracruz es el de reactivar la economía y reordenar las finanzas públicas, hechas trizas por el derroche y el saqueo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, y como en el caso de la seguridad, tales premisas no se han cumplido. La economía del estado de Veracruz sigue hundida en un bache profundo. En varias ciudades es común observar un cada vez mayor número de negocios que cierran, de inmuebles que aparecen en renta sin que haya interesados en ocuparlos. No hay dinero circulando en el estado y ello ha contribuido especialmente al recrudecimiento de la incidencia de la delincuencia común, de los asaltos cada vez más violentos a casas-habitación, negocios particulares y a transeúntes. El círculo vicioso de la marginación que deriva en criminalidad. En ninguno de los temas, seguridad y econom

Fotografía: Policía Federal El trágico episodio en el tramo conocido como Paso Express Tlahuica, en la autopista México-Cuernavaca, donde se registró un hundimiento que generó un enorme agujero al que cayó un auto, cuyos tripulantes perdieron ahí la vida, es clara muestra de que la corrupción también mata. Y no hay otra manera de llamarlo. Sólo al existir actos de corrupción de por medio se puede explicar que una obra inaugurada hace apenas tres meses haya colapsado de la manera como sucedió con el Paso Express. Por lo que haya sido, acción u omisión, incapacidad o abierta intención de sacar ventaja económica con una obra mal hecha. Las consecuencias ahí están. Y pudieron ser peores. Se trata del cuento de nunca acabar en México, donde la corrupción va de la mano de la impunidad. En este caso, y como era previsible, la empresa constructora, Aldesa, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intentan eludir su responsabilidad, penal y política. Si ya hay un funcionario c

Fotografía: tomada del Twitter de Bingen Rementería En el Congreso del Estado de Veracruz siguen “deshojando la margarita” y exhibiéndose entre sí por los manejos nada claros del presupuesto público, mismo del que disponen a su antojo. La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Tanya Carola Viveros, reveló que los verdaderos ingresos de los integrantes de la LXIV Legislatura del Estado no son los que están publicados en su portal de supuesta transparencia, por 58 mil 123.38 pesos mensuales. Eso es sólo lo que reciben por concepto de dieta, su sueldo. Pero de acuerdo con la legisladora de Morena, las percepciones totales de cada uno de los 50 diputados locales superan los 240 mil pesos mensuales, pues además de la dieta, reciben 40 mil pesos como “bono para gestión”, otros 45 mil para “subsidio y comisiones”, así como cien mil pesos más como “bono extra” por fracción parlamentaria. Muy lejos están esas cifras de las reportadas en el portal de transparencia del Con