RÚBRICA

  El daño que el régimen encabezado –por lo menos, formalmente- por Claudia Sheinbaum Pardo le está haciendo al país es de proporciones incalculables. La deriva autoritaria en la que la presidenta de la República decidió sostenerse en el inicio de su sexenio no solo significa la demolición del Poder Judicial y en consecuencia instantánea, de la división de poderes. Es la destrucción del estado de Derecho, con todas las implicaciones que eso tiene para la convivencia social en una nación asolada por la violencia. Al negarse a acatar la suspensión que le ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación del bodrio de reforma judicial y entrar en un desacato abierto, la primera mujer presidenta opta por la vía del autoritarismo en lugar de la de las leyes. Porque en todo caso, cuenta con vías jurídicas para combatir la resolución si la considera arbitraria o que excede las atribuciones de la jueza de distrito de Coatzacoalcos que la emitió. En lugar de eso, Sheinba...

  Fotografías: archivo “¿Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional, tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Ésta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues. ¡Pues no faltaba más!”. Lo anterior fue pronunciado un 7 de junio de 1982, durante los “festejos” por el “Día de la Libertad de Prensa” por el entonces presidente José López Portillo para justificar el boicot publicitario que su gobierno había decretado unilateralmente en contra de la revista Proceso, dirigida por el periodista Julio Scherer García, quien seis años antes ya había sido víctima de un complot (de los de a de veras) orquestado por el anterior mandatario, Luis Echeverría Álvarez, para echarlo de la dirección del periódico Excélsior. Proceso se había convertido –al igual que Excélsior con Ech...

  Fotografía: archivo En el Congreso del Estado de Nuevo León, sus 42 integrantes están en peligro de ser destituidos y consignados ante un juez de distrito por incurrir en el delito de desacato. Esto, luego de haber ignorado hasta en ocho ocasiones la orden de un juez federal para ratificar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad a Ángel Mario García Guerra, lo que llevó a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León declarara fundado un incidente de inejecución de sentencia y solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la remoción de los 42 diputados locales.  En Veracruz no se está nada lejos de llegar a ese mismo escenario ante las evasivas y pretextos del Congreso local para reinstalar por los menos a dos magistrados –Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero- que fueron ilegalmente separados de sus puestos por la LXV Legislatura del Estado y que obtuvieron ya sendos amparos –a los cuales estar...