CENSURA “ELEGANTE”

 

La libertad de expresión en México atraviesa una etapa crítica ante el cerco institucional que combina censura previa, acoso judicial y una ominosa tendencia a criminalizar la crítica pública y periodística.

Los recientes y conocidos casos de acoso judicial a periodistas y ciudadanos que “incomodaron” con sus críticas a hombres y mujeres con poder político generaron mucho ruido mediático, críticas mordaces en redes y, en algunos pocos casos, un costo político real para los autoritarios, como la famosa pareja “Dato protegido”, a la que le salió más caro el caldo que las albóndigas. Pero no pasó de ahí.

La realidad es que esa clase política autoritaria y muy corrupta logró su cometido: censurar, silenciar e intimidar. Además de humillar públicamente a ciudadanos de este país. Sin que eso se volviera un verdadero escándalo a nivel internacional, como debió haber ocurrido. Y lo más grave, sin que la sociedad mexicana repudie de manera generalizada lo que en los hechos es la limitación de sus propios derechos.

Porque este precedente abre la puerta a que cualquier crítica, periodística o meramente ciudadana, pueda ser perseguida, judicializada bajo “argumentos” como el de la violencia política de género, usada como herramienta de censura con el ruin objetivo de diluir, de contener y de aplastar incluso la legítima fiscalización del poder.

La situación se agrava cuando el Poder Judicial interviene directamente para censurar contenidos antes de su publicación, como está sucediendo. En el estado de Campeche ya se prohíbe a periodistas publicar sobre la folklórica gobernadora y hasta se crearon figuras de “interventores” que “revisarán” la información de esos medios antes de que la difundan. Un acto digno de una dictadura bananera.

Esto, que no es más que censura previa, prohibida por el artículo 7mo constitucional, vulnera el principio de libertad de prensa y establece un peligroso precedente que comienza a multiplicarse en diferentes puntos del país, donde cada vez es más frecuente que jueces exijan a periodistas revelar sus fuentes, bajar contenidos o “pedir disculpas”.

El acoso judicial –que comenzó a hacerse visible en varios casos en contra de medios locales y reporteros en Veracruz, y que por lo visto va a continuar-, es parte de un patrón de intimidación institucional con una estrategia clara: agotar a los periodistas mediante litigios, presiones administrativas y multas que los revienten patrimonialmente. Aunque sin duda es menos grave que el asesinato de periodistas, es igual de corrosivo para la libertad de expresión, pues a lo que nos enfrentamos es a una censura “elegante”, estructural, “legalizada” por órganos del Estado mexicano que se supone deberían proteger el derecho a informar, no destruirlo ni conculcarlo.

A unos pocos días de su disolución como un organismo verdaderamente autónomo –lo que tarde que temprano lamentarán los micos babeantes que hoy la festinan-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió tres tesis jurisprudenciales que reivindican la libertad de expresión en columnas periodísticas. Las tesis 126/2025, 127/2025 y 128/2025 establecen criterios claros para proteger la opinión sobre asuntos de interés público, incluso cuando se basan en hechos controvertidos.

Entre los puntos más relevantes destacan la protección reforzada a las columnas periodísticas, reconociendo que, al ser espacios de opinión, gozan de una protección especial, siempre que se basen en hechos verificados con diligencia.

También se estableció la aplicación del estándar de “real malicia”, en el que para que una figura pública pueda demandar por daño moral, debe probar que la información es falsa y que fue publicada con conocimiento de su falsedad o con desprecio por la verdad.

Asimismo, estas tesis aclaran que las opiniones no pueden ser objeto de censura, incluso si resultan incómodas o críticas, siempre que no constituyan incitación al odio o violencia.

En otro contexto, estas tesis de la Corte serían suficientes para marcar un alto a la embestida autoritaria que desde el régimen gobernante se abalanza sobre medios, periodistas y ciudadanía. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre comienza de manera efectiva una era de justicia de consigna, por encargo, con ministros, magistrados y jueces de “acordeón” que estarán no para defender la Constitución, ni los derechos humanos, ni la libertad de expresión, ni la democracia, sino para proteger los intereses de quienes los llevaron a esos cargos para hacer eso exactamente.

La libertad de expresión no es un lujo ni una concesión del poder. Preservar el derecho a disentir, a expresar nuestros puntos vista libremente y a ejercer la crítica periodística será una lucha por la supervivencia de la esencia de nuestra propia humanidad.

Y quienes opten por arrastrarse, que se acostumbren a que los pisen.

 

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