RÚBRICA

  La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible. Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas. Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo ...

Aunque no generó mayor conversación pública en medio de la histeria mundialista la semana pasada que ocurrió, la negativa del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz a firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un hecho administrativo menor. Se trata de una decisión que coloca al estado en una zona gris de supervisión, justo cuando el país se prepara para un proceso electoral intermedio que pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un mínimo de transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de captura y control desde el régimen. El convenio, promovido desde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por su presidente, Javier Herrera Borunda, buscaba articular esfuerzos entre los órganos locales y la ASF para evitar duplicidades y fortalecer la revisión del gasto federalizado, al menos en los términos en que fue plant...

En vísperas del arranque formal del proceso electoral de 2027 en Veracruz, el escenario político se contamina con las mismas viejas prácticas tramposas, arteras y antidemocráticas de siempre. Las que institucionalizó el PRI, adoptó el PAN y Morena las convirtió en canon. El (mal) uso partidista de los programas sociales gubernamentales parece haberse convertido en la estrategia central del régimen morenista, que no solo instrumentaliza la necesidad de la población, sino que además normaliza la violación de la ley como si se tratara de un recurso legítimo para hacer política en el estado. La gobernadora Rocío Nahle García ha intentado en algunas declaraciones públicas deslindarse o al menos marcar distancia con la partidización de los apoyos oficiales. Sin embargo, la realidad contradice de inmediato sus palabras. Para muestra, su “favorito”, el alcalde de Coatzacoalcos Pedro Miguel Rosaldo, fue captado como si nada entregando enseres y bienes adquiridos con recursos públicos mientr...

  Las últimas dos semanas han marcado una nueva escalada violenta contra los periodistas y la libertad de expresión y de prensa en Veracruz, acrecentando las cifras de agresiones en el que sigue siendo uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el país. El secuestro y asesinato de periodistas ocurridos en Nanchital y Poza Rica en el transcurso de estos 15 días son parte de una larga cadena de violencia que nadie, ninguna autoridad, de cualquier partido, ha querido ya no digamos contener, sino siquiera atender desde hace ya demasiado tiempo. El plagio y desaparición de Roxana Guzmán en el sur de la entidad expuso la fragilidad hasta de estar en tu propia casa, de donde cualquiera puede ir a sacarte a punta de pistola. El asesinato de Luis Ángel López Valdez, acribillado en el norte del estado con 18 balazos la semana pasada, pese a contar con un supuesto acompañamiento y medidas de protección, evidenció que los protocolos no funcionan. Ni las instituci...

  Las celebraciones del “día de la libertad de expresión” cada 7 de junio siempre han sido una fantochada, una simulación en la que desde su origen, los dueños de los medios le “agradecían” al presidente —o al gobernador— en turno la “graciosa concesión” de, irónicamente, ejercer una libertad de expresión de la que, en realidad, no gozaban. Por décadas fue ese el espacio para “premiar” al periodismo dócil con el poder, el que no publicaba sobre la corrupción gubernamental y que se regodeaba en la cercanía —aunque fuera solo en el lapso que dura comerse unos huevos con frijoles— con los gobernantes. Continuar “celebrando” esa fecha no solo es anacrónico. Es burdo. Exaltar la libertad de expresión mientras se comparte mesa con el actor público que debiese ser el blanco del escrutinio periodístico a su desempeño y que además, te va a entregar un “reconocimiento”, es un contrasentido. Por esa razón, la conmemoración se trasladó al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa p...

  Como si aún estuviera gobernando (¿o será que nunca ha dejado de hacerlo?), Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer girar la escena política mexicana en torno suyo, luego de que el expresidente reapareció por enésima ocasión con una carta pública en la que denunció una supuesta “embestida” de Estados Unidos contra Morena y sus dirigentes, a raíz de las investigaciones y acusaciones que vinculan a políticos morenistas con el narcotráfico. El gesto no es menor. En un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones por los señalamientos de Washington y ante la negativa de entregar a la justicia a los políticos morenistas involucrados en las denuncias, López Obrador decidió colocarse al frente, reafirmando que sigue siendo el verdadero conductor de su movimiento y al mismo tiempo, contraviniendo una de las principales reglas no escritas de la política mexicana: los expresidentes no le hacen sombra al gobernante en turno. La misiva repite las...