RÚBRICA

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver un medio de comunicación porque no le gusta la línea editorial hacia su administración va más allá de un simple desplante o un dislate verbal. Forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia el periodismo crítico que se anuncia con total naturalidad. E impunidad. La gravedad de este exabrupto de la presidenta -que debiera serlo de todos los ciudadanos de este país y no solo de sus simpatizantes- no radica únicamente en la animadversión hacia un medio específico, que en este caso es TV Azteca pero que pudiese ser cualquier otro, sino en el mensaje que pasó de lo implícito a lo muy explícito: el poder pretende arrogarse la facultad de decidir qué voces son legítimas y cuáles deben ser silenciadas. Personalmente no veo TV Azteca. Desde hace varios años dejaron de atraerme sus contenidos y no comparto el sesgo con el que en general llevan a cabo la función informativa, que antes del pleito por el cobro de impuestos era basta...

  Tras la entrega y detención en Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el régimen morenista quedó contra las cuerdas, exhibido por lo menos como protector de delincuentes y debilitado a tal grado en su credibilidad, que se ha visto obligado a intentar “pintar su raya” con personajes a los que antes recibió jubiloso en su regazo. La presidenta Claudia Sheinbaum, forzada por la evidencia y la circunstancia que la acorrala, desarmado su discurso de supuesta superioridad moral, lanzó este fin de semana una advertencia que suena más bien a una suerte de confesión: “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”. Pero la frase, pronunciada en un mitin en Yucatán, lejos de servir como prueba de congruencia política o de blindaje para el régimen, en realidad lo delata. Se trata de un reconocimiento de facto de que durante años se permitió –y se sigue permitiendo- que ...

  La revelación de que en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa, y ahora también en el Hospital “General Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla se almacenaron y dejaron caducar medicamentos, algunos con vencimientos desde 2022, confirma el desastre por el que atraviesa el sistema de salud en el estado de Veracruz, aderezado con la irresponsabilidad criminal de quienes están al frente y toman decisiones desde el más alto nivel. No es un tema menor. Se trata de un crimen ominoso contra la salud de miles de personas que dependen de la atención en el sistema público de salud para sobrevivir. Esos medicamentos, sin exagerar, representan la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas o infecciones graves. Que se haya permitido que caducaran en hospitales públicos es muestra de una negligencia abominable. Peor todavía, en medio de un escenario de desabasto generalizado como el q...

  La crisis de derechos humanos y violencia criminal que pervive en México, junto con el asedio a los medios de comunicación para que no se hable de eso, se ha convertido en una tragedia estructural. Este lunes 11 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que reitera y confirma lo que miles de familias llevan años gritando en las calles: la desaparición de personas es, si no una política de Estado en sentido formal, sí una práctica sostenida por la impunidad y la colusión de autoridades con el crimen organizado. Paralelamente, con unos días de diferencia, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión, Article 19, confirmó que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, con agresiones sistemáticas, censura y vigilancia. El informe de la CIDH es contundente y se refrenda con cifras que coinciden de manera inequívoca: México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas hasta mediados d...

La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado. Rocha Moya no es un gobernador cualquiera. Está vinculado directam...

  El caso Rocha Moya es ya el principal síntoma de una descomposición que se extiende desde los gobiernos estatales hasta el corazón mismo del proyecto político que hoy ocupa la Presidencia. Los nexos con el crimen organizado, cada vez más documentados y menos disimulados, alcanzan incluso al rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, símbolo del poder personalísimo de Andrés Manuel López Obrador. Allí convergen las sospechas de complicidad, las rutas del dinero y las lealtades que atan a la presidenta Claudia Sheinbaum a un legado del que difícilmente podrá —o querrá— deshacerse. La solicitud de extradición a Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, marca un quiebre irreversible en la narrativa oficial de un régimen que insiste en negar lo que es inocultable: la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político en México. Antes y ahora. La respuesta de la presidenta Claud...