RÚBRICA

  La revelación de que en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa, y ahora también en el Hospital “General Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla se almacenaron y dejaron caducar medicamentos, algunos con vencimientos desde 2022, confirma el desastre por el que atraviesa el sistema de salud en el estado de Veracruz, aderezado con la irresponsabilidad criminal de quienes están al frente y toman decisiones desde el más alto nivel. No es un tema menor. Se trata de un crimen ominoso contra la salud de miles de personas que dependen de la atención en el sistema público de salud para sobrevivir. Esos medicamentos, sin exagerar, representan la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas o infecciones graves. Que se haya permitido que caducaran en hospitales públicos es muestra de una negligencia abominable. Peor todavía, en medio de un escenario de desabasto generalizado como el q...

  La crisis de derechos humanos y violencia criminal que pervive en México, junto con el asedio a los medios de comunicación para que no se hable de eso, se ha convertido en una tragedia estructural. Este lunes 11 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que reitera y confirma lo que miles de familias llevan años gritando en las calles: la desaparición de personas es, si no una política de Estado en sentido formal, sí una práctica sostenida por la impunidad y la colusión de autoridades con el crimen organizado. Paralelamente, con unos días de diferencia, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión, Article 19, confirmó que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, con agresiones sistemáticas, censura y vigilancia. El informe de la CIDH es contundente y se refrenda con cifras que coinciden de manera inequívoca: México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas hasta mediados d...

La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado. Rocha Moya no es un gobernador cualquiera. Está vinculado directam...

  El caso Rocha Moya es ya el principal síntoma de una descomposición que se extiende desde los gobiernos estatales hasta el corazón mismo del proyecto político que hoy ocupa la Presidencia. Los nexos con el crimen organizado, cada vez más documentados y menos disimulados, alcanzan incluso al rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, símbolo del poder personalísimo de Andrés Manuel López Obrador. Allí convergen las sospechas de complicidad, las rutas del dinero y las lealtades que atan a la presidenta Claudia Sheinbaum a un legado del que difícilmente podrá —o querrá— deshacerse. La solicitud de extradición a Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, marca un quiebre irreversible en la narrativa oficial de un régimen que insiste en negar lo que es inocultable: la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político en México. Antes y ahora. La respuesta de la presidenta Claud...

  La degradación de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) bajo el gobierno de Rocío Nahle es un ejemplo más de cómo los medios públicos en México han sido despojados de su esencia durante los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” para convertirlos en caricaturescos instrumentos de propaganda política. La emisora que alguna vez fue concebida como un espacio de identidad cultural y de servicio público, y que es a la ciudadanía a la que debería servir y no a un partido, pues se financia con dinero de los contribuyentes, hoy languidece como un altavoz servil de los gobiernos de Morena y una maquinaria de golpeteo contra voces críticas. RTV –TV Más, como se llamó en su origen- nació con la misión de difundir la riqueza cultural del estado, dar voz a las comunidades, promover la música, la literatura y las tradiciones. Por supuesto, y sería deshonesto no reconocerlo, nunca fue un medio crítico de los regímenes en funciones –de los que forma parte orgánica- y sí, en mayor...

  La sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 22 de abril fue, en los hechos, el acto simbólico que selló la caída de la autonomía del árbitro electoral mexicano y la consumación de un proceso de captura institucional que se venía gestando en los últimos años. Con la toma de protesta de tres consejeros del INE afines al régimen, para hacer un total de ocho pro-gobierno, se cerró un ciclo histórico: el de la transición democrática iniciada en la década de los 90 del siglo pasado, para dar paso a una regresión autoritaria que recuerda, con tintes aún más burdos, al más viejo priismo. El caso más escandaloso entre las nuevas designaciones operadas sin el mínimo escrúpulo y con un exceso de descaro es el de Arturo Chávez López, hasta hace unos días director de Talleres Gráficos de México, o sea, empleado del gobierno federal. Su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum es algo que ni siquiera se molesta en intentar ocultar. Ahí andan circulando vi...