RÚBRICA

  La censura que avanza en México no necesita presentarse con la forma de una prohibición expresa, de un medio clausurado o de un periodista encarcelado. Ahora puede disfrazarse de protección de derechos, de regulación administrativa, de combate a la violencia política o de defensa de la propiedad intelectual. El resultado que se persigue es el mismo: inhibir la crítica, intimidar a quienes ejercen el periodismo y conseguir que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de cuestionar a quienes tienen el poder. Lo preocupante, junto con la proliferación de iniciativas legales que abren espacios para restringir la libertad de expresión, es la creciente naturalidad con la que políticos, legisladores y autoridades recurren a los instrumentos del Estado para intentar poner límites al escrutinio público y a la crítica, periodística o social, como si ocupar un cargo de elección popular les otorgara el derecho de decidir qué puede decirse sobre ellos. En agosto pasado, la Comisión ...

  Durante la campaña por la gubernatura de Veracruz, José Luis Peña Peña no tuvo demasiado cuidado en ocultar el papel que pretendía desempeñar si su esposa, Rocío Nahle García, ganaba las elecciones. En febrero de 2024 se presentó ante ganaderos de Sayula de Alemán y prácticamente anunció su incorporación de facto al futuro gobierno: “acuérdense, mi nombre es José Luis Peña Peña”. Prometió apoyarlos, aseguró que estaría en el área ganadera y hasta ofreció acompañarlos a Palacio de Gobierno para resolver sus problemas. Todo ello cuando Nahle todavía era candidata y él, evidentemente, no contendía por cargo alguno mediante el voto. Dos años y medio después, aquella escena resulta mucho menos anecdótica. Peña Peña no ocupa formalmente puesto alguno dentro de la administración pública estatal. No aparece como funcionario. No cobra —pero se cobra, dicen— un peso del erario. Y ahí está. En febrero de 2025, Rocío Nahle reconoció públicamente que le había pedido a su marido que la “...

En general, desde que se institucionalizó hace poco más de dos décadas la fiscalización de los recursos públicos a través de organismos oficiales especializados y formalmente “autónomos”, nunca ha funcionado para castigar los excesos y corruptelas de autoridades y servidores públicos. Si acaso, ha sido un instrumento de coerción, principalmente contra alcaldes. Cada año se anuncia cuánto dinero del dispuesto por los diferentes organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno presenta irregularidades, se distribuyen responsabilidades preliminares y después comienza un largo recorrido administrativo en el que buena parte de los casos termina diluyéndose. Las propias cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) acumulaba este año 361 denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De estas, apenas diez habían llegado ante un juez. Otras 72 habían terminado con determinaciones de no ejerci...

  Tras varias semanas en las que médicos, enfermeras, residentes y trabajadores de hospitales públicos de Veracruz denunciaron una emergencia por falta de medicamentos, material de curación, insumos para cirugías, personal y condiciones para atender a los pacientes, y que sus reclamos llegaran incluso hasta la conferencia presidencial, la gobernadora Rocío Nahle decidió salir a territorio –como les encanta presumir- para atender de manera directa el problema que, inicialmente, se negó a reconocer. El fin de semana pasado y a inicios de la presente, la mandataria recorrió hospitales de Perote, Altotonga, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y unidades de otras regiones. De hecho, anunció que revisaría los 61 hospitales públicos de la entidad para verificar la existencia de medicinas, material de curación, equipo e infraestructura. Sin embargo, lo que se presentó públicamente fue una especie de realidad alterna. En las imágenes difundidas durante los recorridos de la gobernadora apar...

  La crisis de desabasto de medicamentos e insumos que estalló en las últimas semanas en los hospitales públicos del estado, en especial en Xalapa, Río Blanco y el puerto de Veracruz, tiene una dimensión que ningún discurso oficial puede maquillar: el de una afectación directa y real que pone en riesgo la vida de miles de personas. Uno de sus saldos, denunciado por el personal médico, es el de más de mil cirugías retrasadas tan solo en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, donde la actividad quirúrgica llegó a reducirse hasta en 80 por ciento por falta de medicamentos, material de curación e insumos tan elementales como papel higiénico y agua. Más de mil personas que llegaron a un hospital porque necesitan una intervención tuvieron que esperar, aplazando su recuperación o viendo agravarse sus padecimientos, mientras sus familias gastan lo que no tienen en medicinas y materiales que debería proporcionarles el Estado, sufriendo la angustia de la incertidumb...

  Mientras artistas, escritores, músicos, actores, bailarines, promotores y gestores culturales veracruzanos tienen que peregrinar por las oficinas públicas para obtener apoyos mínimos, aceptar honorarios castigados o incluso poner dinero de su bolsillo para sacar a flote un proyecto, el gobierno de Rocío Nahle ha demostrado que puede ser bastante más generoso cuando se trata de contratar personajes mediáticos que, además, mantienen una evidente cercanía discursiva con el régimen. Las cifras para dimensionar esa generosidad están, todavía, a la vista. A principios de año, la Secretaría de Cultura de Veracruz pagó 229 mil 500 pesos netos a la alguna vez destacada dramaturga Sabina Berman por la conferencia “Mujer y Poder” en Xalapa, y por la presentación de un libro ¡suyo! en Boca del Río los días 19 y 20 de febrero. Hace poco más de un mes, para el Festival del Mar celebrado en Coatzacoalcos, la misma Secretaría contrató conjuntamente a los influencers pro-cuatroté Diego Ruzzar...