RÚBRICA

  Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo sintetizó en una frase una de las formas más autoritarias, patrimonialistas y perversas de entender la relación entre el poder público y la prensa: “no pago para que me peguen”, en relación con su pleito con el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer, al que le retiró toda la publicidad oficial en represalia por su línea crítica. Pero “Jolopo” no hablaba de su dinero, pues no sacaba un peso de su cartera. Hablaba del presupuesto público como si fuera suyo y, desde esa concepción patrimonial del poder, decidió que quien criticara al presidente no merecía recibir publicidad del gobierno. Cuatro décadas después, la autodenominada “cuarta transformación”, que prometió desterrar las prácticas del viejo régimen –con el que se mimetiza a cada segundo-, parece haber encontrado la manera de reciclarlas bajo un nuevo discurso. Claudia Sheinbaum lo dejó ver con una claridad extraordinaria cuando, durante una reciente ...

  El debate sobre la libertad de expresión que se ha abierto luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tiene un nodo central, y que no son propiamente los derechos de las audiencias, sino la pretensión de controlar desde el Estado, de manera discrecional, lo que se dice, publica y transmite en los medios de comunicación, en este caso los electrónicos tradicionales, pero que también alcanzaría, dicho por la propia presidenta, a la prensa escrita y a los medios digitales. El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha buscado por todos los cauces posibles apoderarse de la narrativa pública e imponer una sola visión de la realidad desde hace casi ocho años. Para ello, construyó un poderoso –el más avasallante de la historia- aparato de propaganda vía las redes sociales y, sobre todo, la conferencia “mañanera”, donde el anterior y la actual titular del Ejecutivo no solo han difun...

  Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa fue el eje de una narrativa política que terminó por transformar el poder en México. Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder. No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma” de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte. Pero...

  La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible. Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas. Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo ...

Aunque no generó mayor conversación pública en medio de la histeria mundialista la semana pasada que ocurrió, la negativa del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz a firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un hecho administrativo menor. Se trata de una decisión que coloca al estado en una zona gris de supervisión, justo cuando el país se prepara para un proceso electoral intermedio que pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un mínimo de transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de captura y control desde el régimen. El convenio, promovido desde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por su presidente, Javier Herrera Borunda, buscaba articular esfuerzos entre los órganos locales y la ASF para evitar duplicidades y fortalecer la revisión del gasto federalizado, al menos en los términos en que fue plant...

En vísperas del arranque formal del proceso electoral de 2027 en Veracruz, el escenario político se contamina con las mismas viejas prácticas tramposas, arteras y antidemocráticas de siempre. Las que institucionalizó el PRI, adoptó el PAN y Morena las convirtió en canon. El (mal) uso partidista de los programas sociales gubernamentales parece haberse convertido en la estrategia central del régimen morenista, que no solo instrumentaliza la necesidad de la población, sino que además normaliza la violación de la ley como si se tratara de un recurso legítimo para hacer política en el estado. La gobernadora Rocío Nahle García ha intentado en algunas declaraciones públicas deslindarse o al menos marcar distancia con la partidización de los apoyos oficiales. Sin embargo, la realidad contradice de inmediato sus palabras. Para muestra, su “favorito”, el alcalde de Coatzacoalcos Pedro Miguel Rosaldo, fue captado como si nada entregando enseres y bienes adquiridos con recursos públicos mientr...