RÚBRICA

La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado. Rocha Moya no es un gobernador cualquiera. Está vinculado directam...

  El caso Rocha Moya es ya el principal síntoma de una descomposición que se extiende desde los gobiernos estatales hasta el corazón mismo del proyecto político que hoy ocupa la Presidencia. Los nexos con el crimen organizado, cada vez más documentados y menos disimulados, alcanzan incluso al rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, símbolo del poder personalísimo de Andrés Manuel López Obrador. Allí convergen las sospechas de complicidad, las rutas del dinero y las lealtades que atan a la presidenta Claudia Sheinbaum a un legado del que difícilmente podrá —o querrá— deshacerse. La solicitud de extradición a Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, marca un quiebre irreversible en la narrativa oficial de un régimen que insiste en negar lo que es inocultable: la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político en México. Antes y ahora. La respuesta de la presidenta Claud...

  La degradación de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) bajo el gobierno de Rocío Nahle es un ejemplo más de cómo los medios públicos en México han sido despojados de su esencia durante los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” para convertirlos en caricaturescos instrumentos de propaganda política. La emisora que alguna vez fue concebida como un espacio de identidad cultural y de servicio público, y que es a la ciudadanía a la que debería servir y no a un partido, pues se financia con dinero de los contribuyentes, hoy languidece como un altavoz servil de los gobiernos de Morena y una maquinaria de golpeteo contra voces críticas. RTV –TV Más, como se llamó en su origen- nació con la misión de difundir la riqueza cultural del estado, dar voz a las comunidades, promover la música, la literatura y las tradiciones. Por supuesto, y sería deshonesto no reconocerlo, nunca fue un medio crítico de los regímenes en funciones –de los que forma parte orgánica- y sí, en mayor...

  La sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 22 de abril fue, en los hechos, el acto simbólico que selló la caída de la autonomía del árbitro electoral mexicano y la consumación de un proceso de captura institucional que se venía gestando en los últimos años. Con la toma de protesta de tres consejeros del INE afines al régimen, para hacer un total de ocho pro-gobierno, se cerró un ciclo histórico: el de la transición democrática iniciada en la década de los 90 del siglo pasado, para dar paso a una regresión autoritaria que recuerda, con tintes aún más burdos, al más viejo priismo. El caso más escandaloso entre las nuevas designaciones operadas sin el mínimo escrúpulo y con un exceso de descaro es el de Arturo Chávez López, hasta hace unos días director de Talleres Gráficos de México, o sea, empleado del gobierno federal. Su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum es algo que ni siquiera se molesta en intentar ocultar. Ahí andan circulando vi...

  En política, pocos conceptos resultan tan útiles para quienes buscan desviar la atención y evadir sus propias responsabilidades como el de ser víctimas de una “campaña”. Es un término que, precisamente, permite victimizarse, señalar enemigos invisibles y, sobre todo, evitar responder por hechos concretos. Como lo ha hecho sistemáticamente durante casi un año y medio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al descalificar cualquier crítica, cualquier señalamiento sobre las pifias de su administración o los horrores de su paso por la Secretaría de Energía. Esta vez le tocó a los expertos y ambientalistas que documentaron el origen del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México como responsabilidad directa de Pemex desde el mes de febrero que ocurrió, como acaba de reconocer el mismo gobierno federal. Según ella, todo se trata de una “campaña” de la “derecha” –una de las entelequias favoritas de la “4t”- contra la empresa estatal. Pero la realidad es más concreta y...

¿Qué tan grave será lo que encontraron, de qué nivel serán las responsabilidades implícitas, que el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque de manera criminalmente tardía, dos meses y medio después, tuvo que reconocer que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó en un oleoducto de Pemex desde principios de febrero? ¿Exactamente como desde el inicio lo denunciaron las organizaciones ambientalistas a las que intentaron desacreditar? La responsabilidad del derrame, como todo apuntaba, siempre fue de la empresa estatal. Lo que se reveló este jueves durante la conferencia del llamado “Grupo Interinstitucional”, integrado por varias secretarías de Estado, ahora no es solo la evidencia de un desastre ecológico, sino un escándalo político que exhibe la simulación, la opacidad y la mentira como prácticas recurrentes en el manejo de crisis públicas de los gobiernos de este régimen. Durante semanas, la presidenta Sheinbaum sostuvo que los residuos de hidrocarburo que envenen...