RÚBRICA

  Desde que asumió el cargo como titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel ha desplegado una inusual actividad relacionada con Veracruz, su estado natal, al que parece haber descubierto de pronto como una plataforma de promoción personal y política. Su conducta llama la atención porque la ASF no es una dependencia de relaciones públicas. El auditor superior tiene una función eminentemente técnica. Su responsabilidad es revisar el ejercicio de los recursos públicos federales, identificar irregularidades y promover las acciones correspondientes. No hacer recorridos de posicionamiento ni construir una narrativa de arraigo territorial. Sin embargo, los movimientos de Hernández Palacios comienzan a parecerse cada vez más a los de alguien que tiene aspiraciones distintas de las que corresponden a su encargo institucional. Hace unas semanas estuvo en Xalapa para participar en un evento de la Universidad Veracruzana. Hasta ahí, nada extraord...

  La destrucción de las instituciones democráticas en México llegó a su punto culminante con el golpe mortal asestado al Instituto Nacional Electoral. El obradorato se propuso desde su ascenso al poder desmantelar todo indicio de contrapeso democrático y siempre tuvo en la mira al INE, al que decidió invadir y someter desde dentro para hacerlo implosionar. El escándalo que terminó por sacar de la presidencia del organismo a Guadalupe Taddei Zavala no es sino otro de los clavos que están terminando de cerrar su ataúd. Lo que ha quedado al descubierto no es solamente una trama de contratos millonarios, relaciones personales comprometedoras y presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias. Es la podredumbre de una institución que fue colonizada por el régimen hasta convertirla en una caricatura de aquel organismo autónomo que alguna vez representó la posibilidad de elecciones auténticamente libres y competidas en México. Taddei no llegó por casualidad a la presidencia ...

  Otro de los principales “logros” de la llamada “cuatroté” de los últimos ocho años es que las campañas electorales ya no comienzan cuando lo establece la ley, sino cuando se les da la gana a los políticos. La simulación se ha convertido en la regla. Morena encontró una fórmula tan burda como efectiva para adelantar sus procesos de selección de candidatos, promover personajes, movilizar estructuras y posicionar aspirantes sin reconocer formalmente que está haciendo campaña: las llamadas “coordinaciones de defensa de la transformación”. El nombre es, en realidad, lo de menos. Podrían llamarlas “coordinaciones de la esperanza”, “brigadas de la revolución obradorista” o con cualquier otra denominación cursi y grandilocuente. El propósito político sería exactamente el mismo: colocar anticipadamente en la competencia electoral a quienes buscarán cargos públicos, darles exposición, construirles estructuras territoriales y generarles ventajas frente a sus eventuales adversarios. To...

  La censura que avanza en México no necesita presentarse con la forma de una prohibición expresa, de un medio clausurado o de un periodista encarcelado. Ahora puede disfrazarse de protección de derechos, de regulación administrativa, de combate a la violencia política o de defensa de la propiedad intelectual. El resultado que se persigue es el mismo: inhibir la crítica, intimidar a quienes ejercen el periodismo y conseguir que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de cuestionar a quienes tienen el poder. Lo preocupante, junto con la proliferación de iniciativas legales que abren espacios para restringir la libertad de expresión, es la creciente naturalidad con la que políticos, legisladores y autoridades recurren a los instrumentos del Estado para intentar poner límites al escrutinio público y a la crítica, periodística o social, como si ocupar un cargo de elección popular les otorgara el derecho de decidir qué puede decirse sobre ellos. En agosto pasado, la Comisión ...

  Durante la campaña por la gubernatura de Veracruz, José Luis Peña Peña no tuvo demasiado cuidado en ocultar el papel que pretendía desempeñar si su esposa, Rocío Nahle García, ganaba las elecciones. En febrero de 2024 se presentó ante ganaderos de Sayula de Alemán y prácticamente anunció su incorporación de facto al futuro gobierno: “acuérdense, mi nombre es José Luis Peña Peña”. Prometió apoyarlos, aseguró que estaría en el área ganadera y hasta ofreció acompañarlos a Palacio de Gobierno para resolver sus problemas. Todo ello cuando Nahle todavía era candidata y él, evidentemente, no contendía por cargo alguno mediante el voto. Dos años y medio después, aquella escena resulta mucho menos anecdótica. Peña Peña no ocupa formalmente puesto alguno dentro de la administración pública estatal. No aparece como funcionario. No cobra —pero se cobra, dicen— un peso del erario. Y ahí está. En febrero de 2025, Rocío Nahle reconoció públicamente que le había pedido a su marido que la “...

En general, desde que se institucionalizó hace poco más de dos décadas la fiscalización de los recursos públicos a través de organismos oficiales especializados y formalmente “autónomos”, nunca ha funcionado para castigar los excesos y corruptelas de autoridades y servidores públicos. Si acaso, ha sido un instrumento de coerción, principalmente contra alcaldes. Cada año se anuncia cuánto dinero del dispuesto por los diferentes organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno presenta irregularidades, se distribuyen responsabilidades preliminares y después comienza un largo recorrido administrativo en el que buena parte de los casos termina diluyéndose. Las propias cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) acumulaba este año 361 denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De estas, apenas diez habían llegado ante un juez. Otras 72 habían terminado con determinaciones de no ejerci...