AUTOCRACIA EN MARCHA
La serie de reformas que, como ya es
costumbre, el oficialismo aprobó sin leer –o con la ayuda de ChatGPT, como
cándida o cínicamente admitió una diputada de Morena, seguramente elegida vía tómbola-
en el Congreso de la Unión, colocan al país en una espiral de retroceso que,
además, marca la instauración de una autocracia en toda la línea.
Las recientes reformas en materia de
telecomunicaciones, lavado de dinero, población y Guardia Nacional dotan al
Estado de una serie de instrumentos para ejercer el control total sobre la
población. Y en especial, sobre quienes disientan, critiquen o se opongan a los
designios del poder.
Con el pretexto de perseguir delitos y
“modernizar” –vaya ironía- procesos, el régimen restringe libertades, limita
derechos y ha puesto en marcha un Estado policiaco en el que todo será
observado, controlado y, porque de eso se trata, castigado cuando alguien se
salga de esos parámetros autoritarios con los que pretenden gobernar al país
esos mismos que, hasta hace no mucho, denunciaban los abusos del poder que
tildaban, precisamente, de autoritario.
La creación de la CURP biométrica es una de
las medidas más invasivas. Se trata de una nueva Clave Única de Registro de
Población que contendrá, obligatoriamente, la fotografía del rostro, huellas
dactilares y otros datos biométricos como el iris de los ojos.
La justificación es que sea una herramienta
para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero los propios colectivos y las organizaciones
de la sociedad civil desconfían de las verdaderas intenciones del régimen al
concentrar los datos biométricos de toda la población en una sola base de datos,
creando de entrada un gran riesgo de mal uso de la información, así como su empleo
político, ya que si la nueva CURP reemplaza a la credencial para votar del INE como
documento de identificación, el gobierno en turno tendría acceso y control
sobre las bases de datos electorales. Y ya vimos que no tienen empacho en
cometer toda clase de fraudes para mantener el poder.
La reforma en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por su parte, permite
la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares, cuyas compañías de
telefonía deberán identificar obligatoriamente a cada usuario con datos que el
gobierno podrá consultar en el momento que decida, como el historial de
llamadas y mensajes, el origen y destino de las comunicaciones, y para lo cual no
hará falta orden judicial. Si de por sí, hay cada vez más “pájaros en el
alambre”.
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