RÚBRICA

  Fotografías: archivo La procuración e impartición de la justicia en México, y en particular en Veracruz, han sido desde siempre un terreno pantanoso de brutal corrupción. Sin embargo y como en el resto de los poderes públicos, con la llegada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se han convertido en un teatro deplorable con consecuencias funestas e incalculables para los ciudadanos. Desde que arribó al poder, la “4t” veracruzana se ha comportado como una pandilla llena de inexpertos, incapaces pero eso sí, muy ambiciosos y voraces personajes que aplican religiosamente la consigna “si no es ahora, ¿cuándo?” en su loca carrera por acumular poder, para lo cual no han dudado en pisotear las leyes a placer. Como nunca encontraron la salida legal para deshacerse del fiscal general Jorge Winckler, heredado del bienio yunista panista, la salida del régimen morenista fue lanzar una asonada desde el Congreso del Estado para “destituirlo” -sin facultades jurídicas para h...

Fotografía: Gobierno de Veracruz   Las previsiones financieras contenidas en el Paquete Económico 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión no auguran nada bueno para estados y municipios. Mientras a proyectos como el Tren Maya se le buscan elevar los recursos de manera descomunal –más de mil por ciento para comprar locomotoras y vagones de pasajeros-, y por supuesto que aumenta el dinero para los programas sociales clientelares del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” –para la Secretaría del Bienestar se propone un presupuesto de 189 mil 970 millones de pesos en pleno año electoral-, las entidades federativas sufrirían un drástico recorte que compromete la puesta en operación de cualquier clase de plan de desarrollo. En total, Hacienda contempla una reducción para los 32 estados de la República de 108 mil millones de pesos menos respecto de lo que recibieron este año. Una baja de 5.5 por ciento en las aporta...

  Fotografía: archivo En el Congreso del Estado de Nuevo León, sus 42 integrantes están en peligro de ser destituidos y consignados ante un juez de distrito por incurrir en el delito de desacato. Esto, luego de haber ignorado hasta en ocho ocasiones la orden de un juez federal para ratificar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad a Ángel Mario García Guerra, lo que llevó a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León declarara fundado un incidente de inejecución de sentencia y solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la remoción de los 42 diputados locales.  En Veracruz no se está nada lejos de llegar a ese mismo escenario ante las evasivas y pretextos del Congreso local para reinstalar por los menos a dos magistrados –Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero- que fueron ilegalmente separados de sus puestos por la LXV Legislatura del Estado y que obtuvieron ya sendos amparos –a los cuales estar...