RÚBRICA

Fotografía: Congreso del Estado de Veracruz Al observar el enorme cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le observó al Gobierno del Estado de Veracruz en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, una de las preguntas que de inmediato vienen a la mente es ¿dónde estaba el Congreso local a la hora de revisar esas cuentas? Porque muchas de las inconsistencias denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación ya estaban señaladas en el informe que sobre la misma Cuenta Pública de 2013 presentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a la LXIII Legislatura local. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Ejercicio 2013, el Orfis enumera de manera general y luego de manera específica las observaciones recurrentes que hizo a los entes fiscalizables, a saber. “De cumplimiento: falta de inventarios de bienes muebles e inmuebles; inexistencia de padrones

Fotografía: Archivo No hay plazo que no se cumpla. Y menos aún, cuando tiene que ver con la manera como se ha torcido la ley en Veracruz para satisfacer revanchas personales desde el poder. Lo anterior viene a colación porque este martes, apareció publicado en estrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, el proyecto de resolución por medio del cual se concede a la columnista María Josefina Gamboa Torales un amparo contra el auto de formal prisión que la mantiene encerrada en el reclusorio de Tuxpan, con lo cual obtendría su libertad condicional. El proyecto de sentencia 302/2014 del magistrado Hugo Arturo Baizabal Maldonado fue hecho público este martes 24 de febrero y se espera sea votado en los próximos días por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, por lo que Gamboa Torales estaría a punto de recuperar su libertad para, en esas condiciones, continuar el proceso que se le sigue

Fotografía: Archivo Vaya que el flamante secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe Castillo López, tendrá mucho trabajo en los días por venir, apenas integrado a su nueva encomienda. La primera chamba del neofuncionario de la administración duartista será explicar el destino de 41 millones 195 mil 11 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama al Gobierno de Veracruz por presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal en el rubro de “Subsidios a Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”, incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Según el informe de la ASF, en 2013 el estado de Veracruz recibió ministraciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del orden de 114 millones 625 mil 700 pesos para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en mate

Fotografías: Archivo El Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nuevamente desnudó la podredumbre y corrupción desmedida en la administración de Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con la ASF, el estado de Veracruz es el que, de acuerdo con el monto económico, acumula el mayor porcentaje de irregularidades observadas de todo el país, con 17 por ciento, así como el tercero con peor desempeño en el manejo de los recursos federales, junto con Jalisco y Michoacán. Y los datos que aporta son contundentes. Las 44 auditorías que la ASF practicó al uso de los recursos federales transferidos a Veracruz arrojaron 183 observaciones por falta de comprobación o uso irregular de nueve mil 245 millones de pesos, de los cuales, dos mil 31 millones ya tuvieron que ser devueltos a la Federación. Pero al gobierno estatal aún le resta por comprobar el uso de otros siete mil 214 millones de pesos o, en su d

Fotografía: Mexsport El Senado de la República aprobó este martes 17 de febrero una serie de reformas constitucionales para acotar el otorgamiento de créditos a los estados y municipios del país. Entre otras disposiciones, establece que los estados y los municipios “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a su refinanciamiento o reestructura, debiendo realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”. De igual forma, se conceden facultades al Congreso de la Unión para especificar que, en los casos en que los estados y los municipios tengan empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación, será el propio Congreso quien fiscalice el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan obtenido los gobiernos locales. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al último trimestre de 2014, el saldo de la deuda pública de estados y municipios se ubicó en 509 mil 690 millones de pesos, lo que repr

Fotografía: El Chiltepín Les asiste la razón a los militantes del Partido de la Revolución Democrática cuando dicen que este instituto político se ha convertido en una franquicia al servicio del mejor postor, que en el caso de Veracruz, es el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El “PRD rojo” que regentean Rogelio Franco Castán y Sergio Rodríguez Cortés ya ni siquiera se toma la molestia de cuidar las formas. Su servilismo es tal, que actúan con total cinismo y se aprestan para hacer de comparsa en las elecciones federales intermedias de este año. Su papel será postular candidatos a modo, que no sean peligrosos para los abanderados priistas en los distritos que le interesan particularmente al duartismo, pero que sí ayuden a pulverizar el voto y hasta a quitárselo a otros partidos. Para ello echarán mano de la misma gente del régimen, que al no encontrar cabida en el PRI, serán enviados al PRD –y a otros como el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social– para que les “ayuden” a

Fotografía: infoveracruz.com.mx Una de las vertientes de la que poco se ha hablado respecto de la tremenda crisis por la que atraviesa el sistema de pensiones del estado de Veracruz es que, a raíz de la reforma a la Ley impulsada por el gobierno estatal y aprobada sobre las rodillas por la LXIII Legislatura local el año pasado, se estaría en la ruta para privatizar la administración de las cuotas de los trabajadores estatales. En la referida reforma a la ley, se modificó el estatus del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), que dejó de ser un organismo “público” para pasar a ser uno “descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios”. Éste sólo cambio en la condición jurídica del Instituto abre la puerta para que el Estado se desentienda en un futuro no muy lejano de su obligación de aportar los recursos para garantizar las pensiones de los trabajadores y de velar por la seguridad social de sus propios empleados. Eso

Fotografía: Tomada de Proceso Varias son las coincidencias que existen entre los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas. Además de pertenecer a esa nueva generación de políticos relativamente jóvenes que ocupan posiciones de poder en México, comparten también un gran desprecio por la prensa y ánimos represores para acallar la crítica en su contra cuando les es preciso. En ese sentido, Duarte ha enfocado más sus baterías en contra de los periodistas, que durante su mandato han vivido, como gremio, la peor época de la que se tenga memoria en este estado. Once asesinados, cuatro desaparecidos y una veintena de exiliados lo constatan. Moreno Valle, aunque también se ha “preocupado” por intentar “secar” la crítica periodística en su entidad asfixiando económicamente a los medios que no le son afines y “cortando cabezas” –en sentido laboral– de quienes le señalan sus yerros, su principal característica ha sido la de la represión vio

Fotografias. Cuartoscuro El largamente anunciado reportaje “Mexican political family has close ties  to ruling party, and homes in the U.S.” del diario The New York Times, sobre los políticos mexicanos propietarios de lujosos y millonarios inmuebles en Estados Unidos, pone un especial énfasis en la relación entre los ex gobernadores José Murat Casab y Fidel Herrera Beltrán, a quienes involucra directamente en la adquisición de bienes en el corazón de la Gran Manzana. El diario –cuyo accionista mayoritario es, por cierto, el magnate mexicano Carlos Slim Helú–, destaca que según la asesora de inversiones Geralda Buckley Kral, ella ayudó a “una familia de apellido Herrera a establecer un fideicomiso que en 2007 se utilizó para comprar un condominio, ubicado entre la calle 40 West y la 55, en un pequeño edificio sobre la famosa Quinta Avenida, cerca del Museo de Arte Moderno y Central Park. Las escrituras enlistan a un hijo de Fidel Herrera, amigo de Murat, como representante de

Fotografía: http://rendiciondecuentas.org.mx/ No sólo no cumplieron con el plazo que ellos mismos se impusieron para aprobar la integración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información. Los senadores estarían por dar marcha atrás a todos los avances y logros alcanzados en los últimos 15 años en cuanto a la rendición de cuentas en el país. El 2 de diciembre pasado, fue presentada una iniciativa de ley secundaria de Transparencia y Acceso a la Información por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM, misma que debió haber sido aprobada la semana pasada, el 7 de febrero. Pero eso no sólo no ocurrió, sino que el PRI y el PVEM introdujeron en la iniciativa más de 80 modificaciones que son, a todas luces, un intento por dinamitar todo el sistema de acceso a la información. Un retorno brutal a la opacidad, a la oscuridad. De las modificaciones que se han logrado filtrar de la iniciativa en cuestión –que hasta ahor

Fotografía: Blog Expediente Mx No por nada, todos los partidos se han hecho de la vista gorda para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Que a nadie le extrañe. En todos subyacen prácticas que nada tienen que ver con la honestidad, la transparencia y la ética. La ambición marea y el poder enloquece a quienes acceden a éste, como una mala droga. Así que más allá de lo que plantean en el discurso, la realidad es que a la clase política no le interesa hacerse el “hara kiri” y autoimponerse regulaciones que no está dispuesta a cumplir. Porque de hacerlo, varios, muchísimos de los más “distinguidos” integrantes de ese círculo mafioso tendrían que pagar por sus actos, por el saqueo al que han  sometido a este país. Y si algo mantiene seguras las amarras del endeble sistema político mexicano para que no termine de irse a pique, es precisamente la impunidad de sus integrantes. Por esa razón es que no pasa nada si se exhibe en los medios que el Presidente de la República, su

Fotografía. Gobierno del Estado de Veracruz Inopinadamente, el comité organizador del Hay Festival anunció el viernes pasado su decisión de cancelar su edición mexicana de este año, luego de la carta que un grupo de escritores y periodistas le envió solicitando quitarle al estado de Veracruz la sede de este encuentro literario internacional. Como ha sido ampliamente comentado, el argumento para pedir que Xalapa dejara de albergar el Hay Festival es el clima de persecución contra la libertad de expresión y el periodismo libre en el estado, recrudecido tras el asesinato del reportero comunitario del municipio de Medellín de Bravo, José Moisés Sánchez Cerezo. El objetivo la petición de los intelectuales, como se citó antes en este espacio, era evitar que el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa lucrara políticamente con el festival, mientras en la entidad se sigue asesinando y hostigando a los periodistas. Pero lo único que se logró, como también se señaló aquí ant

Hace un año, el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado por un comando armado en la congregación de Allende, en el municipio de Coatzacoalcos. Según las autoridades estatales, fue asesinado ese mismo día por sus captores, y enterrado en una fosa clandestina que sería descubierta después. Por este crimen hay varios detenidos como presuntos autores materiales e intelectual. Pero no existe la sensación de que se haya hecho justicia. Incluso, la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría, hace mil malabares jurídicos para evitar que los asesinos salgan de prisión por medio de un amparo, ante la debilidad y mala integración de las averiguaciones previas presentadas como sustento de las acusaciones. Lo peor de todo es que, a un año de la muerte de Gregorio, a casi dos del homicidio de la corresponsal del semanario Proceso Regina Martínez, absolutamente nada ha cambiado en Veracruz. Permanece el mismo clima de inseguridad y violencia, contra la prensa y contra la soc

Tras la difusión de la carta en la que una centena de periodistas e intelectuales pidieron a los organizadores del Hay Festival retirar de Xalapa la sede de este encuentro literario en México, varios voceros oficiosos del gobierno de Javier Duarte salieron a minimizar este hecho. Arguyeron que el prestigio de la capital de Veracruz en materia de arte y cultura es mucho muy anterior a que se celebrase el Hay Festival en esta ciudad, pues desde hace muchos años Xalapa es tierra fértil para el surgimiento de grandes músicos, escritores, actores, bailarines, artistas plásticos y exponentes de todas las disciplinas artísticas. En ese sentido, no les falta razón. Sin embargo, lo que nadie quiso mencionar es que, precisamente en este momento, la comunidad artística xalapeña independiente sufre una asonada desde el Ayuntamiento de la ciudad, que a finales del año pasado envió al Congreso del Estado un paquete de reformas al Código Financiero municipal para gravar las presentaciones de l