EL PRECIO DE MARTÍN
La resolución que tomó el Poder Judicial Federal la semana pasada al negarse a analizar el fondo de las solicitudes de amparo contra la prórroga ilegalmente concedida a Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana, es apenas el síntoma más visible de una enfermedad más profunda: la claudicación del Estado de Derecho. En lugar de analizar de fondo la legalidad de la extensión del mandato rectoral, un juez –ha de ser de “tómbola”- del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa optó por desechar los amparos con argumentos procesales anacrónicos, invocando jurisprudencias previas a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, alegando que como la UV es autónoma, las decisiones de sus autoridades no causan violaciones a los derechos humanos de los universitarios. Una brutalidad, digna del retroceso que vive el país. Contra la versión que la rectoría espuria divulga, no se resolvió si la prórroga fue legal o no. Simplemente se negó el...