PAGO PARA QUE ME APLAUDAN

 

Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo sintetizó en una frase una de las formas más autoritarias, patrimonialistas y perversas de entender la relación entre el poder público y la prensa: “no pago para que me peguen”, en relación con su pleito con el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer, al que le retiró toda la publicidad oficial en represalia por su línea crítica.

Pero “Jolopo” no hablaba de su dinero, pues no sacaba un peso de su cartera. Hablaba del presupuesto público como si fuera suyo y, desde esa concepción patrimonial del poder, decidió que quien criticara al presidente no merecía recibir publicidad del gobierno.

Cuatro décadas después, la autodenominada “cuarta transformación”, que prometió desterrar las prácticas del viejo régimen –con el que se mimetiza a cada segundo-, parece haber encontrado la manera de reciclarlas bajo un nuevo discurso. Claudia Sheinbaum lo dejó ver con una claridad extraordinaria cuando, durante una reciente conferencia presidencial, fue cuestionada directamente por un asistente a la “mañanera” sobre el reparto de publicidad oficial.

La presidenta respondió primero que el gasto se había reducido respecto de los tiempos de Enrique Peña Nieto –lo cual es relativamente cierto- y, ante la insistencia, soltó casi con un dejo de orgullo: “no, por ejemplo, a TV Azteca, sí, no le damos”. Y luego mencionó a Reforma y a El Universal como otros de los medios “expulsados” del “paraíso” presupuestal por “incómodos”.

La frase constituye, cuando menos, una confesión desde el fondo del corazón de la presidenta Sheinbaum acerca de cómo concibe la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. ¿Con qué criterios se decide a quién sí “le damos” y a quién no?

Durante muchos años, organismos ciudadanos y promotores de la transparencia han insistido en que esos criterios deberían corresponder a estudios de audiencia, cobertura territorial, perfiles demográficos, efectividad de las campañas y objetivos institucionales. Pero ni los anteriores gobiernos, ni el actual, lo han hecho de esa manera. Lo que les importa realmente es la línea editorial, si es afín al gobernante y al partido en turno. Y si se desvive o no en lisonjas.

Este mecanismo de “premio” y “castigo” para asignar la publicidad oficial deja de lado la distribución del presupuesto conforme a parámetros verificables, transparentes, impersonales y técnicamente justificables, para convertirse en un instrumento político de control de esos medios y “periodistas”, que dejan de ser un contrapeso y renuncian a ejercer el necesario escrutinio del poder, para en su lugar asumirse como “voceros”, propagandistas y, en muchos casos, en mandaderos del político/a que los financia.

Los lineamientos federales de comunicación social para 2026 señalan que el gasto debe cumplir criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y el propio acuerdo sostiene que la distribución de publicidad oficial debe efectuarse mediante criterios “objetivos, imparciales y transparentes” que garanticen igualdad de oportunidades entre medios. Por tanto, el dinero destinado a comunicación social no es una gratificación presidencial. Mucho menos un premio a la obediencia. O no debiera ser.

La presidenta Sheinbaum puede decidir la política de comunicación de su administración dentro de las facultades que le confiere la ley. Lo que no debería poder hacer es convertir el uso del presupuesto público en una extensión de sus filias y fobias. Un gobierno democrático debiera comprar espacios publicitarios porque necesita comunicar campañas de vacunación, programas públicos, medidas de protección civil, derechos ciudadanos, información sanitaria o acciones institucionales. No para comprar líneas editoriales.

Durante décadas hubo relaciones profundamente corruptas entre gobiernos, propietarios de medios, columnistas y periodistas. Negarlo sería absurdo. Pero es muy claro que el actual régimen ha recurrido a las mismas prácticas, aunque se ufane de negarlo.

Basta observar el ecosistema mediático construido alrededor de la “4t”. Nunca antes habíamos visto semejante cantidad de pasquines y textoservidores dispuestos a justificar absolutamente cualquier cosa que haga el poder. Personajes cuya tarea cotidiana consiste en elogiar al gobierno, atacar a sus críticos, desacreditar periodistas, reproducir sin cuestionamientos la narrativa oficial y presentar cada fracaso como una “victoria histórica” de la transformación.

El “chayote” no desapareció con Morena. Cambiaron algunos beneficiarios, otros se “convirtieron” a la “fe” obradorista para seguir cobrando. Surgió una nueva generación de propagandistas, algunos de los más abyectos de nuestra historia contemporánea, llenando páginas, micrófonos, canales y redes sociales de alabanzas al poder. Y no lo hacen gratis.

En los estados del interior de la República ocurre lo mismo, o a veces es peor. Porque muchos gobernadores y alcaldes se sienten señores y señoras feudales que no deben tolerar señalamientos. Y también se rodean de cortesanos que ni escribir su nombre sin faltas de ortografía pueden. Pero ojo, hacer un “censo” para que el gobierno avale quién sí y quién no es periodista, como se deslizó en Veracruz, es una trampa.

El presupuesto de comunicación social no es dinero del gobernante ni del partido en turno. Se trata de recursos públicos que no deben, ni antes ni ahora, utilizarse para comprar aplausos ni para cobrar críticas. Mucho menos, para convertirse en la zanahoria para los dóciles y el garrote para los incómodos.

Pero estamos instalados en el “pago para que me aplaudan”.

 

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