LOS TENEMOS UBICADOS

 

Hay frases que se quedan grabadas en los anales de la historia y no necesariamente por su elocuencia, sabiduría o bondad, sino por representar todo lo contrario: lo peor de quienes las pronuncian y que, si además se trata de autoridades políticas, suelen tener consecuencias deplorables y hasta desastrosas.

Ahí tenemos aquellos “defenderé el peso como perro”, “ni los veo ni los oigo”, “¿y yo por qué?” y un largo rosario de expresiones que, por sí solas, a lo largo de los años retrataron a los regímenes en los que fueron pronunciadas y a sus autores.

“Los tenemos ubicados” va en camino a convertirse en una más de las frases “célebres” de la miseria política de México. Aunque esta vez no fue exclamada por el titular del Ejecutivo, sino por la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján. Aunque con la total anuencia de su jefa, Claudia Sheinbaum.

Esto, en referencia al listado –que ahora jura que no era un listado, como si nadie hubiese visto la canallada que cometía- en el que se proyectaron nombres y cuentas en redes de periodistas, medios de comunicación, analistas, políticos opositores y ciudadanos que, según el gobierno de Claudia Sheinbaum, formarían parte de un supuesto “ecosistema digital de la derecha” dedicado a amplificar mensajes contrarios a la llamada “cuarta transformación”. Una lista negra en toda la extensión de la palabra.

Quien las exhibió no fue una investigadora universitaria presentando un estudio académico, ni una organización ciudadana, ni una empresa especializada en análisis de redes sociales. Fue nada menos que una alta funcionaria de la Presidencia de la República, desde un espacio oficial, utilizando recursos públicos y teniendo detrás de sí todo el poder del Estado mexicano. Con el agravante de la frase que le salió del alma a la burócrata milusos con vocación de inquisidora: “los tenemos ubicados”.

¿Qué “pecado” cometieron quienes fueron llevados a ese tribunal mediático, con tintes de paredón? Difundir contenidos críticos, incómodos o simplemente diferir de las versiones oficiosas –y mentirosas- del gobierno. Entre los temas que la Presidencia identificó casi como “pruebas” de “traición a la patria” aparecen “narcogobierno”, “huachicol”, “régimen autoritario” y las constantes presiones de Estados Unidos. Es decir, asuntos eminentemente públicos, sujetos de manera natural al escrutinio periodístico y ciudadano, sobre los cuales cualquier persona tiene derecho a investigar, informar, opinar, cuestionar e, incluso, equivocarse.

Lo que resulta especialmente inquietante es que el gobierno no solamente monitorea esa conversación, sino que la clasifica políticamente. Determina quién origina contenidos, quién los reproduce, quién los “amplifica” y quién pertenece, según sus propios criterios, a un “ecosistema digital de la derecha”. Con eso de que para la “4t”, es de “derecha” todo aquel que no comparta sus ideas, prejuicios y traumas. Y como si la ciudadanía no estuviese en todo su derecho de tener la ideología que mejor le parezca.

La organización ARTICLE 19 fue categórica al respecto. Señaló que “no corresponde al Estado mexicano el monitoreo y calificación de la conversación pública” y cuestionó además que la Presidencia sostuviera que existía una acción “bien coordinada” sin explicar públicamente la metodología técnica ni los criterios utilizados para llegar a esa conclusión.

ARTICLE 19 documentó también que apenas durante las 48 horas posteriores a la presentación aumentaron los mensajes intimidatorios contra periodistas y medios incluidos en esas listas. Aparecieron etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios, acompañadas de acusaciones de estar pagados por la “derecha” o incluso de recibir “instrucciones” de gobiernos extranjeros. Lo cual terminó representando más bien una especie de confesión involuntaria.

Las redes del oficialismo ejecutaron, paso por paso, exactamente las mismas tácticas que el gobierno atribuyó al supuesto “ecosistema digital”: tomar un contenido originado en un nodo central, reproducirlo, añadirle una carga política, amplificarlo masivamente y dirigirlo contra objetivos determinados. Solo que aquí el nodo original fue el propio Estado.

No es algo nuevo. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las conferencias mañaneras fueron utilizadas reiteradamente para señalar por nombre y apellido a periodistas y medios críticos. Pero con Sheinbaum se está dando un paso adicional: institucionalizar el monitoreo y estigmatización de la conversación pública y presentarlos como una función legítima del gobierno. Cuando en realidad es una práctica de acoso e intimidación.

Todo esto recuerda prácticas históricamente asociadas con gobiernos fascistas y otros regímenes intolerantes a la crítica, donde la construcción del “enemigo” comienza precisamente por identificarlo, etiquetarlo y presentarlo ante la sociedad como integrante de una “conspiración”. Eso no significa que México sea hoy un régimen fascista –aunque se le esté pareciendo mucho-, pero el método de elaborar categorías de enemigos y exhibirlos desde el aparato estatal pertenece al repertorio clásico del autoritarismo. Y en una democracia, es el gobierno el que está sometido al escrutinio ciudadano.

No al revés.

 

La “black list” de Nahle

 

No hay que olvidar que a inicios del sexenio en Veracruz, un mercenario al servicio del actual régimen –pero que lo mismo le mataron el hambre los Yunes y Javier Duarte para realizar la misma labor pestilente- también hizo una lista de medios y periodistas críticos o por lo menos, no culiempinados con el gobierno de Rocío Nahle, misma que difundió masivamente vía correo electrónico, financiado directamente por el delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, quien sigue siendo su “proveedor”.

Año y medio después, se les “ocurrió” censar a los periodistas del estado. Ah, pero ¡respetan de manera “irrestricta” la libertad de expresión!

 

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