RÚBRICA

  Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa fue el eje de una narrativa política que terminó por transformar el poder en México. Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder. No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma” de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte. Pero...

  La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible. Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas. Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo ...

Aunque no generó mayor conversación pública en medio de la histeria mundialista la semana pasada que ocurrió, la negativa del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz a firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un hecho administrativo menor. Se trata de una decisión que coloca al estado en una zona gris de supervisión, justo cuando el país se prepara para un proceso electoral intermedio que pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un mínimo de transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de captura y control desde el régimen. El convenio, promovido desde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por su presidente, Javier Herrera Borunda, buscaba articular esfuerzos entre los órganos locales y la ASF para evitar duplicidades y fortalecer la revisión del gasto federalizado, al menos en los términos en que fue plant...