LA OPACIDAD COMO ESTRATEGIA ELECTORAL

Aunque no generó mayor conversación pública en medio de la histeria mundialista la semana pasada que ocurrió, la negativa del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz a firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un hecho administrativo menor.

Se trata de una decisión que coloca al estado en una zona gris de supervisión, justo cuando el país se prepara para un proceso electoral intermedio que pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un mínimo de transparencia y rendición de cuentas, en un contexto de captura y control desde el régimen.

El convenio, promovido desde la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por su presidente, Javier Herrera Borunda, buscaba articular esfuerzos entre los órganos locales y la ASF para evitar duplicidades y fortalecer la revisión del gasto federalizado, al menos en los términos en que fue planteado. Veracruz, sin embargo, optó por marginarse sin argumentos claros. Y esa omisión no puede leerse sino como una estrategia deliberada para mantener bajo control político local el manejo de los recursos públicos.

La fiscalización del gasto federalizado es un asunto delicado en estados como Veracruz, donde las transferencias de la Federación representan una parte más que sustantiva del presupuesto, prácticamente el 90 por ciento. Al negarse a firmar el convenio, se limita la capacidad de la ASF para auditar con mayor profundidad los recursos que llegan a la entidad, donde hay numerosos ejemplos de mal uso en diferentes niveles. Y en términos prácticos, esto significa que los desvíos, irregularidades o subejercicios pueden quedar sin siquiera ser observados, y ya no digamos recibir una sanción efectiva, lo cual, valga decirlo, tampoco ha ocurrido de manera generalizada en el pasado.

La consecuencia inmediata es la impunidad. En un estado con antecedentes de escándalos financieros —desde el desfalco monstruoso en el sexenio de Javier Duarte, hasta las observaciones recientes de la ASF al manejo de las participaciones federales por parte del gobierno de Rocío Nahle—, la decisión del Orfis equivale a blindar políticamente a quienes hoy (mal) administran el dinero público.

La figura de la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, añade un matiz político inevitable. Su aspiración a convertirse en candidata de Morena a diputada federal —para lo cual ya también se placea por colonias y en cuanto acto público tiene a la mano— coloca la decisión de no firmar el convenio en un terreno de conflicto de interés, pues el órgano técnico que debería garantizar imparcialidad es, en realidad, una plataforma (a todas luces ilegal) de proyección electoral.

El momento en el calendario tampoco es casual. La negativa ocurre en vísperas del inicio del proceso electoral intermedio, tanto local como federal. En ese contexto, la opacidad en el manejo de recursos públicos adquiere un valor estratégico, ya que abre la puerta al financiamiento de estructuras políticas, movilizaciones y campañas con dinero público, a la par que la ASF tendrá más dificultades para documentar las irregularidades.

La participación en esta ecuación del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, abre otra arista política. El hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán es, en los hechos, el líder real del Partido Verde en el estado de Veracruz y busca ser candidato a diputado federal de mayoría el año entrante, con el objetivo, a su vez, de proyectarse hacia una eventual candidatura a la gubernatura en 2030.

Así que su papel no es neutral. El Partido Verde es “aliado” de Morena en Veracruz, pero ha sido sistemáticamente maltratado en los últimos procesos electorales por el partido hegemónico, lo cual ha provocado malestar entre sus dirigentes que, a pesar de ello, se han mantenido coaligados al morenato. Política y legislativamente. Empero, eso no quiere decir que vaya a ser así indefinidamente.

La negativa a adherirse al convenio promovido por Herrera Borunda también revela las tensiones internas en la construcción de acuerdos rumbo al proceso electoral. Así como una mala relación del estado con el nuevo auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien apenas llegó le clavó un pliego de observaciones a la Secretaría de Finanzas de Rocío Nahle y, al parecer, estaría por abrir una cloaca en la Fiscalía General del Estado por el último año de Cuitláhuac García.

En un estado como Veracruz, con altos índices de pobreza y desigualdad, la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos significa que los sectores más vulnerables son los primeros en pagar el costo de la impunidad. Y en ser usados como carne de cañón electoral, con cargo al erario.

 

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