RÚBRICA

En general, desde que se institucionalizó hace poco más de dos décadas la fiscalización de los recursos públicos a través de organismos oficiales especializados y formalmente “autónomos”, nunca ha funcionado para castigar los excesos y corruptelas de autoridades y servidores públicos. Si acaso, ha sido un instrumento de coerción, principalmente contra alcaldes. Cada año se anuncia cuánto dinero del dispuesto por los diferentes organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno presenta irregularidades, se distribuyen responsabilidades preliminares y después comienza un largo recorrido administrativo en el que buena parte de los casos termina diluyéndose. Las propias cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) acumulaba este año 361 denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De estas, apenas diez habían llegado ante un juez. Otras 72 habían terminado con determinaciones de no ejerci...

  Tras varias semanas en las que médicos, enfermeras, residentes y trabajadores de hospitales públicos de Veracruz denunciaron una emergencia por falta de medicamentos, material de curación, insumos para cirugías, personal y condiciones para atender a los pacientes, y que sus reclamos llegaran incluso hasta la conferencia presidencial, la gobernadora Rocío Nahle decidió salir a territorio –como les encanta presumir- para atender de manera directa el problema que, inicialmente, se negó a reconocer. El fin de semana pasado y a inicios de la presente, la mandataria recorrió hospitales de Perote, Altotonga, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y unidades de otras regiones. De hecho, anunció que revisaría los 61 hospitales públicos de la entidad para verificar la existencia de medicinas, material de curación, equipo e infraestructura. Sin embargo, lo que se presentó públicamente fue una especie de realidad alterna. En las imágenes difundidas durante los recorridos de la gobernadora apar...

  La crisis de desabasto de medicamentos e insumos que estalló en las últimas semanas en los hospitales públicos del estado, en especial en Xalapa, Río Blanco y el puerto de Veracruz, tiene una dimensión que ningún discurso oficial puede maquillar: el de una afectación directa y real que pone en riesgo la vida de miles de personas. Uno de sus saldos, denunciado por el personal médico, es el de más de mil cirugías retrasadas tan solo en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, donde la actividad quirúrgica llegó a reducirse hasta en 80 por ciento por falta de medicamentos, material de curación e insumos tan elementales como papel higiénico y agua. Más de mil personas que llegaron a un hospital porque necesitan una intervención tuvieron que esperar, aplazando su recuperación o viendo agravarse sus padecimientos, mientras sus familias gastan lo que no tienen en medicinas y materiales que debería proporcionarles el Estado, sufriendo la angustia de la incertidumb...

  Mientras artistas, escritores, músicos, actores, bailarines, promotores y gestores culturales veracruzanos tienen que peregrinar por las oficinas públicas para obtener apoyos mínimos, aceptar honorarios castigados o incluso poner dinero de su bolsillo para sacar a flote un proyecto, el gobierno de Rocío Nahle ha demostrado que puede ser bastante más generoso cuando se trata de contratar personajes mediáticos que, además, mantienen una evidente cercanía discursiva con el régimen. Las cifras para dimensionar esa generosidad están, todavía, a la vista. A principios de año, la Secretaría de Cultura de Veracruz pagó 229 mil 500 pesos netos a la alguna vez destacada dramaturga Sabina Berman por la conferencia “Mujer y Poder” en Xalapa, y por la presentación de un libro ¡suyo! en Boca del Río los días 19 y 20 de febrero. Hace poco más de un mes, para el Festival del Mar celebrado en Coatzacoalcos, la misma Secretaría contrató conjuntamente a los influencers pro-cuatroté Diego Ruzzar...

Durante los últimos años, el discurso de la mal llamada “cuarta transformación” construyó buena parte de su legitimidad sobre una premisa tan sencilla como poderosa: los privilegios de la clase política habían terminado. Se acababan los gobiernos de ricos, los funcionarios con salarios ofensivos, los familiares incrustados en las nóminas públicas, el influyentismo, los guardaespaldas, el dispendio y aquella vieja concepción patrimonialista según la cual llegar al poder equivalía a apropiarse del presupuesto. O por lo menos, eso decían. Lo que ha terminado por consolidarse, sin embargo, es una nueva élite burocrática que reproduce muchos de los vicios que prometió desterrar, pero con una diferencia fundamental: ahora pretende que sus privilegios están “moralmente” justificados porque quienes los disfrutan pertenecen al movimiento que se proclamó representante del “pueblo”. Y que se autopercibe como una nueva “casta divina”. No hace falta siquiera recurrir a filtraciones, expedientes sec...

  Algo muy grave está sucediendo con el manejo del dinero público en Veracruz. Y no se trata solamente de gastar mucho, gastar mal o de las prioridades cuestionables de una administración. El problema de fondo es otro: la opacidad, el desorden administrativo y la ausencia de controles que comienzan a convertirse en rasgos distintivos del gobierno de Rocío Nahle García. Los episodios se acumulan y cada uno resulta más inquietante que el anterior. La remodelación del Palacio de Gobierno, la sangría financiera descubierta en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y ahora, la pretensión de que el Estado termine administrando un ingenio quebrado que será rescatado con recursos públicos, parecieran asuntos independientes unos de otros. Pero existe un hilo que los conecta: dinero público, procedimientos oscuros y una preocupante discrecionalidad. En una delirante contradicción, el pasado fin de semana trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalap...

  El sainete protagonizado por Rubén Rocha Moya, quien regresó a la gubernatura de Sinaloa después de más de tres meses de licencia para volver a solicitarla apenas unas 34 horas después, sería un teatro meramente grotesco si no revelara algo mucho más grave: el grado de descomposición interna alcanzado por el régimen de la autodenominada “cuarta transformación”, cuyos conflictos intestinos, expedientes criminales y lealtades contrapuestas comienzan a desbordar los mecanismos de control político construidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya se reincorporó a su cargo formalmente la mañana del viernes 21 de agosto, supuestamente por “decisión personal”. Pero la aventura duró poco más de un día. El sábado por la tarde-noche solicitó otra licencia, ahora indefinida, que el Congreso estatal aprobó el domingo por unanimidad. Sin dar más explicación que un escueto “por así considerarlo pertinente”. En esas 34 horas, la dirigencia de Morena se deslindó de su...

  Hay frases que se quedan grabadas en los anales de la historia y no necesariamente por su elocuencia, sabiduría o bondad, sino por representar todo lo contrario: lo peor de quienes las pronuncian y que, si además se trata de autoridades políticas, suelen tener consecuencias deplorables y hasta desastrosas. Ahí tenemos aquellos “defenderé el peso como perro”, “ni los veo ni los oigo”, “¿y yo por qué?” y un largo rosario de expresiones que, por sí solas, a lo largo de los años retrataron a los regímenes en los que fueron pronunciadas y a sus autores. “Los tenemos ubicados” va en camino a convertirse en una más de las frases “célebres” de la miseria política de México. Aunque esta vez no fue exclamada por el titular del Ejecutivo, sino por la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján. Aunque con la total anuencia de su jefa, Claudia Sheinbaum. Esto, en referencia al listado –que ahora jura que no era un listado, como si nadie hubiese visto...

  Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo sintetizó en una frase una de las formas más autoritarias, patrimonialistas y perversas de entender la relación entre el poder público y la prensa: “no pago para que me peguen”, en relación con su pleito con el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer, al que le retiró toda la publicidad oficial en represalia por su línea crítica. Pero “Jolopo” no hablaba de su dinero, pues no sacaba un peso de su cartera. Hablaba del presupuesto público como si fuera suyo y, desde esa concepción patrimonial del poder, decidió que quien criticara al presidente no merecía recibir publicidad del gobierno. Cuatro décadas después, la autodenominada “cuarta transformación”, que prometió desterrar las prácticas del viejo régimen –con el que se mimetiza a cada segundo-, parece haber encontrado la manera de reciclarlas bajo un nuevo discurso. Claudia Sheinbaum lo dejó ver con una claridad extraordinaria cuando, durante una reciente ...

  El debate sobre la libertad de expresión que se ha abierto luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tiene un nodo central, y que no son propiamente los derechos de las audiencias, sino la pretensión de controlar desde el Estado, de manera discrecional, lo que se dice, publica y transmite en los medios de comunicación, en este caso los electrónicos tradicionales, pero que también alcanzaría, dicho por la propia presidenta, a la prensa escrita y a los medios digitales. El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha buscado por todos los cauces posibles apoderarse de la narrativa pública e imponer una sola visión de la realidad desde hace casi ocho años. Para ello, construyó un poderoso –el más avasallante de la historia- aparato de propaganda vía las redes sociales y, sobre todo, la conferencia “mañanera”, donde el anterior y la actual titular del Ejecutivo no solo han difun...

  Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa fue el eje de una narrativa política que terminó por transformar el poder en México. Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder. No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma” de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte. Pero...

  La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible. Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas. Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo ...