LA CASTA DIVINA

Durante los últimos años, el discurso de la mal llamada “cuarta transformación” construyó buena parte de su legitimidad sobre una premisa tan sencilla como poderosa: los privilegios de la clase política habían terminado. Se acababan los gobiernos de ricos, los funcionarios con salarios ofensivos, los familiares incrustados en las nóminas públicas, el influyentismo, los guardaespaldas, el dispendio y aquella vieja concepción patrimonialista según la cual llegar al poder equivalía a apropiarse del presupuesto. O por lo menos, eso decían.

Lo que ha terminado por consolidarse, sin embargo, es una nueva élite burocrática que reproduce muchos de los vicios que prometió desterrar, pero con una diferencia fundamental: ahora pretende que sus privilegios están “moralmente” justificados porque quienes los disfrutan pertenecen al movimiento que se proclamó representante del “pueblo”. Y que se autopercibe como una nueva “casta divina”.

No hace falta siquiera recurrir a filtraciones, expedientes secretos o investigaciones financieras complejas. Baste revisar las nóminas oficiales y la Plataforma Nacional de Transparencia para encontrarse con una realidad bastante menos “austera” que la propaganda. Aquí, el caso de los sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador incrustados en el gobierno de Rocío Nahle es paradigmático.

Tres hijos de Arturo López Obrador -hermano del exmandatario que fue increpado y abucheado en un restaurante en Coatepec el pasado domingo-, ocupan cargos en la administración veracruzana. Erandi Isabel López Herrería es rectora de El Colegio de Veracruz; Tarheni Andrea López Herrería ocupa una subdirección en el sector salud, mientras Pedro Arturo López Herrería es asesor del secretario de Gobierno Ricardo Ahued. La propia gobernadora reconoció públicamente que trabajan en su administración y los defendió bajo el argumento de que “tienen derecho como cualquiera” y son “muy capaces”.

Por supuesto que tienen derecho a trabajar. Pero lo que no tienen es un derecho de sangre para incrustarse en el presupuesto público. Así que resulta más que válido, por más que los defiendan, cuestionar si cualquiera de ellos, sin ese parentesco, habría encontrado las puertas abiertas y las mismas oportunidades y consideraciones para acceder a posiciones dentro del actual gobierno de Veracruz.

El caso más escandaloso es el de Erandi Isabel López Herrería, rectora de El Colegio de Veracruz. De acuerdo con la información reportada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente al segundo trimestre de 2026, su remuneración mensual bruta ascendió a 145 mil 322 pesos, con una percepción neta de 106 mil 433 pesos. En el trimestre anterior, la propia institución había reportado una percepción neta de 51 mil 353 pesos.

La controversia no termina en el salario. La información curricular pública señala que López Herrería cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación y reporta una maestría en Gestión Educativa como terminada, pero con “título en proceso”. Esto generó cuestionamientos sobre el cumplimiento del requisito legal para ocupar la rectoría, pues la legislación establece contar con estudios de posgrado con al menos dos años de antigüedad. Así que no estamos solamente ante una discusión sobre cuánto cobra una funcionaria, sino acerca de cómo y por qué llegó ahí. Inevitablemente, se voltea a ver el apellido.

Por si algo faltase, este jueves, durante la guardia septembrina realizada en el parque de Los Berros en Xalapa, reporteros cuestionaron a la rectora sobre sus percepciones. Ella negó cobrar más que la gobernadora, sostuvo que se encuentra dentro del tabulador, pero no precisó ante los periodistas cuánto recibe ni por qué en la PNT se reportan otras cifras. Y mientras se retiraba –casi huyendo-, uno de los varios escoltas que la acompañaban (¿de dónde sale para pagarles?) empujó a una reportera que hacía su trabajo. Todo muy “republicano”, “austero” y “diferente” de “los de antes”.

La nueva casta no se limita a los parentescos. También se integra con aquellos personajes premiados por su utilidad política, como Alejandro Esteban Sosa Benítez, director general de Radiotelevisión de Veracruz, emisora degradada en esta administración a ser una mera caja de resonancia gubernamental, replicadora del discurso oficial y vehículo de promoción política del partido gobernante y sus intereses.

Gracias a esos “servicios”, a su director no le va nada mal. Según datos de transparencia –esa maldita transparencia que aún no erradican del todo- Sosa Benítez pasó de una percepción mensual neta de 57 mil 409 pesos en el primer trimestre de 2026, a 83 mil 752 pesos durante el segundo. Un incremento de 45.89 por ciento “de jalón”. Su remuneración quedó apenas 998 pesos debajo de los 84 mil 750 pesos establecidos -nominalmente por lo menos- para la gobernadora Rocío Nahle. Nada mal para regentear una televisora pública convertida en vocería ideológica y en francotiradora de los críticos.

Esta nueva casta llegó al gobierno denunciando que los anteriores habían utilizado el poder para enriquecerse, acomodar amigos, beneficiar familiares y someter las instituciones públicas a intereses políticos. Lo cual es cierto. Pero una vez instalados en el poder, descubrieron que los privilegios no eran tan desagradables cuando les correspondían a ellos. La austeridad siempre es más sencilla cuando debe practicarla otro.

Por eso resulta profundamente hipócrita la sorpresa cuando algún integrante de la familia política gobernante recibe rechiflas, reclamos o abucheos en un espacio público. ¿Qué esperaban?

Durante años se dedicaron a construir deliberadamente una narrativa de buenos contra malos. Señalaron, insultaron, estigmatizaron y exhibieron a todo aquel que consideraban integrante de las élites del antiguo régimen. Convirtieron el resentimiento social en herramienta política y enseñaron a sus seguidores que increpar al poderoso era casi una obligación cívica.

Ahora que ellos son los poderosos e incurren exactamente en las mismas prácticas, ya no les gusta que el ciudadano ejerza lo que han llamado por ahí el “derecho al escarnio”. Acusan que el reclamo es “odio”, la crítica “golpismo”, la investigación periodística una “campaña” y el abucheo es una “imperdonable” falta de respeto. Pues no.

Solamente comienzan a cosechar lo que sembraron.

 

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