RÚBRICA

  Fotografía: archivo Nueve meses y más de 115 mil muertos –oficiales- después del inicio de la pandemia en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende asumir las responsabilidades que criminalmente evadió primero. En una actitud que más que infundir confianza provoca terror por lo que en realidad significa, el presidente ahora sí llama a la población a no salir, a quedarse en su casa durante las siguientes semanas. Algo que debió haber hecho desde el mes de marzo, cuando pedía a los mexicanos no dejar de acudir a restaurantes. ¿Por qué ahora sí? Pues porque la realidad le explotó en la cara. Los contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 se multiplican sin control en diversas regiones del territorio nacional, aunque solo se ponga especial énfasis en la Ciudad de México, y por lo cual el sistema hospitalario del país -tanto público como privado- está en riesgo de colapsar este fin de año. ¿Y la pandemia domada? ¿Y el gran número de camas con ventilador disponibles in

  Fotografía: archivo En su sesión de este lunes 14 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de cavar la tumba de su credibilidad como órgano garante de legalidad. De manera abyecta, con argumentos absurdos y en una clara violación a los principios de equidad y neutralidad, por mayoría de votos de los magistrados de la Sala Superior de este organismo jurisdiccional fue revocado el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que establecía medidas cautelares por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de “emitir expresiones y/o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y/o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”. Esto luego de que partidos opositores presentaran una queja por las constantes declaraciones de López Obrador en sus conferencias mañaneras y durante una reciente gira por Baja Ca

  Fotografías: archivo Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz, que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados en febrero de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares. En aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien mil muertos durante su sexenio. Veracruz era gobernado por el priista Fidel Herrera Beltrán, cuyos presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada, particularmente con el cártel de los Zetas, eran “vox populi” desde su campaña por la gubernatura tres años antes. Al final de su sexenio dejó al estado en medio de la putrefacción social e institucional, domin

  Fotografía: archivo Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2006, el entonces presidente de México Vicente Fox Quesada decidió entrometerse directamente en el proceso con tal de evitar lo que inicialmente se perfilaba como un triunfo del abanderado del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Luego del fracaso político –porque legalmente había razones para procesarlo, pues desacató una orden judicial, práctica que se convertiría años después en “regla” de la “4t”, como es claro en Veracruz- del desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, parecía que ya no había ninguna manera de detener la marcha del tabasqueño hacia la Presidencia de la República, por lo que literalmente se le echó encima todo el poder del Estado. De forma personal, Vicente Fox se dedicó a hacer contracampaña contra López Obrador en los actos públicos que encabezaba como titular del Ejecutivo federal. “México no debe de volver atrás; no se cam

  Fotografía: Alberto Morales/ Multigráfica Más de ocho años y medio después, el brutal asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez ha vuelto a ocupar los titulares de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales al revelarse nuevos elementos que demuestran que la investigación oficial del crimen fue una simulación. En un reportaje publicado este domingo por el colectivo Forbidden Stories -que agrupa a 60 periodistas de 25 medios de comunicación de México, Estados Unidos y Europa- a través de una iniciativa de investigación denominada “The Cartel Project”, se plantean las circunstancias que rodearon el crimen de la periodista Regina Martínez a partir de las líneas periodísticas que desarrollaba, en particular la presunta vinculación con la delincuencia organizada del ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, misma que es abordada con profusión de datos y nombres, aunque mencionando fuentes que no se identifican. Sin embargo y en relación dir

Fotografía: lopezobrador.org En la zona sur de Veracruz se viven momentos de tensión no solo por la salvaje violencia e inseguridad que la azotan desde hace años, sino por una decisión que podría hundir por completo la economía de toda la región. El pasado 1 de diciembre, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador “celebraba” sus dos años en el poder con un mensaje plagado de triunfalismo forzado, medias verdades y mentiras completas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) bloqueó el ingreso de gas natural a la planta Etileno XXI, propiedad de la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, la compañía cuyos actos de corrupción de las últimas dos décadas han significado un terremoto para la política en varios países de América Latina. Más allá de los escándalos de Odebrecht –que en México tienen su punto crítico en los sobornos a Emilio Lozoya que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto-, la planta de Etileno XX

  Fotografía: Gobierno de Veracruz A su arribo al poder gracias al “efecto AMLO”, nadie esperaba demasiado de un gobierno encabezado por quien, hasta poco antes, había sido un gris diputado federal de Morena que, de igual manera, había ganado su elección como legislador de la mano del impulso creciente que el movimiento lopezobradorista registraba a partir de que se le otorgó el registro como partido político en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el primer gesto de Cuitláhuac García Jiménez luego de rendir protesta como gobernador de Veracruz hizo pensar que, por lo menos, tendría la intención de hacer algo por la entidad en una de las materias en las que más se había lastimado a la población en los últimos años: sus derechos humanos. Así, el primer acto de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual el entonces nuevo m

  Fotografía: Cuartoscuro A dos años de su arribo al poder, el régimen de la mal llamada y sobredimensionada “cuarta transformación” ha sido, sin temor a exagerar, una catástrofe en la gran mayoría de sus responsabilidades. Una de sus principales promesas, la pacificación del país luego de doce años de violencia sin tregua, no solo no fue cumplida, sino que la conducción del área resultó un estrepitoso fracaso. En su primer año de gestión, se registraron en total 34 mil 582 asesinatos en México, convirtiéndose hasta ese momento en el peor de las últimas dos décadas. Sin embargo, 2020 ha superado todas las expectativas, con todo y la pandemia y el confinamiento. Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas 17 mil 982 personas y la proyección es que para el final de diciembre los homicidios superen los 40 mil. En dos años casi igualarían la cifra de muertos de la fatídica “guerra contra el narcotráfico” de la principal obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador,

  Ilustraciones: Bloomberg El pésimo manejo y gestión pública de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno mexicano finalmente ha llamado la atención a nivel internacional. En días pasados, un reportaje del diario español El País titulado “100 mil muertos en México: radiografía de un país roto” provocó la ira del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos sus seguidores, que en un arranque de chauvinismo pretendieron responder al medio de comunicación con las cifras de la pandemia en España, como si éstas no hubiesen sido reportadas ahí mismo. Lo que a estas alturas resulta imposible de ocultar es la realidad de la tragedia, más allá de las consideraciones –y mezquinas justificaciones- por muertes contra volumen de población: México es el cuarto del país del mundo con el mayor número de defunciones –oficiales- por covid-19, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de este martes 24 de noviembre, la cifra

  Fotografía: Miguel Ángel Carmona/ FotoVer Vaya revés el que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” en Veracruz. En su sesión de este lunes, el pleno de ministros echó para abajó el Decreto 576 por el que se reformaban varios artículos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y que desde su aprobación fue considerado como una asonada del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para controlar las elecciones locales del año entrante. Y es que una de las reformas centrales era la reducción de 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos, que son los recursos públicos con los que se financia su ejercicio, lo cual los colocaba en una situación de franca desventaja frente a la operación clientelar de los programas sociales a cargo del propio gobierno en beneficio del partido oficial, Morena, que ha buscado seguir al pie de la letra el “guion” priista de condicionamiento político de los “apoyos”

Imágenes: TV Azteca   Apenas el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” tomó el poder en México en diciembre de 2018, como por arte de magia y con apabullante celeridad en Veracruz fueron liberados varios de los principales sátrapas que destrozaron la entidad entre 2010 y 2016. Entre ellos, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita. El ex funcionario que fue intocable e inamovible durante el tiempo que Javier Duarte de Ochoa tuvo en sus manos las riendas del poder en la entidad había sido detenido e ingresado en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, a principios de febrero de 2017, a dos meses de iniciado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que comenzó con ello una “cacería” de duartistas que, al menos en el caso de Bermúdez, tenía sólidos elementos por su vinculación con diversos crímenes en agravio de la población, como la desaparición de cuatro jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a la deli

  Fotografía: Reuters En un hecho verdaderamente insospechado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una moción para retirar los cargos por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido apenas a mediados del pasado mes de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA). Como se expuso en la entrega de la Rúbrica titulada “Crisis militar” referida a este caso, la aprehensión de Cienfuegos unos pocos días antes de las elecciones presidenciales en la Unión Americana respondía más a su agenda política interna que a la exterior, al grado que unos días después de la detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó públicamente su molestia por la ausencia de cooperación con el gobierno de México. Existen razones de peso para esa reacción: la detención causó un profundo malestar en el Ejército me

  Fotografías: archivo Las elecciones federales y locales que se celebrarán en México el año entrante serán, como ya es sabido, determinantes para el futuro inmediato del país, además que por el número de candidaturas en juego serán las más grandes de la historia hasta la fecha. En total, estarán en disputa 21 mil 368 cargos de elección popular en los comicios de 2021, entre los que sobresalen las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, siendo estas últimas las que despiertan mayor interés –y ambición- entre los partidos políticos y sus grupos de poder a nivel local. Es desde los estados de la Republica que estos grupos de interés desarrollan y afianzan su influencia y permanencia en la arena política y por ello, a los que ya los tienen en sus manos les resulta fundamental mantenerlos; así como arrebatarlos o conquistarlos a los que están disputando esos cotos de poder local. Es en ese contexto que el pasado 6 de noviembre de 2020 el Consejo General