RÚBRICA

  Vaya embrollo en el que están metidos en la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde no salen de una cuando ya están metidos en otra. La SEV es una de las dependencias más importantes y sobre todo, más delicadas de la administración estatal. Tanto por el enorme presupuesto que maneja –el mayor de todas las secretarías de Veracruz- como por su número de empleados, que incluye a todo el magisterio de la entidad. Por esa razón, su manejo requiere no solo capacidad operativa para dirigir a un verdadero monstruo en términos burocráticos, sino también de una singular capacidad de interlocución con todos los sindicatos de maestros, que tienen orientaciones e intereses variopintos. La gobernadora Rocío Nahle decidió colocar al frente de esa sensible área a una persona de toda su confianza: Claudia Tello, a quien el sexenio pasado promovió dos veces para ser diputada federal por Xalapa –en donde sus electores, por cierto, no volvieron a saber de ella luego de los dos comicios e...

  El pasado 30 de enero, se publicó en la Rúbrica y en el portal informativo La Clave información acerca de una denuncia sobre un posible contubernio entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Género y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para mantener en la impunidad los casos de acoso y hostigamiento sexual en escuelas del estado, bloqueando las denuncias de las víctimas a las que se les somete a más violencia aún y a la revictimización desde las instancias encargadas de atender estos casos. En esa ocasión, se documentó cómo la Unidad de Género de la SEV les da ruta de primer contacto a las denuncias por acoso sexual y hostigamiento, para que al final no procedan y sean archivadas. A raíz de esa publicación, tres víctimas, una de ellas de acoso sexual y todas de acoso laboral, contactaron a quien esto escribe para denunciar que la situación por la que atraviesan es todavía más grave. Las maestras María del Carmen Carrill...

  Un argumento central en la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) es que su desaparición lo que afecta, en realidad, son los derechos de los trabajadores y no, como falazmente difundió el régimen obradorista, los “privilegios” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales ni siquiera rozó. No por nada, fueron los trabajadores del Poder Judicial federal los que encabezaron las protestas desde la semana pasada contra la decisión que, inevitablemente, aprobó un Congreso de la Unión dominado por infames legisladores levantadedos en su perjuicio. Una senadora que de última hora recuperó un gramo de cordura –para la de dignidad aún le faltaría admitir que avaló y participó en un gobierno que está destruyendo la democracia en México-, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, votó en contra de la infamia morenista para saciar los ánimos de venganza de López Obrador, bajo la base de que, efectivamente, lo que se desaparece son der...