RÚBRICA

  Fotografía: Cuartoscuro Junto con el desmantelamiento de instituciones públicas funcionales y la embestida contra la democracia y la división de poderes, el sometimiento del poder civil al militar será el peor de los legados que dejará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Contra su fachada de gobierno supuestamente “progresista”, “humanista” y de “izquierda democrática”, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” es, en los hechos, militarista como pocos que se recuerden en la historia reciente del país. Y quizás, hasta de la más antigua. Los militares han concentrado todo el poder los últimos cinco años. Son ellos quienes controlan los puertos y las aduanas –donde están los negocios de a de veras en este país-, construyen y administran las obras “insignia” del obradorato, y se han llenado las alforjas con las ganancias que todo lo anterior implica. Son hoy más que nunca una élite dorada y, sobre todo, blindada contra cualquier clase de rendición de cuentas...

  Fotografía: archivo Abanderar varias de las más sentidas causas sociales del país fue una de las claves del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de los candidatos de Morena en las elecciones de 2018. En especial, los temas de los normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos en todo el país fueron estandartes que calaron hondo en sectores sociales que buscaban reivindicaciones, respuestas y sobre todo, justicia ante un horror que llenó de luto y dolor al país en la última década. Cinco años después, la esperanza que los familiares de esas miles de víctimas pusieron en el obradorismo se ha esfumado. No solo porque el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación” no cumplió con sus promesas, sino porque abiertamente les dio la espalda y se puso del lado de los victimarios. La semana pasada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidió retirarse definitivamente de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –...

  Fotografía: archivo El tema que acaparó la agenda de la opinión pública este fin de semana fue el de las revelaciones que la periodista Peniley Ramírez hizo sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su columna publicada en el diario Reforma el sábado pasado, la periodista refirió el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual tuvo acceso en una versión sin testar, esto es, sin censura, a diferencia de la que hizo pública la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, tachada casi en su totalidad. En su texto, Peniley Ramírez señala que el informe establece que “casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, lo cual era lo más obvio, luego de ocho años sin rastro de ellos y a sabiendas de la forma salvaje en que operan las bandas del crimen organizado. Peniley Ramírez ad...

  Fotografía: archivo Además de resultar un distractor perfecto frente a otras grandes falencias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, la resurrección del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le devuelve al lopezobradorismo su “causa madre”, la narrativa con la cual socavó hasta la raíz al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero sin necesidad de ponerse muy quisquilloso, es evidente que las conclusiones a las que arribó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa son muy similares a las que se plantearon desde un principio: que los 43 normalistas fueron asesinados casi inmediatamente por un grupo delictivo y que hubo agentes de diferentes niveles de gobierno involucrados en el crimen. Y aquí es donde empiezan los verdaderos dilemas de quienes desde la oposición gritaban lo que hoy no se atreven ni a mencionar: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador clama que se trató de un “crimen de Estado”, lo que implicaría una acc...