RÚBRICA

  Aunque intentaron esconderlo y minimizarlo en la agenda pública, el desfalco en los Servicios de Salud de Veracruz ha terminado por explotar y a la gobernadora Rocío Nahle no le ha quedado de otra que denunciar, pues de lo contrario, sería omisa y, en consecuencia, cómplice. En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en contratos en los Servicios de Salud de Veracruz que suman casi mil 600 millones de pesos sin justificación, por lo cual, ordenó iniciar 24 investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, que abarca a la Secretaría de Salud estatal. Varias de las irregularidades son conocidas para quienes hayan seguido las denuncias que se presentaron -con poco eco- desde los partidos de oposición en el Congreso del Estado durante el sexenio pasado: contratación por adjudicación directa de empresas sancionadas y cuestionadas por prácticas corruptas, de reciente ...

  Fotografía: archivo Lo que tiene fuera de sí al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del escándalo de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón es, sobre todo, la evidencia de que el discurso anticorrupción que enarbola y que ha sido su única bandera política, es mera retórica vacía. Aunque la mansión texana del “Junior del Bienestar” no es ni de cerca la única certeza que existe sobre los actos de abierta corrupción que campean en el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Año con año, los órganos fiscalizadores muestran que no están lejos de las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, a los que tanto les gusta aludir para farfullar que “no son iguales”. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 presentado este domingo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de ello: precios inflados, sobrecostos e irregularidades que abiertamente demuestran hechos de muy probable corrupción, pueblan la prá...

  Fotografía: archivo Para algunos más que para otros, la pesadilla y los saldos del infame gobierno de Javier Duarte están lejos de haber quedado en el pasado. La noche de este miércoles, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos provenientes de fondos del sector educativo en el año 2012. Se trata de un viejo proceso derivado de una muy recurrente práctica de aquella administración –hasta ahora, comprobadamente la más corrupta de la historia de Veracruz- conocida como la “licuadora”, en la que se tomaban recursos etiquetados de diferentes aportaciones presupuestales federales, se colocaban en una cuenta concentradora y se perdía el rastro del fondo al cual pertenecían y el rubro al que debía dirigirse su gasto. Concretamente, el recurso era desviado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por lo cual la Auditor...

  Fotografía: archivo La descomposición al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz ha alcanzado niveles que van más allá del pasmo. Exhibidos los malos manejos que se cometen descaradamente en la actual administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado –operados por la directora de Administración Joana Marlén Bautista, solapados por la presidenta Isabel Inés Romero Cruz y coordinados por el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, al interior de ese poder constitucional se desató una guerra sin cuartel en la que, de una ironía trágica, no les ha importado violar repetidamente la legalidad a quienes tienen la responsabilidad y la obligación de hacerla valer. “Sin pelos en la lengua”, como ha sido siempre su manera de ser, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros confirmó en fecha recientes lo que, de cualquier forma, era má...

  Fotografía: Poder Judicial del Estado de Veracruz Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos los niveles, valga decir. Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público. El miércoles de la semana pasada, en este espacio se refirió cómo la directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, se constituyó como el verdadero “poder tras el trono” pues representa los intereses del subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerre...