EL “LOZOYA” VERACRUZANO Y LOS SALPICADOS
Fotografía: archivo |
Para algunos más que para otros, la pesadilla
y los saldos del infame gobierno de Javier Duarte están lejos de haber quedado
en el pasado.
La
noche de este miércoles, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal
Federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier
Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos provenientes
de fondos del sector educativo en el año 2012.
Se trata de un viejo proceso derivado de una
muy recurrente práctica de aquella administración –hasta ahora, comprobadamente
la más corrupta de la historia de Veracruz- conocida como la “licuadora”, en la
que se tomaban recursos etiquetados de diferentes aportaciones presupuestales
federales, se colocaban en una cuenta concentradora y se perdía el rastro del
fondo al cual pertenecían y el rubro al que debía dirigirse su gasto.
Concretamente, el recurso era desviado del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por lo cual la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) presentó varias denuncias desde 2014, las cuales nunca
fueron atendidas ni procesadas por la entonces Procuraduría General de la
República del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los fiscales que llevan la carpeta de
investigación activada actualmente señalan que los dos mil millones de pesos desviados
proceden de una “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No
Regularizables” del 12 de diciembre de 2012, dinero que fue transferido a la
“licuadora” de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de ahí “quién sabe” a
dónde. A lo mejor en Londres o en el Reclusorio Norte sepan.
Lo relevante del caso, más que el monto
reclamado –bastante poco, si tomamos en cuenta que en total se desviaron más de
50 mil millones de pesos en el sexenio duartista- y el “modus operandi” –muy conocido-
es que los imputados son solamente los ex secretarios de Finanzas Tomás Ruiz
González y Fernando Charleston Hernández, así como el ex subsecretario de
Finanzas Gabriel Deantes Ramos y un funcionario menor, el ex subdirector de
Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Francisco Díaz Valenzuela.
En cambio, uno de los principales operadores del
descomunal desfalco a los veracruzanos de ese infausto sexenio aparece no del
lado de los perseguidos –como debiera ser- sino de los acusadores: el ex
tesorero Tarek Abdalá, quien tenía en sus manos la facultad de decisión
plenipotenciaria para disponer discrecionalmente de esos recursos –por encima
de los mismos titulares de la Sefiplan- gracias a la enorme cercanía que tenía
en ese momento con el matrimonio Duarte-Macías.
Para evitar la cárcel, Tarek Abdalá decidió “cantar” y
embarrar con su propia mierda a propios y extraños –incluidos sus “queridos
amigos” Karime y Javier-, al grado de “salpicar” a quienes ni siquiera les
pedía parecer para hacer lo que le viniera en gana con los recursos del erario
veracruzano.
El problema es que están colocados en una misma bolsa ex
funcionarios probadamente corruptos y mafiosos como Gabriel Deantes y otros
como Fernando Charleston, cuyo fugaz paso por la Secretaría de Finanzas
duartista se debió precisamente a que no estuvo dispuesto a hacerse “de la
vista gorda” y menos a comprometerse ordenando directamente desviar los
recursos para financiar las francachelas y amoríos de Javier Duarte o los
caprichos de “Special K”. Para su infortunio, no alcanzó a irse a tiempo.
Lo más indignante es que un ladrón cínico como Tarek Abdalá
anda como la “fresca mañana”, gracias a que el 31 de octubre de 2018 consiguió inmunidad
penal puesto que negoció un “criterio de oportunidad” con la Fiscalía General
de la República para incriminar a sus ex compañeros en ese gobierno.
La
misma ruta de Emilio Lozoya: acusar –sin necesidad de probar- para lograr
impunidad. ¡Bonita la “justicia” a la mexicana!
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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