ALERTA DE GÉNERO Y OMISIONES DEL ESTADO
Fotografía: archivo |
Contrario al triunfalismo y a la repetición
sistemática de la versión de que los feminicidios y en general la violencia
contra las mujeres van a la baja, Veracruz se mantiene entre los estados
punteros en agresiones y asesinatos de todo el país.
En su reporte de finales de septiembre, el
Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana
dio a conocer que la entidad mantiene el tercer lugar nacional en número de
feminicidios, con un total de 50 al 31 de agosto, 19 más que los registrados al
corte de finales de julio. Y ya veremos el acumulado del recuento de
septiembre.
Además, los municipios de Emiliano
Zapata, Papantla, Tuxpan y Veracruz se ubican entre los 100 con más feminicidios
del país, mientras que la entidad ocupa los segundos lugares nacionales en
cuanto a secuestro de mujeres con 14, extorsión con 221 y violencia de género
con mil 56, solo por debajo del Estado de México.
Reiterando que se trata de cifras que
reflejan lo acontecido hasta agosto, lo que vemos es una estadística
escalofriante y aterradora que, por otra parte, es congruente con lo que
cotidianamente se informa en los medios de comunicación: la violencia
indiscriminada y sistemática en contra de las veracruzanas, de la que nadie
desde el sector gubernamental se hace cargo.
Son las asociaciones civiles –las que no
están cooptadas ni buscando “huesos” en las administraciones federal, estatal y
municipales, por supuesto- las que están poniendo el “dedo en la llaga” de las
omisiones del Estado sobre esta oleada asesina de mujeres en Veracruz. Causa de
la que el autoproclamado régimen de la “cuarta transformación” se “colgó” en
sus tiempos de movimiento opositor y de la que nada quiere ya saber ahora que
es gobierno.
Veracruz tiene dos declaratorias previas: la
primera fue emitida el 23 de noviembre de 2016 –todavía en el anterior sexenio
federal, por aquello que los ignorantes y convenencieros dicen que la lucha de
las mujeres comenzó en 2018-, a partir del contexto de violencia contra mujeres
que existía en el estado, luego del nefasto gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El instrumento fue declarado para los municipios
de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre,
Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa, Tuxpan y Veracruz. Estos dos
últimos se encuentran, cinco años después y como ya se señaló, entre los 100
con más feminicidios de todo México.
La segunda declaratoria data del 13 de
diciembre de 2017, al acreditarse un agravio comparado ante las restricciones a
los derechos humanos de las mujeres derivadas de Código Penal del Estado y de
la falta de implementación de la Norma Oficial Mexicana 046, referente a
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y los criterios para la
prevención y atención por parte de personal de salud. O dicho más claramente,
por la negativa del Congreso del Estado a debatir acerca de la despenalización
de la interrupción del embarazo, omisión que fue finalmente subsanada apenas en
julio pasado. Casi cuatro años después.
Las
razones esgrimidas por las asociaciones civiles para solicitar una tercera
alerta de género para la entidad sostienen que las acciones tomadas a partir de
la emisión de la primera en noviembre de 2016, han sido insuficientes para
reducir la violencia feminicida en Veracruz.
Aseguran
también que existe una indebida clasificación de las muertes violentas de
mujeres, pues son categorizadas en la mayoría de los casos como homicidios
dolosos y no como feminicidios por la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo
cual fue puesto en práctica específicamente a la llegada de Verónica Hernández
Giadáns al organismo, ya que al gobierno de Cuitláhuac García le urgía reducir
las cifras. Que no los hechos de violencia.
Los
organismos civiles puntualizan en su solicitud que existe un contexto diferente
al de 2016, ya que los feminicidios son perpetrados por actores y a través de
formas distintas a las originalmente consideradas para emitir la primera Alerta
de Género en el Estado.
El Tribunal Colegiado señaló que “no es
posible afirmar que los hechos en que descansa la nueva solicitud ya fueron
analizados, pues es razonable que se denuncie un contexto criminal diverso, al haber
transcurrido cinco años a partir de la anterior solicitud y emisión de la
Declaratoria de Alerta de 2016, de modo que, por el lapso transcurrido es
lógico considerar que existan diversos grupos criminales en la entidad y cuyas
modalidades para la comisión de los delitos son modificadas, en aras de evadir
las medidas previamente implementadas por el Estado para mitigar los actos de
violencia cometidos contra las mujeres y niñas de la entidad”.
Este fin de semana, la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que
la solicitud fue declarada como admisible y publicada para la conformación del
Grupo de Trabajo que analizará la petición.
Razones para que sea admitida y declarada la tercera
alerta sobran. El problema es que si la actitud del gobierno en sus tres
niveles se mantiene como hasta ahora, banalizando las demandas, maquillando las
cifras de la violencia y construyendo una narrativa de criminalización de las
mujeres para evadir sus propias responsabilidades, omisiones y culpas, pues
tampoco servirá de mucho.
A menos, claro, que la sociedad civil –a la
que tanto odia la “4t” porque no la puede manipular ni someter- haga valer su
voz.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario