RÚBRICA

  Los sucesos violentos del pasado viernes son un reflejo nítido del momento por el que pasa el país y pudiesen constituir un parteaguas de proporciones no estimadas aún. En el poblado de Texcaltitlán, en el Estado de México, transcurría una escena que es familiar en muchas otras localidades de todo el país: un grupo criminal que se presentaba a cobrar “derecho de piso” a los productores agrícolas del lugar. Esto es, el pago forzoso a los delincuentes de un porcentaje de las ganancias generadas por su trabajo. Sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe, cuando los sicarios anunciaron que el porcentaje se iba a incrementar la situación se les salió de control, pues los pobladores se les fueron encima a balazos y machetazos. El saldo final fue de 14 personas muertas, 11 de las cuales pertenecían al bando de los delincuentes mientras que tres eran vecinos del lugar. La decisión de los pobladores de jugarse la vida –y algunos, perderla- para ponerle un alto a las extorsiones y amenaz

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Tribunal Federal Electoral) ha sido una de las instituciones fundamentales, junto con el IFE/INE, para la transición que permitió la democratización paulatina de México tras 70 años ininterrumpidos de “dictadura perfecta”. Desde su creación hace apenas poco más de dos décadas, el Tribunal Electoral le ha dado certeza a la justicia electoral y, en consecuencia, a los resultados de los diferentes comicios que se han celebrado desde entonces, al dirimir las controversias presentadas por los actores políticos e incluso por otros organismos electorales, federales y locales. La calificación de las elecciones y la definitividad de las sentencias del Tribunal Electoral han evitado un sinfín de conflictos post-electorales y han contribuido a mantener la estabilidad política del país. No es exagerado afirmar que es una de las instituciones más importantes de México. Pero todo lo anteriormente mencionado solo ha sido posible p

  El lamentabilísimo despliegue de deshonestidad, autoritarismo, ilegalidad y corrupción que presenció el país la semana pasada con los acontecimientos en Nuevo León no es poca cosa. Representa un aviso para 2024. No solo quedó completamente expuesta la verdadera naturaleza de Movimiento Ciudadano como comparsa de Morena para las elecciones del año entrante. Se evidenció la tentación latente por pasar completamente por encima de la ley para imponer decisiones autoritarias y violadoras de cualquier clase de limitante jurídica. El fallido aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio rienda suelta a las más simiescas prácticas al enderezar un “golpe de Estado” de facto contra los poderes en su entidad. Primero, con la irrupción de un grupo de porros emecistas en el Congreso neoleonés que intentaron reventar la sesión en la que se designó gobernador interino; luego, al prácticamente secuestrar la sede del Ejecutivo estatal con un despliegue policiaco gro

  Cuando el gobernador Cuitláhuac García afirma que en el pasado no tan lejano se llevaban a cabo elecciones de Estado de Veracruz, no le falta razón. En la tradición del viejo régimen, prácticamente no había diferencia alguna entre el gobierno y el partido oficial. Eran uno mismo. Así que los recursos públicos de las diferentes administraciones se trasladaban de manera cuasi natural a los candidatos, las estructuras partidistas y los operadores electorales para que, invariablemente, ganaran los abanderados del régimen en turno. Eso es lo que caracteriza a una elección de Estado. Además, conforme a una muy mexicana costumbre, el titular del Ejecutivo –el presidente, el gobernador- buscaba designar a su sucesor. Y si bien no siempre conseguía dejar a su favorito, siempre tomaba la decisión de favorecer a quien hubiese sido el –porque en ese tiempo no había espacio para ellas- beneficiado por la circunstancia. El presidente de la República era el gran elector por excelencia de las

  Las precampañas presidenciales iniciaron oficial, formal y legalmente apenas el pasado lunes. Aunque la realidad es que una de las aspirantes, Claudia Sheinbaum, lleva dos años en campaña ilegal, y la otra, Xóchitl Gálvez, terminó obligada por las circunstancias a hacer lo mismo este año. Bajo ese estigma de ilegalidad es que arrancó el proceso por medio del cual se renovará la Presidencia de la República, en medio de un ambiente de fuerte tensión y polarización, y ante la claridad de que se avecina una elección de Estado como no se ha visto en los últimos 25 años en México, por lo menos a nivel federal. Aun cuando los mensajes de los aspirantes se presentan como dirigidos a los militantes de los partidos que realizan las nominaciones, en los hechos se dirigen a la población abierta, pues en ningún frente, incluido Movimiento Ciudadano, hay competencia alguna. Son precampañas de candidaturas únicas, lo que despide un innegable tufo setentero, lopezportillista, muy acorde con la r

  Como la gran mayoría de los aspirantes morenistas a cargos de elección popular –con sus contadas excepciones-, la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz solo se sostiene por la decisión cupular de imponerla a toda costa, y por la acción del aparato del Estado para favorecerla ilegalmente. Sin arraigo ni cercanía alguna con la población –ni siquiera con la de Coatzacoalcos, donde solo eventualmente llega a poner un pie para “demostrar” su “residencia”-, la política oriunda de Zacatecas depende por completo del poder de la marca a la que está adscrita: el obradorismo. Es en lo único que finca su posibilidad real de alcanzar la primera magistratura del estado de Veracruz. Sin eso, ni en sueños. Su propio contendiente en el proceso interno para determinar la candidatura de Morena a la gubernatura, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se encargó de recordarle en estos días que el ganador de la encuesta fue él, y que su eventual nominación a la primera fórmula del Senado d

A la oposición en Veracruz parece que no le corre prisa por definir a quién postulará para disputar la gubernatura. Mientras bien que mal el morenato ya definió que sea Rocío Nahle su candidata –con todos los bemoles que puedan ponérsele-, los partidos de la coalición opositora avanzan a paso de hipopótamo enfermo, cediendo espacios que después será muy difícil recobrar. Sí, es cierto que los tiempos legales aún les dan margen para tomar la decisión. Pero así como ocurrió en el caso de la candidatura presidencial, los tiempos políticos son otros y Morena ha tomado ventaja adelantando los procesos. Ilegalmente, también es cierto. Pero como las autoridades electorales quedaron rebasadas, han salido impunes y como haya sido, sus candidaturas más importantes están definidas. Y abiertamente en campaña. En Veracruz, la coalición opositora sigue entrampada entre los intereses de las dirigencias y la ausencia de acuerdos en la mayoría de los casos. Más preocupados por sus grillas interna

  A pesar del triunfalismo que quieren aparentar, la realidad es que el proceso interno de Morena para definir a sus candidatas y candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en disputa en 2024 evidenció la debilidad con la que arriban a las campañas, con fracturas que aun cuando se intentan ocultar, jugarán un rol que llegará a ser determinante. Quizás el caso más emblemático es el de la Ciudad de México. La imposición de Clara Brugada como “coordinadora de defensa de la transformación”, con todo y que fue ampliamente superada en las encuestas por “el policía” Omar García Harfuch, es una gran derrota para Claudia Sheinbaum, quien ni siquiera en el territorio que gobernó pudo decidir sobre su sucesión, imponiéndose en cambio el “ala dura” del morenismo. Y los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es poca cosa que una candidata presidencial con amplias posibilidades de ganar sea humillada de esa manera por su propio partido. Es un tremendo signo de fragilidad y au

  Como se previó en este mismo espacio, Morena buscó una salida para ungir a Rocío Nahle como su virtual candidata a la gubernatura de Veracruz, aun cuando no ganó la encuesta interna para ser nombrada “coordinadora estatal de defensa de la transformación”. La tarde de este jueves, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena difundió un acuerdo en el que se decidió que “si los resultados de los procesos internos de organización arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo” el “equilibrio de género”, el órgano partidista competente realizará “los ajustes necesarios para que se cumpla con la paridad de género con las mujeres mejor posicionadas en las encuestas”. Dicho de otra manera. En varias entidades fueron hombres los que ganaron las encuestas y Veracruz, hasta donde se sabe, es una de éstas. Así que por “dedazo”, la dirigencia nacional de Morena determinará a quien sea finalmente la candidata, tomando como base –y salida de emergencia- el acuerdo de paridad de género

  Las protestas de los dos últimos días en la capital del estado de Veracruz desnudaron –otra vez- la incompetencia y, sobre todo, la indolencia del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, específicamente, respecto del tema de los desaparecidos en el estado. Desde el lunes, más de 30 colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado de Veracruz tomaron el palacio de gobierno y las calles del centro y la salida de Xalapa a Veracruz puerto demandando una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns y con los titulares de las instituciones que conforman el Mecanismo Estatal de Coordinación (MEC). En su posicionamiento público, los colectivos expresaron “nuestra consternación ante la lentitud en los avances para localizar e identificar a nuestros seres queridos. Vemos que los procesos de búsqueda, recuperaciones e identificación están tardando años para lograr notificaciones y restituciones”. Señalaron que

  Emulando los “mejores” tiempos de su “abuelo” el PRI, los “levantadedos” diputados obradoristas aprobaron este lunes en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que, sin ambages ni medias tintas, lo que busca es meterle dinero a la política electoral durante el proceso de 2024. La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gaste la friolera de nueve billones 66 mil 45 millones de pesos –con endeudamiento de dos billones de por medio-, en año de elecciones presidenciales concurrentes con la renovación del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas. Prácticamente un cheque al portador para que el régimen lo use para influir en los comicios a través de lo único que sabe hacer: política clientelar. El monto total aprobado al grupo de “Desarrollo Social” del Presupuesto federal asciende a cuatro mil 384 millones 582.4 pesos, que es lo que se dispondrá para el pago de las pensiones para adultos may

  Más que suspicacias ha generado la decisión de Morena de aplazar el anuncio de los resultados de sus encuestas para definir a sus “coordinadores estatales de defensa de la transformación”. O sin eufemismos ni payasadas para burlar la ley, a sus candidatos y candidatas a las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024, entre éstas la de Veracruz. Originalmente, estaba previsto que este lunes 30 de octubre se dieran a conocer los resultados y a los ganadores de las dichosas encuestas. Pero el pasado viernes, a través de un escueto comunicado, Morena dio a conocer que pospone hasta el 10 de noviembre el anuncio, sin ofrecer mayor explicación del porqué, lo que de inmediato provocó fundadas sospechas de que el proceso se les salió de las manos. La justificación que algunos voceros salieron a dar, en el sentido de que la demora era para ayudar a los damnificados por el desastre dejado por el huracán “Otis” en Guerrero es tonta y falaz. Todos los aspirantes morenistas han continuado co

  El desastre dejado por el huracán “Otis” a su paso por Guerrero ha sacado a la superficie mucha de la antológica miseria que ya se le conoce a la clase política de este país, pero que resulta especialmente repugnante cuando de lucrar con una tragedia se trata. Tanto del lado oficialista como del opositor, se han antepuesto –con sus raras excepciones- los intereses políticos por encima de los de miles de personas que lo perdieron todo y que se encuentran desesperadas, en una situación que se torna caótica y que podría escalar aún más si no se ofrecen salidas a lo que claramente constituye una emergencia humanitaria. Aunque se ha visto obligado a dejar que fluya con menos restricciones, la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que los militares acaparasen la entrega de todos los apoyos enviados para los damnificados fue manifiesta desde el inicio de la emergencia. “Q ueremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretar

  Desde que el régimen obradorista decidió desaparecer el fideicomiso con el cual se financiaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) –para apoderarse de ese dinero y destinarlo a programas clientelares y a obras como el Tren Maya-, cada que hay una contingencia ambiental que resulta en un desastre para la población, se le recuerda su irresponsable y hasta criminal decisión. La respuesta automática es que en el pasado, el Fonden fue un pozo de corrupción, pues sus multimillonarios recursos fueron tomados por otros gobiernos para financiar campañas y engrosar fortunas. Lo cual es relativamente cierto. Tanto así, que muchos de los que incurrieron en esas trapacerías siguen activos en política… dentro de Morena. Así que ellos les podrían platicar. Sin embargo, la falacia salta a la vista. El corrupto no era el mecanismo ni el fideicomiso, sino el político que le metía la “uña al cajón”. Lo cual habría podido solucionarse tan “fácil” como erradicar esas prácticas en el gobierno de A