FISCALIZACIÓN DE MENTIRITAS

En general, desde que se institucionalizó hace poco más de dos décadas la fiscalización de los recursos públicos a través de organismos oficiales especializados y formalmente “autónomos”, nunca ha funcionado para castigar los excesos y corruptelas de autoridades y servidores públicos. Si acaso, ha sido un instrumento de coerción, principalmente contra alcaldes.

Cada año se anuncia cuánto dinero del dispuesto por los diferentes organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno presenta irregularidades, se distribuyen responsabilidades preliminares y después comienza un largo recorrido administrativo en el que buena parte de los casos termina diluyéndose.

Las propias cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) acumulaba este año 361 denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De estas, apenas diez habían llegado ante un juez. Otras 72 habían terminado con determinaciones de no ejercicio de la acción penal. El puro petate del muerto, pues.

Sin embargo, este 2026, en su despedida del cargo tras siete largos e improductivos años al frente del Orfis, la ahora exauditora Delia González se voló la barda.

En el informe de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año completo del gobierno de Rocío Nahle García, el Orfis determinó un probable daño patrimonial global por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos, cifra que parece enorme… hasta que se revisa en dónde están concentradas las observaciones.

Mientras más de dos mil 700 millones fueron fincados como probable daño patrimonial a los ayuntamientos veracruzanos, al gobierno estatal solamente se le determinaron irregularidades por la ridícula suma de ¡cuatro millones 200 mil 401 pesos!, distribuidos en 17 entes de la administración de Rocío Nahle, además de inconsistencias administrativas en otros 63.

Ninguna secretaría de despacho del Poder Ejecutivo de Veracruz apareció con presunto daño patrimonial. O lo que es lo mismo, mientras los ayuntamientos quedaron bajo una montaña de observaciones, el aparato central del gobierno de Veracruz prácticamente salió “impoluto”, sin que se le tocase ni con el pétalo de un coscorrón administrativo por el mal manejo del dinero. Inverosímil, absurdo y pestilente a corrupción.

Delia González Cobos incluso “explicó” el resultado como “evidencia” de que existía “un buen manejo de las finanzas”. Pero en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por ejemplo, se detectaron subejercicios, deficiencias físicas, plazos vencidos y problemas en proyectos. Pero ninguna de las irregularidades reportadas fue determinada como daño patrimonial.

Estos resultados parecen más bien la última carta que jugó González Cobos, luego de meses haciendo campaña con recursos públicos, para ganar el favor de Rocío Nahle y que la haga candidata de Morena a una diputación. Sin escrúpulos ni vergüenza.

Y si alguien esperaba que el relevo en el Orfis sirviera para recuperar credibilidad, los acontecimientos apuntan en sentido contrario.

El Congreso de Veracruz eligió el viernes pasado a Eric Domínguez Vázquez como auditor general del Orfis para los próximos siete años. Empero, el nuevo fiscalizador no llegó desde una institución académica, desde un despacho independiente de auditoría ni desde fuera de la estructura gubernamental. Hasta prácticamente el momento mismo de su designación, cobraba como subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del mismísimo gobierno de Rocío Nahle.

Así que de administrar el dinero público dentro del gobierno estatal, pasó directamente, sin escalas, a encabezar el organismo encargado de fiscalizarlo. No hace falta demasiada imaginación ni perspicacia para advertir el problema institucional y, sobre todo, el conflicto de interés que eso representa.

Pero por si no bastase, antes de llegar a Sefiplan, Eric Domínguez fue presidente municipal de Papantla. Y su administración estuvo sujeta a varias observaciones. Incluso se documentaron señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del ejercicio 2024 por alrededor de 56.9 millones de pesos.

Ése es el perfil del nuevo responsable de pedirle cuentas al gobierno estatal, a los otros dos poderes del estado y a los 212 ayuntamientos.

En paralelo, hay un contraste que puede resultar más incómodo para el gobierno de Rocío Nahle, ya que desde la Federación comenzaron a llegar señales diferentes.

Este lunes 28, la gobernadora reveló que la ASF solicitó al Gobierno de Veracruz las listas de asistencia de todos los maestros de la entidad para revisar posibles irregularidades en la nómina educativa, entre ellas casos de docentes con doble plaza y, según relató la propia mandataria, registros de personas fallecidas que continuarían apareciendo en nómina. En realidad, nada fuera de lo común. Incluso, algo muy atendible.

Lo insólito es que Nahle reaccionó calificando el requerimiento de “absurdo” y “una locura”. Incluso afirmó que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, pese a ser originario de Xalapa, “no conoce Veracruz”. Cosa que suena a una macabra ironía.

Lo que es un hecho es que lo que les gusta, lo suyo, es la fiscalización de mentiritas. Porque de rendir cuentas, ni hablar.

 

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