LA COMPETENCIA POR VER QUIÉN BURLA MEJOR LA LEY

 

Otro de los principales “logros” de la llamada “cuatroté” de los últimos ocho años es que las campañas electorales ya no comienzan cuando lo establece la ley, sino cuando se les da la gana a los políticos.

La simulación se ha convertido en la regla. Morena encontró una fórmula tan burda como efectiva para adelantar sus procesos de selección de candidatos, promover personajes, movilizar estructuras y posicionar aspirantes sin reconocer formalmente que está haciendo campaña: las llamadas “coordinaciones de defensa de la transformación”.

El nombre es, en realidad, lo de menos. Podrían llamarlas “coordinaciones de la esperanza”, “brigadas de la revolución obradorista” o con cualquier otra denominación cursi y grandilocuente. El propósito político sería exactamente el mismo: colocar anticipadamente en la competencia electoral a quienes buscarán cargos públicos, darles exposición, construirles estructuras territoriales y generarles ventajas frente a sus eventuales adversarios.

Todo ello, por supuesto, bajo la coartada de que se trata de actividades “internas” de organización partidista. Un cuento que pretende aparentar legalidad en lo que, por sus características y objetivos, constituye una violación a las disposiciones sobre precampañas y campañas electorales que originalmente fueron impulsadas, para mayor ironía y absurdo, por la propia izquierda partidista cuando era oposición.

En medio de este circo, las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas parecen haber decidido que es preferible hacerse de la vista gorda antes que enfrentar a quienes las violan descaradamente. Es verdaderamente escandaloso que el Instituto Nacional Electoral, organismo que debería poner orden, esté más interesado en encontrar argumentos para justificar su pasividad que en ejercer sus facultades de fiscalización y vigilancia.

Morena no inventó las trampas electorales, evidentemente. Pero las aprendió muy bien de su abuelo, el PRI, y las ha perfeccionado hasta convertirlas en un mecanismo de operación política, propaganda y proselitismo permanentes. Y como ahora es el partido en el poder y concentra el mismo de manera apabullante y autoritaria, dispone de una maquinaria de promoción y movilización a la que sus adversarios no pueden ni aspirar siquiera.

El calendario electoral se ha convertido prácticamente en un adorno. Los periodos de precampaña y campaña, contemplados hasta el próximo año en la norma electoral, son una formalidad lastimera, porque a nadie le importan ni pretenden esperarse a que lleguen los tiempos legales. Y lo más grave es que lo que comenzó como una estrategia del oficialismo terminó contaminando a todo el sistema de partidos.

La oposición, en lugar de exigir con firmeza el cumplimiento de la ley y mantenerse al margen de estas prácticas, ha comenzado a reproducirlas con sus propias fórmulas de simulación. Y es que nadie quiere quedarse atrás ni está dispuesto a concederle al adversario meses de ventaja en posicionamiento y organización. Así que si la autoridad permite que unos adelanten sus campañas de manera artera y grotesca, los demás encuentran el pretexto perfecto para hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no habrían de hacerlo ellos también?

Es la competencia por ver quién burla mejor la ley. Y el resultado es perverso: la ilegalidad deja de ser una excepción que debe sancionarse, para convertirse en una práctica “normalizada”, justificada bajo el argumento de que todos la realizan, mientras el árbitro, alguna vez confiable y profesional, se ha vuelto parte del mismo lodazal.

Por lo mismo, hay una proliferación de campañas adelantadas sin fiscalización alguna. En estados como Veracruz y Puebla es grosero el dispendio de recursos, tanto públicos como de procedencia menos clara, en la promoción de aspirantes que, sin esa inyección de dinero, sin el respaldo de amplias y bien aceitadas estructuras de poder, convocarían a sus actos proselitistas a menos personas que un perro atropellado.

Lo peor es que esa gente, con esas credenciales (in) morales e ínfima estatura política, busca llegar a ocupar una curul en donde se hacen las leyes o a tomar decisiones desde una alcaldía o una gubernatura, afectando la vida de miles de mexicanos.

Y mientras corren ríos de dinero para la política, no hay ni para un pinche curita en un hospital.

 

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