¿CON QUIÉN SE QUEDA EL INE?

 

La destrucción de las instituciones democráticas en México llegó a su punto culminante con el golpe mortal asestado al Instituto Nacional Electoral.

El obradorato se propuso desde su ascenso al poder desmantelar todo indicio de contrapeso democrático y siempre tuvo en la mira al INE, al que decidió invadir y someter desde dentro para hacerlo implosionar. El escándalo que terminó por sacar de la presidencia del organismo a Guadalupe Taddei Zavala no es sino otro de los clavos que están terminando de cerrar su ataúd.

Lo que ha quedado al descubierto no es solamente una trama de contratos millonarios, relaciones personales comprometedoras y presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias. Es la podredumbre de una institución que fue colonizada por el régimen hasta convertirla en una caricatura de aquel organismo autónomo que alguna vez representó la posibilidad de elecciones auténticamente libres y competidas en México.

Taddei no llegó por casualidad a la presidencia del INE. Su designación en 2023, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue resultado de un proceso político que favoreció a un perfil más que cercano al oficialismo, en un contexto en el que Morena ya había convertido el debilitamiento de los contrapesos institucionales en una prioridad.

Su llegada significó desde el principio un paso más en la captura de una institución que había sido uno de los principales obstáculos para las pretensiones hegemónicas del obradorismo. Desde entonces, las tensiones internas, las decisiones unilaterales, los nombramientos cuestionados, las disputas con otros consejeros y una actitud cada vez más complaciente y cínica frente a las estrategias electorales del partido gobernante fueron minando la credibilidad de un organismo que, paradójicamente, tenía como principal patrimonio la confianza ciudadana.

El INE fue dejando de comportarse como árbitro para convertirse en espectador de las violaciones a las reglas del juego democrático, o peor aún, en validador de decisiones inconstitucionales que demolieron el equilibrio y la división de poderes para otorgarle todo el poder al nuevo partido oficial.

Ahí están la ilegal mayoría absoluta que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regaló a Morena y aliados en la Cámara de Diputados; las campañas adelantadas disfrazadas de procesos internos con sus dizque coordinaciones de defensa de la transformación; la descarada promoción personalizada de aspirantes a candidaturas; el uso político de estructuras gubernamentales y la simulación con la que Morena ha conseguido anticipar sus procesos internos sin enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad de sus conductas.

A estas alturas, la credibilidad del INE está destruida. No solo por la vulgaridad de la corrupción de Guadalupe Taddei. También por la responsabilidad, activa o pasiva, de un Consejo General que permitió que la institución llegara a este extremo. Por las complicidades y la incapacidad de preservar la independencia del organismo frente a las presiones del poder. El deterioro institucional es colectivo y la confianza pública no puede reconstruirse mediante un simple cambio en la presidencia.

En otro tipo de país, una crisis de semejante magnitud tendría que provocar la salida de todos los integrantes del Consejo General y la integración de un nuevo órgano de dirección, con perfiles verdaderamente independientes, mediante un procedimiento transparente y ajeno a las cuotas partidistas. Pero eso no sucederá.

Quienes toman esas decisiones no tienen interés en reconstruir un árbitro independiente, sino en conservar su influencia sobre el mismo. Y el INE, tal como ha quedado configurado, resulta funcional para un régimen que necesita conservar la apariencia de competencia democrática mientras concentra cada vez más armas de control.

Todo esto ocurre mientras una parte considerable de la sociedad parece haberse acostumbrado a la demolición institucional. Se ha normalizado que los órganos autónomos sean desmantelados, que los contrapesos sean desaparecidos, que las reglas electorales se tuerzan mediante simulaciones y que los funcionarios encargados de hacerlas cumplir se hagan de la vista gorda. Incluso, a nadie escandaliza ya que los casos de rampante corrupción solamente tengan consecuencias –y eso, mínimas- cuando resultan útiles para las luchas intestinas del poder.

Costó décadas de lucha social y centenares de vidas humanas construir un árbitro que no dependiera directamente de los intereses del partido gobernante y organizara elecciones creíbles, parejas y con parámetros mínimos de democracia. En menos de una década, el obradorato lo ha pulverizado.

Los clavos del ataúd del INE ya están puestos. Estamos ante el punto final de todo el periodo de transición democrática iniciado en México desde finales de los años 80 y los 90 del siglo XX y el regreso a un sistema donde el poder pretende volver a decidir unilateralmente quién puede competir, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de ganar. Un retroceso histórico que, por la magnitud de lo que se perdería y las dificultades para reconstruirlo, será irreparable, en el corto y mediano plazo, para el país.

Sería una ingenuidad interpretar la caída de Taddei como resultado de un súbito interés del régimen por combatir la corrupción, exhibida, por cierto, por los medios de comunicación. Su salida debe leerse en el contexto de una lucha de poder dentro del propio régimen, donde las distintas facciones del morenato se disputan posiciones estratégicas de cara a 2027.

Así que no se trata en realidad de limpiar al INE, sino de decidir quién se queda con él.

 

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