EL ÁRBITRO DE LA VERDAD

 

El debate sobre la libertad de expresión que se ha abierto luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tiene un nodo central, y que no son propiamente los derechos de las audiencias, sino la pretensión de controlar desde el Estado, de manera discrecional, lo que se dice, publica y transmite en los medios de comunicación, en este caso los electrónicos tradicionales, pero que también alcanzaría, dicho por la propia presidenta, a la prensa escrita y a los medios digitales.

El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha buscado por todos los cauces posibles apoderarse de la narrativa pública e imponer una sola visión de la realidad desde hace casi ocho años. Para ello, construyó un poderoso –el más avasallante de la historia- aparato de propaganda vía las redes sociales y, sobre todo, la conferencia “mañanera”, donde el anterior y la actual titular del Ejecutivo no solo han difundido con enormes alcances sus acciones, planes y posturas, sino que se han dedicado a ametrallar a sus críticos, mediáticos y políticos, sin concederles jamás uno de los principales derechos de las audiencias: el de réplica.

Se trata de monólogos reforzados por impostores y usurpadores de la tarea periodística, que llevan la voz cantante para plantear lo que muchas veces es demasiado evidente que alguien más les instruyó preguntar en las “mañaneras”, en las que tienen un lugar asegurado, y donde solo de vez en cuando se permiten preguntas y periodistas reales, más para simular alguna clase de pluralidad que para garantizarla, pues ni López Obrador ni Sheinbaum contestan cuestionamientos fuertes o incómodos que desbaraten la versión oficial.

Al mismo tiempo, han degradado a los medios públicos hasta convertirlos en vergonzosos altavoces de la propaganda oficialista, desde donde también se denuestan periodistas y ciudadanos críticos de manera arbitraria, abusiva… y con cargo al erario.

A pesar de todo esto, el morenato no controla la narrativa pública. Por más que lo ha intentado, sus corruptelas, sus relaciones criminales y su incompetencia para gobernar han sido documentadas en medios y redes, lo que ha dado la pauta para la expresión de un todavía limitado, sin duda, pero creciente descontento por las condiciones en las que tiene al país.

Lo anterior, además de su odio enfermizo hacia su antiguo aliado, el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego –a quien no consideraban un hampón cuando les regalaba tiempo aire en su televisora para que López Obrador tuviese un espacio donde pontificar-, los llevó a dar el siguiente paso: buscar sancionar la “desinformación” y los contenidos que según el régimen sean “falsos” en medios electrónicos, vía los referidos lineamientos, que le confieren esa tarea a un organismo del propio gobierno, que será la última instancia para determinar lo que es “verdadero”.

La Comisión Reguladora de Radio y Televisión —un organismo subordinado al gobierno federal, que sustituyó al autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones tras ser destruido por el morenato— será la que interprete los alcances de conceptos tan amplios como “veracidad”, “distinción entre información y opinión”, “derechos de las audiencias” o “desinformación”. Es decir, el propio gobierno asumirá la facultad de convertirse en árbitro de la verdad.

¿Y quién vigilará al vigilante? ¿Quién decidirá cuando sea el propio gobierno el que mienta, algo que sucede a menudo? Porque esta regulación parte de una premisa profundamente equivocada: asumir que el Estado es un actor neutral, objetivo e inmune a la manipulación política. Más de 100 mil mentiras en la “mañanera” durante el sexenio pasado, los papelones del Sistema Público de Radiodifusión y su plataforma propagandista Infodemia, o los infames espacios “Quién es quién en las mentiras” y “Derecho de réplica” son prueba justa de este punto.

Por supuesto que es indispensable exigir a los medios y los periodistas de todas las plataformas mayor rigor en sus contenidos, más cuidado en el tratamiento de la información, la verificación de los datos que van a difundirse y la apertura a la publicación de la réplica de quien se sienta agraviado o afectado. Ya existen instrumentos jurídicos para hacer valer todo esto.

De eso, a que un organismo gubernamental decida unilateralmente qué es verdadero, qué es opinión y qué información, y quién tiene derecho a expresarse y cómo ejercerlo, hay una diferencia abismal.

La solución a este conflicto la dio, curiosamente, la propia Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron la semana pasada si sometería la “mañanera” a los mismos parámetros que quiere imponer a los medios, a lo que se negó tajantemente con un argumento impecable: quien no la quiera ver, “que no la vea”.

Justamente así. Esa es la prerrogativa que las audiencias tienen el poder de hacer valer si un medio incumple con su función o si sus contenidos simplemente no son del agrado del público.

Pero el gobierno que se dice “humanista” quiere tratarnos como menores de edad. O peor, como zombis descerebrados.

 

El “censo”

 

Y como no podía faltar el toque ¿veracruzano?, la gobernadora Rocío Nahle ahora impulsa que la sumisa Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas realice un “censo” de periodistas en el estado. Algo que, por cierto, contraviene lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sostiene que el ejercicio periodístico no debe estar sujeto a licencias, certificaciones o registros obligatorios.

¿Será que al final solo serán reconocidos como “periodistas” en Veracruz los textoservidores y matraqueros que aplauden a su gobierno y compiten por hacerle ver quién se arrastra más abajo del piso?

 

Email: aureliocontreras@gmail.com

X: @yeyocontreras