QUE LOS ENFERMOS ESPEREN
Algo muy grave está sucediendo con el manejo del
dinero público en Veracruz. Y no se trata solamente de gastar mucho, gastar mal
o de las prioridades cuestionables de una administración. El problema de fondo
es otro: la opacidad, el desorden administrativo y la ausencia de controles que
comienzan a convertirse en rasgos distintivos del gobierno de Rocío Nahle
García.
Los episodios se acumulan y cada uno resulta más
inquietante que el anterior. La remodelación del Palacio de Gobierno, la
sangría financiera descubierta en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
(UPAV) y ahora, la pretensión de que el Estado termine administrando un ingenio
quebrado que será rescatado con recursos públicos, parecieran asuntos
independientes unos de otros. Pero existe un hilo que los conecta: dinero
público, procedimientos oscuros y una preocupante discrecionalidad.
En una delirante contradicción, el pasado fin
de semana trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de
Xalapa decidieron hacer pública una crisis de desabasto de proporciones
mayúsculas no solo en ese nosocomio, sino en la mayoría de los centros públicos
de salud de Veracruz, en los que faltan medicamentos, material de curación,
insumos quirúrgicos, equipo y hasta los implementos más elementales para
atender a los enfermos.
El contraste con el dispendio en rubros en
los que el Estado no tendría por qué intervenir o el gasto suntuoso en
hermosear un inmueble para el deleite de la nueva “élite dorada” de la entidad
resulta insultante.
La remodelación de la sede del Poder Ejecutivo de
Veracruz comenzó envuelta en sombras. La gobernadora admitió apenas en julio
que los trabajos ya habían superado los 60 millones de pesos, pero hasta ahora
no existe una explicación pública suficientemente documentada de cuánto se ha
gastado, en qué se gastó, mediante qué contratos y quiénes recibieron el
dinero.
Para alimentar el “sospechosismo”, la Oficina de la
Gobernadora reservó la información sobre el costo de esos trabajos –que
incluyen la colocación de pisos de mármol y lujosos candelabros- con el
pretexto de que revelarla podría poner en riesgo la integridad de la propia Rocío
Nahle, sus colaboradores y los trabajadores del Palacio, sin explicar por qué. ¿Desde
cuándo conocer cuánto costó un piso, quién instaló una lámpara, cuánto se pagó
por impermeabilizar una azotea o qué empresa remodeló una oficina pone en
peligro la vida de una gobernadora? Solo ellos saben.
Algo que podría conducir a entender esta secrecía
es la relación con la Constructora e Inmobiliaria Karbbet, S.A. de C.V.,
empresa vinculada originalmente con los trabajos en Palacio de Gobierno, pero de
cuya participación en esa obra no aparecen públicamente el contrato ni el
expediente correspondiente. Según la información conocida sobre la ejecución
inicial de esos trabajos, los pagos incluso se habrían realizado en efectivo. Si
eso ocurrió así, la pregunta elemental es: ¿con fundamento en qué?
Karbbet no es una empresa desconocida para el
gobierno de Veracruz. Apenas en marzo pasado, la Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas de la administración de Nahle le adjudicó la rehabilitación
del estadio “Heriberto Jara Corona” en Xalapa por 59 millones 866 mil 181 pesos
con 78 centavos. El padrón de contratistas identifica como representante de la
compañía a Carlos Alejandro Lara. Aunque distintos reportes periodísticos han
relacionado también a Carlos Alejandro Abreu con la propiedad de la
constructora, que fue además la encargada de los trabajos realizados en la
calle Rafael Lucio, en pleno centro de Xalapa, donde el 4 de julio de 2024 murió
un adulto mayor vendedor de periódicos luego de ser arrollado por una
aplanadora de aproximadamente 16 toneladas.
Dos años después de ese trágico suceso, la misma
constructora obtuvo del gobierno estatal una obra que rebasó ya los 60 millones
de pesos de costo. Y en lugar de despejar dudas, el gobierno cerró toda la
información. Como ha sido costumbre de todos los gobiernos morenistas.
En medio de este panorama sobrevino la crisis del
Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, cuyo propietario, Grupo Porres, anunció
que ya no podía continuar operándolo. Entonces, por qué no, intervino el
gobierno de Nahle y finalmente se informó que la empresa “devolverá” la
factoría al gobierno federal, al que perteneció originalmente antes de ser
privatizada. La propia gobernadora ha dicho que la intención es que,
posteriormente, la Federación entregue el ingenio al Gobierno de Veracruz y
hasta se anunció la creación de un nuevo ente burocrático para operarlo.
Una cosa es proteger a los trabajadores y otra muy
distinta socializar las pérdidas de una empresa privada para después colocar
una factoría quebrada bajo el control de una administración cuya transparencia
financiera está severamente cuestionada. Y si la Federación rescata el ingenio con
recursos de todos los mexicanos, ¿por qué tendría posteriormente que
transferirlo al Gobierno de Veracruz? ¿Por qué su operación tienen que
financiarla todos los veracruzanos? Y sobre todo, ¿qué garantías existen de que
no terminará convertido en otro negocio para personajes cercanos, muy cercanos,
al círculo del poder estatal, con muchos intereses particularmente en ese ramo,
el del campo?
Entre tanto, la emergencia denunciada en el
CAE mostró con brutal claridad cuáles son las prioridades de una administración
que puede disponer de recursos para obras suntuarias, aventuras empresariales y
gastos políticamente rentables, pero que es incapaz de garantizar lo
indispensable para atender la salud de los ciudadanos. En Veracruz parece haber
dinero para el mármol de Palacio, para rescatar ingenios y crear burocracia que
los administre.
Pero para guantes, termómetros y material
quirúrgico, los enfermos tienen que esperar. Y cuidadito y se mueran, golpistas
odiadores.
Comentarios
Publicar un comentario