SI NO PUEDEN CON DUARTE, ¿ENTONCES CON QUIÉN?
Fotografía: agencias |
Sin temor a exagerar, este fin de semana será
crucial para el futuro de la política, de las instituciones y del sistema de
justicia del país entero.
La audiencia de vinculación a proceso del ex
gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa será definitoria no sólo de su
suerte -pues el juez del caso decidirá si lo mantiene en prisión para que enfrente
su proceso penal en reclusión, o si en cambio le concede la libertad debido a
la falta de elementos para vincularlo con el delito de delincuencia organizada,
único ilícito grave que se le imputa en la causa que se le sigue-, sino del
derrotero de todo el entramado institucional que se ha creado en los últimos
años para combatir los abusos cometidos desde el poder.
Como se ha señalado aquí y en muchos otros
espacios periodísticos, la actuación de los representantes de la Procuraduría
General de la República durante la audiencia inicial ante el juez de Control
que lleva el caso de Duarte de Ochoa, Gerardo Moreno García, dejó mucho que desear y
abrió la puerta a la posibilidad de que, ante una acusación sin el debido
soporte jurídico, endeble y a modo, el ex mandatario de Veracruz evada la
acción de la justicia y permanezcan impunes las atrocidades que cometió en
contra del erario y, sobre todo, de la población de la entidad.
Las justificaciones de la PGR, que arguye que
el juez se excedió en sus atribuciones durante la audiencia del lunes pasado,
no tranquilizan y mucho menos convencen a nadie. No por nada, hasta el actual
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió al Ministerio Público
Federal ser llamado a declarar en calidad de testigo contra Duarte de Ochoa para
aportar las pruebas con las que cuenta y buscar con ello mantener preso a su
antecesor, por si la PGR no tiene una causa sólida.
Más allá de si se trata o no de una de las
pantallas mediáticas a las que es tan afecto Yunes Linares, lo que es real es
la justificada preocupación de que suelten a Duarte, cuyo aprisionamiento es
una medalla que se han colgado de igual manera el Gobierno Federal que el estatal.
Una eventual liberación de Duarte, e incluso
una vinculación a proceso por delitos leves que no impliquen una pena larga y ejemplar,
representaría un fracaso para ambos gobiernos, que se revelarían como incapaces
de cumplir con su llevado y traído discurso de combate a la corrupción, que
quedaría evidenciado como lo que cada vez es más difícil de ocultar: una
grotesca farsa.
Eso no es lo peor. Si Javier Duarte no es procesado
de acuerdo con la gravedad de los delitos que cometió y del daño que causaron a
la sociedad veracruzana, que se despidan de sus sistemas anticorrupción y de su
sistema de justicia por completo. No habrá en este país quien les crea más
nunca una sola palabra.
Porque si el sistema penal mexicano no puede o
no es capaz de enjuiciar y someter a una verdadera acción de la justicia a
alguien como el impresentable ex gobernador Javier Duarte ¿entonces a quién?
Réplica
La directora de la casa de la cultura de
Coatepec, Irene Sepúlveda, solicitó derecho de réplica a lo publicado en la anterior
entrega de la Rubrica, titulada “IVEC y el desprecio por la cultura popular”.
Hela aquí:
“Le saludo por este
medio y así también me presento con el fin de solicitarle me conceda el
beneficio de precisar los hechos en torno al caso del taller de grabado, el
cual menciona en su columna Rúbrica. El taller no se cerró, se le informó al
maestro que lo imparte que entrábamos en periodo de receso y que nuevamente
entraría en funciones a partir del mes de septiembre. Cuento con los documentos
probatorios del acuerdo que se había tomado con Alejandro Suárez, el titular
del taller.
“Sabiendo de su
profesionalismo como comunicador, lo invito a usted a que cuando guste nos
entrevistemos y lo entere de los pormenores de este caso. Me despido
agradeciendo su atención y quedo pendiente de sus comentarios.”
Servida.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario