EL ABUSO DE LAS INSTITUCIONES
Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz |
Uno de los vicios más dañinos del mal
ejercicio del poder en México consiste en usar las instituciones públicas como
ariete para proteger intereses políticos personales, de grupo o de partido.
Prácticamente sin excepción de filia
partidista, los políticos que en posiciones de poder abusan del mismo al
enderezar ataques a sus adversarios desde instituciones que deberían servir
para procurar el bienestar de los gobernados, desvirtúan con ello su función e
incluso malversan los recursos públicos que se les otorgan al ocuparlos para
tareas que nada tienen que ver con su naturaleza, o que la tergiversan
intencionalmente.
El caso de la andanada que desde el Gobierno
Federal –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Procuraduría General de la República- se ha lanzado contra el candidato
presidencial pan-perredista Ricardo Anaya es sintomático. Una diáfana muestra
de cómo se puede transgredir el Estado de Derecho, simulando que se le protege.
Porque si bien el abanderado panista no está
exento de haber cometido uno o varios delitos con sus reiterados manejos poco
claros en la compra-venta de inmuebles que se ha exhibido en los medios, lo
cierto es que hasta ahora lo único que realmente hay es ruido mediático, pues
ninguna autoridad ha procedido en su contra. No existen, no aún, denuncias
penales qué perseguir. Sólo lo que conocemos en el argot político como “guerra
sucia”, muy propia de las temporadas electorales.
Aunque las campañas son para eso, para
contrastar propuestas y destacar los yerros y debilidades del adversario, usar
a las instituciones de manera facciosa no sólo las debilita al destruir la de
por sí escasa confianza que los ciudadanos tienen en éstas, sino que dinamita la
equidad en la contienda y abre la puerta para que se comentan las peores
tropelías. Al fin y al cabo, la legalidad ya ha sido quebrantada.
En Veracruz hemos padecido el abuso institucional
con resultados que fueron más allá de lo desastroso. Durante los sexenios de
Fidel Herrera y Javier Duarte –aunque podríamos remontarnos también a los de
Dante Delgado y Patricio Chirinos, por lo menos-, la ley se aplicó a
conveniencia, cuando no se rompió con absoluta alevosía. Los “enemigos” fueron hostigados,
acorralados y hasta eliminados. Los recursos económicos, derrochados y hurtados.
Y así hubieran podido continuar, de no ser porque el último gobierno priista en
la entidad, el de Duarte de Ochoa, cometió tal cantidad de excesos, que por sí
solo terminó reventando.
Por desgracia, la alternancia partidista en
la entidad no trajo consigo cambio alguno en el abuso de las instituciones.
Así, con el actual gobierno panista tenemos una “autónoma” Fiscalía General que
es manipulada para amedrentar a críticos y opositores, mientras que se negocia
la impunidad para varios de los responsables del saqueo a las arcas estatales a
cambio de unirse a su bando, “soltar la sopa” para hundir a quienes les
permitieron enriquecerse y apoyar, en efectivo o en especie, los intereses del
actual régimen.
Además, y como sello personal, los
funcionarios de alto nivel del gobierno del “cambio” son obligados a
comportarse como carretoneros para responder a las críticas, haciendo de la
procacidad y la vulgaridad el hilo de su discurso.
Para muestra, la presentación pública del
nuevo secretario de Desarrollo Social estatal, José Rodrigo Marín Franco,
funcionario que fue enviado a agredir verbalmente, adjetivando en lugar de
argumentando, a la diputada federal Rocío Nahle a causa de sus críticas al
presunto uso político de los programas sociales del gobierno estatal. Por
cierto, con el agravante de que este jueves se conmemora el Día Internacional
de las Mujeres, fecha en la que seguramente el discurso oficial versará acerca
de la “equidad”, la “igualdad” y el “respeto”.
Palabras huecas. Igual que las instituciones en
Veracruz.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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