BOTÍN DE COMPLICIDADES Y DECADENCIA JUDICIAL
Después de un intenso jaloneo, finalmente el
Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo
gobernante en Veracruz.
Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron
nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de
Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era
representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia
Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante
ese mismo órgano del Poder Judicial estatal.
Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni
trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac
García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de
despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo
investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo
en el Consejo de la Judicatura.
El enroque más significativo es el de
Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien está ligado al presidente de la
Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Juan
Javier Gómez Cazarín, así como al secretario del Congreso, Domingo Bahena
Corbalá, quienes a su vez llevaron al ahora ex consejero del IVAI, Alfredo
Corona Lizárraga –quien indebidamente dobleteó cobrando al mismo tiempo una
beca Conacyt- a la representación del Poder Legislativo en la Judicatura.
Lo que el agonizante régimen de Cuitláhuac
García busca es protegerse de eventuales investigaciones penales por los malos
manejos que han hecho de los recursos durante su administración, colocando
incondicionales y tomando por asalto al Tribunal Superior de Justicia, al cual
han convertido en un botín de complicidades.
No por nada las Barras, Colegios,
Asociaciones, Federaciones y Alianzas de Abogados del estado de Veracruz
criticaron duramente lo que llamaron “la decadencia de la impartición de
justicia” en la entidad.
En una carta dirigida al gobernador
Cuitláhuac García, los abogados subrayaron que “de los 22 magistrados que han
sido nombrados durante el periodo que abarca del año 2019 a la fecha, la
mayoría de ellos no cuentan con el perfil que exige el alto compromiso de
impartir justicia a los veracruzanos, de un total de 33 magistrados que
integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado (…), así como no cumplen
el requisito de guardar y hacer guardar la Constitución General de la
República, la propia de nuestro Estado, las leyes que de ellas emanan y los
principios fundamentales de derecho”.
Eso, aseveraron, “ha provocado la decadencia
en la impartición de justicia en nuestro estado, el cual ocupa el lugar 23 de
32 estados según el índice del estado de derecho, realizado por World Justice
Proyect 2022-2023. De igual forma el estado de Veracruz se encuentra en la
posición 32 de 32 estados en Justicia Civil y en el lugar 30 de 32 en Justicia
Penal, generando un severo detrimento en la calidad de la justicia”.
¿Sabe que fue lo primero que hicieron los
flamantes magistrados y consejeros de la Judicatura apenas recibieron sus
nombramientos? Irse a tomar la foto con su “patrón”, el diputado Gómez Cazarín.
Tal cual va a ser su “autonomía”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
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