REBELIÓN MAGISTERIAL, LÍDERES REBASADOS

Enrique Peña Nieto logró lo que ningún presidente de la República había logrado en 25 años: unió a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la disidencia agrupada en la Coordinadora Nacional, la CNTE, y con muchas otras asociaciones magisteriales. Sólo que los unió en su contra.

Este miércoles 4 de septiembre se vivió una dura jornada de protestas del magisterio en contra de la Ley del Servicio Profesional Docente que recién fue aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y que será promulgada en breve.

Estados como Veracruz vieron prácticamente colapsadas sus principales ciudades por integrantes de los diferentes sindicatos de mentores, que como nunca antes, se unieron para repudiar lo que consideran un atropello a sus derechos. Y en esto no les falta razón. La reforma no es educativa, es totalmente administrativa y laboral.

La Ley del Servicio Profesional Docente, que es reglamentaria del artículo tercero constitucional que también fue reformado, establece nuevos lineamientos para determinar la permanencia de los profesores en su trabajo a partir de evaluaciones que llevará a cabo un instituto nacional, que se creará ex profeso para realizar esa tarea.

El centro de las protestas está en el artículo 48 de esta nueva norma jurídica, en su apartado “De la permanencia en el servicio”, que establece que cuando en la evaluación “se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate deberá incorporarse a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determine, según sea el caso”.

“(…) El personal deberá sujetarse a una segunda evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación inicial. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado deberá reincorporarse a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un término no mayor de doce meses.

“Quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda.”

Lo que salta a la vista en primer lugar, es que se pretende aplicar retroactivamente una ley en contra de un sector de la población, lo que de suyo es inconstitucional. Y por otra parte, de no aprobar alguna de las tres rondas de evaluaciones, los maestros serían echados a la calle “sin responsabilidad para la autoridad”, o sea, sin indemnizarlos, lo cual no sólo es ilegal, sino que los deja en total indefensión, lo cual atenta contra los derechos humanos de cualquier trabajador.

Por ello no es de extrañar que más allá de sus diferencias e intereses sindicales, los maestros salieran como uno solo a tomar las calles, mientras el gobierno decía que no pasaba nada y que se impartían clases normalmente en la mayoría de los planteles públicos de la entidad.

Y así, mientras el Gobernador de Veracruz se tomaba fotos con Acela Servín, la lideresa vitalicia del Setse, y con Manuel Arellano, secretario general de la sección 56 del SNTE, para aparentar acuerdos (y control) con las organizaciones magisteriales, sus agremiados lanzaban incendiarias consignas contra el gobierno y sus “líderes”, que fueron totalmente rebasados por las circunstancias.

Esto podría significar, en los hechos, el derrumbe de esos “liderazgos” en los sindicatos de maestros, particularmente en el SNTE. Sus dirigentes se han hecho de la “vista gorda”, mientras que sus “representantes” en el Congreso de la Unión, particularmente los que son legisladores del PRI, votaron sin chistar en favor del “reformón” peñista. Total, en su vida se van a volver a parar a dar clases, si es que alguna vez lo hicieron.

Pero si la base los repudia y no los obedece, esos “liderazgos” están muertos. Y si los “líderes” no pueden –o no quieren– defender los derechos mínimos de un asociado a un sindicato, como su estabilidad laboral, ¿por qué les habrían de hacer caso?

La defensa de un derecho no debe pasar por encima de los derechos de terceros. A todos nos afecta que nuestras ciudades estén ahorcadas por los plantones. Además, es absolutamente cierto que existe una real necesidad por elevar el nivel de la educación en México y de quienes imparten las clases a los niños y los jóvenes de este país.

Empero, eso no sólo es responsabilidad de los maestros, sino del gobierno, que no invierte ya no digamos en capacitación, sino en infraestructura e insumos básicos para que las escuelas públicas funcionen con estándares siquiera aceptables. Y no hay que ir a la sierra para atestiguarlo. En la misma capital veracruzana hay planteles oficiales en condiciones paupérrimas.

El conflicto se les ha salido de las manos a las autoridades y a los dirigentes de los sindicatos, que buscan amedrentar a los profesores con amenazas de descuentos y despidos. Hay un ambiente de tensión con amagos de represión latente.

La operación política de la reforma ha sido pésima. Y en 2015, cuando se celebren las elecciones federales intermedias, el régimen podrá medir, en toda su magnitud, las consecuencias.

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