INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES ¿QUIMERA O ESPERANZA?

Si antes de 2006 se hubiera propuesto desaparecer a los institutos electorales estatales para que los comicios locales en entidades federativas y municipios los organizara el IFE, muy probablemente la idea hubiera contado con el beneplácito de la sociedad y de la mayoría de los partidos.

Sabido es que en los estados, los órganos electorales están, casi sin excepción, bajo el control del gobierno en turno, que los mangonea a su antojo y los reduce a ser prácticamente una oficina de reparto de prerrogativas para mantener contentos a los opositores, así como una agencia de colocaciones para compromisos y amigos sin chamba.

En Veracruz, el órgano electoral local es un mero organizador del tinglado que cada tres años se monta para renovar poderes, y que a toda costa protege los intereses del partido en el gobierno y cierra los ojos sistemáticamente ante las evidentes violaciones  a la ley en las que incurren sin falta los candidatos y los institutos políticos que los abanderan. En los hechos, es una oficina más del gobierno.

Este esquema se repite en los demás estados de la República. Por ello no es de extrañar que a pesar de la alternancia en el poder presidencial durante 12 años de administraciones panistas, la mayoría de las entidades se mantuvieron bajo el control del PRI, que conservó el poder utilizando las  mismas viejas mañas y artilugios de toda la vida, con la omisión o complicidad de los organismos electorales.

Así que el hecho de que una sola instancia nacional, fuera del alcance y de la influencia de los gobernadores, se encargara de organizar las elecciones locales y federales, parecería una idea sensata y atendible. El que un instituto nacional, como el que se propone crear en la reforma política que se discutirá en el Congreso de la Unión, tome en sus manos la organización de todos los comicios en el país, en teoría arrebataría a los caciques regionales y mandatarios locales la posibilidad de manipular e incidir en los procesos.

Sin embargo, y por desgracia, a estas alturas, nada lo garantiza. La actuación del IFE en los procesos electorales federales de 2006 y 2012 dejó mucho que desear, producto de la desciudadanización a la que lo sometieron los propios partidos. Se comportó como si fuera uno más de los institutos locales, rehén de los intereses de los políticos, echando por la borda el prestigio logrado en sus años de fundación, en la década de los 90 de la pasada centuria, y que alcanzó su punto más alto en el 2000, con la primera alternancia en la Presidencia en 70 años.

La propuesta ahora es refundar al IFE en un ente nuevo, un Instituto Nacional de Elecciones. Pero además de que eso supone un gasto multimillonario (de por sí bastante caro ya sale), si no se le protege de la injerencia de los intereses de los partidos, no servirá de gran cosa. Será otra oficina organizadora de procesos electorales al servicio del patrón en turno.

Lo que en realidad se necesita es revolucionar el sistema político de este país, que lleva tiempo pudriéndose.

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