LA LEY DEL GARROTE

En menos de dos semanas, en Veracruz se ha usado (y abusado) de la fuerza para disolver manifestaciones de protesta y descontento social, y en el camino, inhibiendo la libertad y el derecho a la información.

Como se ha documentado ampliamente, la madrugada del 14 de septiembre pasado, la policía estatal echó de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada de Xalapa, con lujo de violencia, a los maestros y activistas ahí apostados en contra de la reforma laboral del sector educativo, pues había una orden de despejar el lugar para la ceremonia del grito de Independencia.

Los gendarmes del secretario de Seguridad Pública estatal,  Arturo Bermúdez Zurita, atacaron sin mesura ni distinción alguna, con bastones eléctricos y a toletazo limpio, a hombres, mujeres, menores de edad y ancianos que estaban en la plaza. Además, agredieron a los reporteros y fotógrafos que cumplían con su deber informativo, a quienes golpearon y robaron sus equipos de trabajo, sin que hasta la fecha se haya fincado responsabilidad alguna a nadie. En la impunidad absoluta.

La noche de este martes 24 de septiembre, exactamente diez días después, nuevamente se recurrió a la fuerza pública para reprimir una manifestación. Ahora tocó a un grupo de cañeros, que durante dos días mantuvieron bloqueada la autopista Córdoba-Veracruz a la altura de Amatlán de los Reyes, en demanda de subsidios a su actividad por parte del Gobierno Federal.

De acuerdo con los reportes de los medios de esa región, unos 300 granaderos, entre policías federales y estatales “coordinados” con marinos y militares, replegaron a los cañeros con gases lacrimógenos y, de acuerdo con algunas imágenes, por medio de la fuerza, aunque en los partes oficiales (al igual que en los del 14 de septiembre) no se reportan lesionados.

Como tampoco se reportaron las nuevas agresiones al trabajo de los medios de comunicación en la cobertura del operativo en Amatlán. De acuerdo con lo expresado en su cuenta de Twitter por Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, hubo “abuso de la fuerza y de la violencia -otra vez- de elementos de la SSP, no sólo contra manifestantes, sino contra periodistas”.

“En el desalojo de cañeros se agredió física y verbalmente a periodistas. Se les obligó a borrar imágenes de cámaras. Ello configura una nueva modalidad de censura oficial -al inhibir el testimonio periodístico- por medio del abuso y violencia policíaca”, sostuvo.

Como ya es costumbre, la de Morales Vázquez es la única voz que se levanta desde la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas para repudiar los ataques a la libertad de expresión e información en Veracruz. Su presidenta Rocío Ojeda, y la secretaria ejecutiva Namiko Matzumoto, prefieren hacer como que la virgen les habla y a lo mucho, pedir tímidas explicaciones a la autoridad, que las tira a locas.

Lo más grave sería que a partir de ahora todo lo quieran arreglar de esta manera, por la fuerza, con violencia. Tal pareciera que se hubiera instaurado en Veracruz una nueva ley: la del garrote.

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