DESBORDADOS

El último mes ha caído una enorme cantidad de agua en territorio veracruzano, producto de fenómenos meteorológicos, como hacía tiempo que no sucedía.

Y también, como hacía mucho que no pasaba, se ha registrado la pérdida de decenas de vidas humanas, lo que en teoría no debió ocurrir al estar activados los sistemas de protección civil de la entidad.

Primero fueron los 11 muertos en Yecuatla y dos en Tuxpan. Semanas después, otras 14 personas perdieron la vida en Coscomatepec. Este lunes 16 de septiembre, 11 veracruzanos más murieron en Altotonga.

En todos los casos, en todas estas muertes, hubo una causa común: deslaves de tierra en cerros reblandecidos por los escurrimientos pluviales. Y salvo en el último caso, que el alud arrolló un autobús de pasajeros en tránsito, se trataba de situaciones que se pudieron haber prevenido.

Desde las inundaciones de 1999, en que murieron un número hasta la fecha indeterminado de personas en la zona norte de Veracruz, no habían vuelto a registrarse decesos en gran número por causa de fenómenos y contingencias naturales. Y esto, gracias a que se activó desde aquel entonces un sistema estatal de protección civil que había sido eficaz, al menos en cuanto a la prevención.

Es claro que ya no lo es más, porque los cerros se le desgajan por todos lados al gobierno estatal y la Secretaría de Protección Civil permanece impávida, emitiendo alertas tardías, como si no supiera qué hacer. O quizás, de verdad no lo sabe.

En una entrega anterior de esta columna, de hace apenas una semana, ya habíamos señalado que las omisiones que provocan tragedias también son punibles. Pues bien, la autoridad debe asumir seriamente su responsabilidad en estos hechos que han enlutado a decenas de familias veracruzanas, prácticamente todas de escasos recursos.

La Protección Civil es tema delicadísimo, porque una respuesta rápida, efectiva y previsora es la diferencia entre la vida y la muerte cuando se presentan accidentes o contingencias meteorológicas. Va mucho más allá de festinar que van a llegar recursos millonarios del Fondo Nacional de Desastres Naturales cuando se emite la declaratoria respectiva.

Pero como se está haciendo costumbre en Veracruz, las circunstancias, cual ríos embravecidos, se les han desbordado.

NO A LA VIOLENCIA

Se tardó, pero finalmente la Universidad Veracruzana, en voz de su rectora Sara Ladrón de Guevara, emitió un pronunciamiento público acerca del conflicto magisterial por la reforma laboral del sector educativo, y en particular, sobre los hechos violentos del pasado fin de semana en Xalapa, en donde varios universitarios fueron agredidos por la policía estatal.

La Rectora, en nombre de la institución, rechazó “cualquier manifestación marcada por la violencia y la intolerancia” y llamó a “reafirmar el papel que las instituciones

de educación superior públicas juegan en el país no sólo como animadoras del debate de más alto nivel sobre los temas que interesan a la agenda pública local, nacional e internacional sino, también, como la institución mexicana plural, diversa, crítica, incluyente y profundamente humanista por antonomasia”.

Asimismo, Sara Ladrón defendió el derecho de los universitarios a manifestarse públicamente. Derecho que al parecer en el gobierno estatal no les han avisado que existe.

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