COMUNICADORES INDEFENSOS
Ya
no es novedad ni causa extrañeza cuando se sabe que en el estado de Veracruz se
agrede a un reportero. Se ha vuelto de tal manera el pan de cada día, que nadie
se sorprende. Y casi nadie dice nada.
Los
comunicadores veracruzanos realizan su labor bajo presiones de toda índole,
asediados por los políticos y gobernantes, por la delincuencia, y por si eso no
bastara, por sus mismos jefes.
Porque
ahora resulta que todo lo que alguien exprese en sus cuentas personales en
redes sociales, será usado en su contra, hasta el punto de perder su empleo,
como le sucedió este fin de semana al reportero Ricardo Flores.
En
su cuenta de Facebook, Flores criticó a la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth
Morales, por entregar un neumático a trabajadores de limpia pública municipal
que estaban en paro de brazos caídos por las ínfimas condiciones en que
desempeñan su trabajo, lo que el reportero consideró un “show mediático” de la
edil, a la que en una publicación posterior comparó con la conductora de talk
shows Laura Bozzo.
La
presidenta municipal montó en cólera y se quejó con Carlos Ferráez Centeno,
director de Avanradio, empresa radiofónica en la que Ricardo Flores prestaba
sus servicios reporteriles, por lo que publicó en la red social. El reportero
fue cesado de manera fulminante, en un flagrante ataque contra la libertad de
expresión y un soez abuso de poder.
No
fue ésta la única agresión contra un comunicador en los últimos días. Alfonso
Parra, reportero de Oliva Radio, fue atacado a golpes por policías estatales
porque osó rebasarlos en su motocicleta. A pesar de que se denunció este hecho,
que se sepa nadie ha recibido castigo por este nuevo abuso de la gendarmería
“científica” del Gobierno del Estado.
Y
mientras –para no variar– las titulares de la Comisión Estatal
de Atención y “Protección” a Periodistas, Rocío Ojeda y Namiko Matzumoto, guardan
un ominoso silencio ante estas arbitrariedades, uno de los comisionados –el
único que tiene valor para alzar la voz– Jorge Morales Vázquez, dio a conocer
que desde el 26 de septiembre solicitó una “reunión urgente” con el gobernador
Javier Duarte de Ochoa para exponerle el estado de las cosas, sin que haya
obtenido respuesta alguna. “Yo no sé si está muy ocupado o no le interesa, o
sólo ve a la comisión de membrete”, afirma Morales.
Pero
tampoco puede esperarse mucho de un gobierno estatal cuya Coordinación de
Comunicación Social mantiene una oficina dedicada a espiar las redes sociales
de los periodistas críticos, y que estableció un régimen de terror contra sus
propios empleados, quienes tienen prohibido expresar sus opiniones bajo amenaza
de ser reubicados en las peores tareas y horarios, penalizados en sus sueldos,
o de plano despedidos, por “traidores” y “desleales”.
Lo
peor es que quienes ejecutan esas “disposiciones” estuvieron de este lado,
alguna vez ejercieron la crítica periodística y enfrentaron en carne propia la
censura oficialista y la mezquindad de los empresarios de medios para los que
trabajaron.
Muy
rápido se les olvidó de dónde venían. Pero todos sabemos a dónde van a ir a
parar, tarde que temprano.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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