CACERÍA DE CIBERNAUTAS

“Todo lo que alguien exprese en sus cuentas personales en redes sociales, será usado en su contra”, escribí en este mismo espacio el lunes pasado, al dar cuenta del espionaje y la represión contra la libertad de expresión de un reportero veracruzano por difundir sus opiniones personales en Facebook acerca de una funcionaria, acto que le costó su empleo al comunicador.

Bueno, un día después, el pasado martes 8 de octubre, el Congreso del Estado le puso “énfasis legal” a esa idea y formalizó la temporada de caza de cibernautas, que no sólo incluye a tuiteros y facebookeros, sino a editores de páginas y portales Web.

A iniciativa de las diputadas Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Ainara Rementería Coello, Olga Lidia Robles Arévalo y Paulina Muguira Marenco, y con el pretexto de atacar las redes de pornografía infantil, así como la extorsión y el fraude por la Internet, se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y al Código Penal del Estado de Veracruz.

Como resultado de estas enmiendas, se creó la “Unidad de Policía Científica Preventiva como órgano operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de prevenir la comisión de delitos a través o en contra de estos medios y la red pública de Internet, con pleno respeto a la intimidad y privacidad de las personas”.

“Lo anterior con el propósito de prevenir los delitos cibernéticos, y mediante la utilización de la infraestructura informática, detectar la ubicación de sitios en la red pública que pudieran representar potencial peligro, con la finalidad de proteger los sistemas que utilicen tecnologías de la información, entre otros aspectos”.

(…) Se “otorgan atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que haga un trabajo preventivo, a fin de alertar a la población sobre las páginas Web que puedan ser utilizadas para cometer algún fraude”, reza el boletín del Congreso del Estado de Veracruz que informa sobre el particular.

La sola idea del término “Unidad de Policía Científica Preventiva” causa escozor, si se piensa que es así como se denomina también al resto de la “nueva” policía estatal, cuyo comportamiento gorilesco ha quedado de manifiesto y documentado los últimos meses.

No es pues aventurado ni gratuito pensar que la policía cibernética que se acaba de crear en Veracruz cumplirá, además de las funciones que dieron pie formalmente a su constitución, otras de espionaje político y periodístico, con la salvedad de que ahora tendrán facultades para actuar en contra de quien consideren infrinja la ley en redes sociales y páginas Web.

Si el gobierno metió a la cárcel a dos tuiteros acusándolos de terrorismo, mandó al Congreso hacer una ley de “perturbación del orden público” para perseguirlos (que ante el inminente palo que iba a darles la Suprema Corte de Justicia, mejor fue echada abajo), ¿por qué no constituir una policía cibernética que arremeta contra los críticos a toletazos y bastonazos eléctricos virtuales?

Eso es lo que ahora se entiende por “científico”, ¿no?

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