FINAMED Y LAS IRREGULARIDADES

Está escalando el conflicto entre la Secretaría de Salud de Veracruz y la empresa proveedora de equipamiento médico Finamed, luego de que titular de la dependencia, Juan Antonio Nemi Dib, anunciara que le serían expropiados los bienes a la firma.

Finamed estableció una postura a través de su director general, Rubén Calderón, quien por medio de una misiva denunció “actos arbitrarios y de hostigamiento” de parte de las autoridades de Salud de Veracruz, señalando que “las acciones de abuso, prepotentes y de hostigamiento” contra la empresa “son dirigidas por el licenciado Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud de esa entidad y por el doctor Javier Guevara Arenas, director de Atención Médica”.

Según el comunicado de Finamed, el Gobierno de Veracruz les adeuda la friolera de 570 millones de pesos, luego de 17 meses sin recibir pago alguno “por los procedimientos facturados”. Incluso, lanzan una amenaza: “por la mala gestión del Estado, hoy más de 250 mil pacientes al año están en riesgo de ser afectados en la prestación de sus servicios”.

La empresa asegura que el pasado 2 de mayo, “la Juez Décimo Quinto de Distrito de Jalapa (sic) le otorgó a Finamed una suspensión dentro del juicio de amparo interpuesto en contra de actos de la Sesver, con lo cual se le ordena a las autoridades del Estado cesar todo acto de amenaza que afecte la prestación de servicios de Finamed, así como abstenerse de impedir que la empresa opere conforme a lo que dispone el contrato vigente”.

Nemi Dib respondió diciendo que se trata de un chantaje ante el cual no cederán, ya que a la empresa se le demostró que incurrió en incumplimientos del mismo contrato al cual se acogen. Al mismo tiempo, negó que se le deban 570 millones de pesos y aseguró que son improcedentes la mayoría de los cobros que pretenden.

La de Finamed es una historia de irregularidades que se arrastran desde el sexenio anterior. Como ya habíamos mencionado en este espacio, en 2009, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, se le otorgó un contrato a doce años por “nada más” cinco mil millones de pesos para la prestación de sus servicios. Y como si fuera confesión de parte, en el mismo reciente comunicado de Finamed, Rubén Calderón enfatiza que “el gobernador estaba legítimamente facultado para llevar a cabo esa asignación”, misma que fue señalada en sus irregularidades por el entonces diputado Sergio Vaca Betancourt, quien, para no variar, fue mayoriteado por la mayoría priista en el Congreso local, que autorizó la operación.

Y se rumora que por ahí viene el quid del asunto. Que una familia muy poderosa en Veracruz estaría detrás de Finamed, y por eso se atreven a retar al Estado como si de cualquier cosa se tratara.

Pero lo que mal inicia, mal acaba.

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