AHORA SER POBRE ES UN CRIMEN

Menuda decisión la del ayuntamiento de Boca del Río que, en nombre de “la seguridad pública y la protección civil”, determinó criminalizar la pobreza en el municipio al prohibir que personas pertenecientes a grupos vulnerables pidan dádivas en la calle o realicen actividades comerciales “que pongan en riesgo su seguridad” o la de los ciudadanos.

Como lo lee. El gobierno que encabeza el empresario Anselmo Estandía Colom decidió que no quiere ver indigentes en sus calles y se le hizo fácil prohibirles que se ganen unos centavos para llevarse un mendrugo de pan a la boca.

El “argumento” dado para aprobar esta barbaridad es que existen quejas de ciudadanos acerca de un incremento de hechos delictivos en zonas que albergan a indigentes, y que como sus actividades son infracciones al orden público, serán sancionadas por el Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, independientemente de otras responsabilidades civiles o penales.

Esta medida tiene un tufo clasista y discriminatorio que no se puede esconder. A fin de cuentas, el alcalde Estandía pertenece a la clase alta de la zona conurbada y le debe dar “asquito” que se le atraviese un pobre por sus turísticas avenidas. Como se ven muy poco “chic” las calles boqueñas con migrantes vendiendo flores, pues lo más fácil es amenazarlos con la cárcel para que se vayan por donde vinieron, ¿no?

Pero pensar que va a desaparecer la inseguridad con quitar de los cruceros a los vendedores de chicles o de las avenidas a los franeleros, es de risa. Al contrario. Al criminalizar su modo de subsistir, a donde los arrojan es a las fauces de la delincuencia real, organizada o no.

Organismos como el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca) ya condenaron esta medida, al considerarla anticonstitucional, pues viola el artículo 1 de la Carta Magna relativo a la igualdad de goce de garantías constitucionales, y el 5 y el 11 que tutelan la libertad de profesión y libre tránsito.

Matraca plantea en un pronunciamiento público –al que se adhirieron varios organismos pro derechos humanos y de la niñez– que “la presencia de grupos vulnerables en las calles, obedece a razones originadas por la pobreza y el abandono de estos grupos, como resultado del modelo económico y la falta de alternativas para este sector, y que las acciones de retiro forzado de estos grupos, también conocidas como ‹limpieza social›, han sido históricamente condenadas, por tratarse de medidas discriminatorias y criminalizantes hacia las poblaciones callejeras”.

Es cierto que en las calles operan verdaderas mafias que explotan niños y mujeres para que vivan de la mendicidad. Pero la medida que aprobó el cabildo boqueño no sirve ni como paliativo para este fenómeno, pues no ofrece alternativas para que se ganen la vida de otra manera. Es más bien un acto que raya en el fascismo, que también es muy dado a la “limpieza” de personas.

Como si algo nos faltara, ahora ser pobre es un crimen en territorio veracruzano.

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