Y DESPUÉS DE LA RAPIÑA, ¿QUÉ?

Más que difícil será la cuesta arriba para el nuevo secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Mauricio Audirac Murillo. Lo que se encuentra en esa dependencia es cualquier cosa, menos orden, disciplina y transparencia. Si no, que le pregunten a sus antecesores Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, quienes salieron huyendo de ahí antes de que el destino –o una responsabilidad de tipo penal– los alcanzara.

De entrada, y como él mismo ya ha reconocido, existen pasivos por el nada despreciable monto de 45 mil millones de pesos. Y eso es lo que se reconoce oficialmente. A ello hay que sumar los intereses que cada mes se acumulan por esta misma razón y que tienen al borde de la asfixia financiera a Veracruz.

Audirac debe encontrar la fórmula para resolver la total insuficiencia que hay en el gobierno veracruzano para atender sus necesidades mínimas, ya que no hay dinero ni para los viáticos del personal que acompaña a los funcionarios a las giras de trabajo por el estado, lo que los ha obligado a poner de su bolsa para cumplir con sus deberes, lo cual, además de injusto para los trabajadores, es patético para un gobierno que presume de eficiencia.

Es de tal magnitud la insolvencia, que ni para comprar periódicos tienen recursos en  las dependencias. Muchos de los empleados de la administración estatal tienen que llevar su propio papel higiénico y su jabón a sus centros de trabajo, porque en los baños no hay ninguno de esos insumos.

Mauricio Audirac se encontrará, y lo sabe bien, con una maraña de intereses, corrupción e impunidad a tan alto nivel, que su margen de maniobra será realmente corto. Y de nuevo, si no lo cree, que le pregunten a Fernando Charleston sobre esos temas.

Poner orden donde éste nunca ha existido parece ser una misión imposible. De ese tamaño ha sido la rapiña en este gobierno.

Acción de inconstitucionalidad

A través de un comunicado, el diputado federal del PAN Juan Bueno Torio anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Pensiones del Estado que aprobó fast track la semana pasada la LXIII Legislatura veracruzana.

De acuerdo con el legislador cordobés, artículos como el 14 transitorio y otros más “violan el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, de prevención social y de irretroactividad”, además de que los principios de contabilidad gubernamental y acceso a la información pública gubernamental “son vulnerados, pues mediante mecanismos contables se pretende  borrar el historial de pasivos, contratos y convenios que atentan incluso contra el patrimonio de los trabajadores, pues muchos de esos actos jurídicos son disposiciones que hizo el Gobierno del Estado sin retribuir ninguna ganancia al IPE o bien son cuentas irrecuperables que han mermado la capacidad económica para otorgar beneficios en pensiones y préstamos en agravio de los trabajadores”.

Habrá que ver en qué términos es presentada la acción de inconstitucionalidad para que sea aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha sentado precedentes al “tumbar” otros bodrios legales emanados del Congreso del Estado de Veracruz, que en los últimos años, y ésta legislatura no es la excepción, no se caracteriza por su pulcritud a la hora de hacer leyes.

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