PODER JUDICIAL DE VERACRUZ, COBARDE Y SERVIL
Este jueves se escribió una página más en la historia de
injusticia e impunidad en el asesinato de la periodista Regina Martínez,
corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, victimada el 28 de abril de
2012 en su casa, en la ciudad de Xalapa.
La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Veracruz ordenó la reaprehensión de Jorge Antonio Hernández
Silva, alias “El Silva”, por su supuesta responsabilidad en el homicidio de la
comunicadora, del cual había sido exonerado por esa misma instancia el 9 de
agosto de 2013, cuando los magistrados, en votación dividida, resolvieron dejar
en libertad al inculpado –que ya había recibido una sentencia de 38 años y
nueve meses de prisión–, por falta de pruebas e incumplimiento del debido
proceso, ya que su confesión le habría sido arrancada por medio de torturas.
Bajo la presión gubernamental, la familia de Regina
impugnó la resolución del Poder Judicial de Veracruz, y fue el pasado 19 de
junio de 2014 cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del
Trabajo de la justicia federal resolvió regresar el expediente a la Séptima
Sala del Tribunal estatal para que revisara la sentencia absolutoria, ya que
los elementos a disposición de los magistrados acreditaban la responsabilidad
de “El Silva” solo en el delito de robo.
En su resolutivo, los magistrados federales establecieron
que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó la responsabilidad del
indiciado en el asesinato de Regina Martínez.
Pero esta última consideración ya no les importó a Andrés
Cruz Ibarra y Martha Ramírez Trejo, togados del Poder Judicial de Veracruz que
al término del plazo para dictar sentencia, resolvieron ordenar la recaptura de
“El Silva” para confinarlo nuevamente en prisión y hacerlo cumplir la condena
de 38 años nueve meses de la que había sido exonerado por esa misma Sala Penal
poco más de un año antes.
Incluso, el magistrado ponente de la resolución que en
2013 dejó en libertad al “Silva”, Edel Álvarez Peña, esta vez no votó por su
absolución, sino porque se le redujera la pena ya que, según su nueva “visión”
sobre el caso, Jorge Antonio Hernández Silva sólo fue “cómplice” y no autor del
asesinato de la periodista.
Hay que recordar que tras aquella sentencia, desde el
gobierno estatal se desató una furiosa campaña en contra de Álvarez Peña, que
incluyó el cierre de la llave de la publicidad oficial para el consorcio
periodístico del que es propietario y que, entre otros, edita los diarios El Liberal
del Sur en Coatzacoalcos y Crónica de Xalapa en la capital del estado.
Por lo visto la presión contra Álvarez Peña surtió efecto
y se dobló. Y no sólo eso. Ésta fue su última intervención en la Séptima Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia, ya que “coincidentemente”, se
determinó su cambio a la Tercera Sala donde, en adelante, ya no tendrá que abordar
este caso si llega a presentarse una nueva impugnación.
Y en una maniobra por demás burda, descarada e indigna,
su lugar en la Séptima Sala será ocupado por el magistrado Amadeo Flores
Villalba, quien es hijo del ex procurador Amadeo Flores Espinosa, el mismo fiscal
que integró el expediente contra “El Silva” y contra José Adrián Hernández “El
Jarocho” –el otro indiciado en el crimen contra Regina del que no se sabe nada
de su paradero–, y que los acusó de haber matado a la periodista para robarla.
Y ahí está, precisamente, la clave de este penoso asunto.
A pesar de sus promesas de llegar a la verdad del crimen que cegó la vida de la
periodista, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa está decidido a que la
justicia decrete que la causa fue por un vulgar atraco cometido por supuestos
conocidos de Regina Martínez, con los cuales bebía en su domicilio, y no a
causa de su actividad periodística, que incluyó denuncias contra políticos del
presente y el pasado por abusos de poder, corruptelas y ligas con la
delincuencia organizada, las cuales están publicadas y pueden ser consultadas
en la revista Proceso.
En el colmo del cinismo, el presidente del Tribunal
Superior de ¿Justicia? del Estado, Alberto Sosa Hernández, afirmó que quien
debió investigar la actividad periodística de Regina como móvil del crimen era
la Procuraduría y no el Tribunal, al tiempo que negó que el Gobierno del Estado
les haya dado “línea” para cerrar el caso bajo la hipótesis del robo: “a mí
jamás me han hablado para marcar línea. Cada magistrado tiene su criterio,
incluso el Gobernador ha sido respetuoso de las decisiones de este Tribunal”,
dijo.
Por lo que respecta a “El Silva”, nunca le han quitado el ojo de encima. El
propio gobierno estatal lo mandó a Puebla, donde al menos hasta hace poco
estaba trabajando en la central de abastos de aquella ciudad. Así que su
recaptura no será ningún problema. Claro, siempre y cuando a estas alturas
continúe con vida.
Este nuevo y vergonzoso capítulo del caso de Regina
Martínez desnuda el nivel de podredumbre que priva en el sistema de justicia de
Veracruz, que dejó ver de qué forma se puede llegar a lo más bajo del
servilismo y de la falta de autonomía.
Sobre todos ellos caiga para siempre la responsabilidad por
la impunidad y el encubrimiento del asesinato de Regina Martínez, que ojalá
algún día pueda descansar en paz.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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