LOS NEGOCIOS LEGISLATIVOS
El
vergonzoso caso de la diputada federal del PRD Purificación Carpinteyro,
evidenciada en una grabación telefónica mientras preparaba una estrategia para
hacer negocios en el sector telecomunicaciones, a la par que participaba en el
debate sobre la ley secundaria del mismo sector, desnuda también la manera como
la arena legislativa se ha convertido, desde hace varios años, en un espacio
para traficar influencias en beneficio personal o grupal, gracias al acceso a
información privilegiada y a contactos en el círculo del poder.
Aunque
no falta a la verdad al decir que en este momento hay muchos otros legisladores
que incurren en conflicto de interés similar al suyo, ya que participan también
en la discusión sobre el nuevo esquema legal que regirá los servicios de
telecomunicaciones y tienen al mismo tiempo intereses económicos en el sector,
Purificación Carpinteyro no puede con ello eximir su responsabilidad. Pero sí
da luz con su mal ejemplo sobre los trinquetes legislativos que generalmente
son desconocidos por la opinión pública.
Y
es que, en honor a la verdad, no se trata de algo nuevo. El Congreso de la
Unión y las legislaturas estatales suelen hacer las veces de meras agencias en
las que grupos empresariales locales, nacionales y extranjeros hacen “lobby”
para que sus intereses sean promovidos o al menos no afectados por una
determinada legislación. Por años, por ejemplo, las tabacaleras cooptaron legisladores
para que detuvieran las regulaciones al consumo y publicitación de los
cigarrillos, hasta que la presión internacional echó por tierra sus afanes.
Para
no ir muy lejos, en Veracruz se ha detenido en dos ocasiones, en la ley de
“protección animal”, la prohibición de las corridas de toros y las peleas de
gallos, así como los circos que explotan animales. ¿La razón? Que hay muchos
empresarios ligados al poder que hacen negocio con estos “espectáculos”. Y los
legisladores, “sensibles” al llamado del dinero, han protegido esos intereses,
con una buena dosis de simulación e hipocresía por delante.
Así
podríamos mencionar a los diputados que pertenecen a un sector específico,
dígase el magisterio, como Juan Nicolás Callejas, que pretendieron legislar,
con la venia del gobierno estatal, una “armonización” local de la Reforma
Educativa diferente a la federal, porque afecta sus intereses. O a los que han aprobado
cambios en el uso de suelo en terrenos no aptos para edificar viviendas, con
tal de favorecer a empresas constructoras e inmobiliarias que levantan
fraccionamientos que después terminan inundados.
En
el caso particular del sector telecomunicaciones, lo que está en juego en la
discusión de la legislación secundaria son negocios de miles de millones de
dólares. Y en función de eso los grupos de interés prefirieron ir más allá y
colocaron en el Congreso de la Unión a representantes directos de sus negocios,
como es el caso de las senadoras Ninfa Salinas Sada, hija del dueño de TV
Azteca, y Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticieros de Televisa, o
el propio Javier Corral, que en abierto defiende los intereses del magnate
Carlos Slim, por citar ejemplos más que evidentes.
Lo
más grave es que estos casos de clarísimo conflicto de interés, tráfico de
influencias y protección de negocios particulares en perjuicio del interés
colectivo, no sólo no reciben apercibimiento ni sanción alguna, sino que se
llevan a cabo cada vez con mayor cinismo. Son una práctica común, como lo
demostró el propio caso de Carpinteyro, cuya única diferencia con otros de su
misma calaña, es que a ella le cayeron en la transa.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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