TRAMPAS TOLERADAS
El
rebase de los topes de gasto de campañas es una práctica común de los partidos
y candidatos con más recursos, principalmente PRI, PAN y PRD. Cada que hay
comicios, todos derrochan carretadas de dinero en propaganda y apoyos en
especie o económicos, con tal de ganarse “el favor” de los ciudadanos.
Casi
por inercia –y porque la ley lo exige– las autoridades electorales fijan los
dichosos topes de gasto de campaña bajo amenaza de sanciones que van de las
multas económicas hasta la pérdida del registro de los partidos infractores.
Y
a pesar de que en muchas ocasiones el dispendio es hasta escandaloso, la
autoridad nunca lo ve. A lo mucho, llega a fijar multas a los partidos, que las
pagan con el dinero que reciben de nuestros impuestos. Y si el multado ganó con
eso la elección en la que participó, pues lo considera sin duda como una buena
inversión.
Los
topes de gastos se fijaron para buscar equidad entre los contendientes en un
proceso electoral, y evitar que fuera el dinero el factor que definiera a las
autoridades políticas del país.
Pero
la simulación, otra de las prácticas favoritas en nuestro sistema
político-electoral, permite que esta situación anómala prevalezca. Como todos
incurren en esas faltas, todos buscan taparse con la misma cobija que les
garantice impunidad.
Es
el caso del último affaire del IFE, que exoneró al PRI de las acusaciones de
financiamiento ilegal y gasto excesivo en el pasado proceso electoral federal por
más de 70 millones de pesos, a través de la entrega de nueve mil 924 monederos
electrónicos de Grupo Financiero Monex.
Amén
del papelón de consejeros como Sergio García Ramírez –quien primero se excusó
de participar en la discusión del caso por conflicto de intereses, y al final
con su voto libró al PRI de una buena multa–, lo que el IFE hizo fue avalar las
trampas como estrategia y procedimiento para buscar cargos de elección popular en
México.
Mientras
no se apliquen castigos ejemplares a quienes violen la normatividad, los
partidos y sus candidatos seguirán incurriendo en prácticas como ésta para
darle la vuelta a la ley. Mientras un candidato a Presidente de la República,
Gobernador, Alcalde o Diputado no corra riesgo de que se anule su candidatura o
se revoque su mandato si se le demuestra una ilegalidad durante la campaña que
le permitió acceder al cargo, nuestra democracia seguirá siendo una caricatura.
Y
en Veracruz están por comenzar las campañas para renovar alcaldías y Congreso
del Estado. ¿Cuántas de éstas y otras “mapachadas” veremos en los meses por
venir?
Twitter: @yeyocontreras
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