UN PAÍS SIN JUSTICIA
La
liberación inmediata de la secuestradora francesa Florence Cassez que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación es la cereza del pastel de excremento del sistema de procuración e
impartición de “justicia” de este país.
Todo
el proceso en su conjunto, desde la aprehensión de Cassez hasta su puesta en libertad, es una muestra dolorosa de cómo
se puede torcer la ley para satisfacer intereses políticos y personales, y de
cómo esa misma ley no garantiza el acceso a la justicia. No en México. Y lo
peor, nadie paga por ello.
La
secuestradora (que como tal fue identificada por muchas de sus víctimas, a las
cuales se encargaba personalmente de mutilar para exigir rescate a sus
familiares) no fue liberada porque se demostrase su inocencia.
No.
La sanguinaria delincuente salió de la cárcel debido a que el anterior
Gobierno
Federal pervirtió y violó la ley al armar un montaje televisivo simulando su
captura, y al no garantizar el “debido proceso” para la francesa. Todo para
ensalzar al entonces titular de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, el responsable
de la estúpida estrategia de guerra de Felipe
Calderón.
Calderón y sobre todo García Luna –a quien el ex presidente
defendió a capa y espada durante todo su malhadado sexenio– deberían ser llamados a juicio por pisotear la ley.
Por su culpa, la delincuente que cercenó los cuerpos de muchos mexicanos podrá
gozar de una vida libre en su país, a pesar de habérsela despedazado,
literalmente, a quienes privó de su libertad en el nuestro.
Pero
no son los únicos actores de esta vergüenza internacional. Los ministros de la
Corte que avalaron soltar a Florence
Cassez enfrentarán su propio juicio histórico y social al haber dejado
abierta la puerta para que los delincuentes de la peor calaña cometan sus
fechorías con total impunidad.
Su
resolutivo, legalista –y bajo sospecha de haber recibido “línea”–, excluyó la
mayor parte de las pruebas en contra de la francesa, basándose en el “efecto
corruptor” que causó el montaje televisivo de García Luna sobre el proceso en su conjunto. Pero dejó de lado los
derechos de las víctimas. La tortura física y emocional a la que fueron
sometidas fue ignorada gigantescamente por los “honorables” jueces. Como dijo
la ministro Olga Sánchez Cordero,
encargada del proyecto de sentencia, el fallo de la Corte no fue sobre la
inocencia o culpabilidad de Cassez.
Sólo sobre el “cumplimiento de la ley”.
No
se hizo justicia. Las víctimas de la francesa fueron humilladas por el sistema
penal mexicano. Fueron secuestradas de nueva cuenta, ahora por la impunidad, el
gran mal que carcome las entrañas de México. ¿Quién puede confiar ahora en
acudir ante la autoridad cuando sus derechos sean vejados?
Que
después no se quejen ni se asusten cuando la población haga justicia por propia
mano. Porque la de los tribunales, simplemente no existe.
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario