PUBLICIDAD OFICIAL: UN OPACO BARRIL SIN FONDO

Uno de los secretos mejor guardados durante los últimos tres años en Veracruz ha sido el gasto real que el Gobierno del Estado realiza en publicidad oficial en los medios de comunicación, contraviniendo su discurso acerca de la transparencia de sus acciones.

Sin explicar bajo qué criterios se tomaron esas decisiones, varios medios fueron favorecidos por el gobierno de Javier Duarte con jugosos contratos de publicidad durante la primera mitad del sexenio y a otros les fueron cancelados los convenios unilateralmente. En la mayoría de los casos, se privilegió la empatía o “alianza” (que equivalía a complicidad), o en el caso contrario, la enemistad del medio en cuestión con la encargada de tomar esa decisión hasta febrero pasado, la ex coordinadora de Comunicación Social Gina Domínguez Colío, hoy secretaria técnica de la Oficina del Gobernador.

Esa información ha estado encerrada en una caja fuerte durante más de tres años. Los montos de los convenios y sus beneficiarios permanecen en total opacidad, tal como se desprende del “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013”, elaborado por los organismos civiles Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, bajo la autoría de Ana Cristina Ruelas Serna y Justine Dupuy.

Este estudio “mide el acceso a la información del gasto en publicidad oficial con la intención de nutrir el debate sobre su asignación y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos en el país”. Se realizó en las 32 entidades federativas del país, a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Las variables a evaluar fueron el acceso al presupuesto aprobado para publicidad oficial, al presupuesto ejercido, a los montos destinados a cada tipo de medio de comunicación (prensa escrita, radio, TV, Internet y otros), a los montos destinados por monto de proveedor, y a los montos destinados a cada concepto o campaña de comunicación. El objetivo del Índice es medir el acceso inmediato a esta información, por lo que sólo se evalúa la calidad de la primera respuesta a las solicitudes hechas a cada administración gubernamental.

Los gobiernos de Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas son los más reacios y opacos del país. En las tres emisiones que se han llevado a cabo del Índice, se han negado de plano a entregar cualquier clase de información sobre las variables antes descritas. 

En el caso específico de Veracruz, en 2011 y 2013 entregó datos sobre dos de las variables, el presupuesto aprobado y el ejercido, mientras que en 2012 tampoco dio informe alguno. Los proveedores, las campañas y el tipo de medios en las que se difundieron, fueron ocultados o “reservados”.

En el Índice se establece que estados como Veracruz reservaron todo o en parte la información sobre el desglose del gasto en publicidad oficial, aduciendo diversos motivos, como considerar que “la información podría dañar la estabilidad financiera del Estado o afectar las actividades comerciales de los medios de comunicación”.

Asimismo, y a pesar de que éste es el tercer año consecutivo en que se elabora este estudio, en Veracruz “fue imposible conocer con precisión el presupuesto aprobado o ejercido en publicidad oficial debido a que, en lugar de enviar el presupuesto de comunicación social, la información entregada correspondía a la dependencia denominada Coordinación de Comunicación Social”, lo que incluye todo su gasto corriente.

En sus conclusiones generales, Fundar y Artículo 19 manifiestan que “el estudio nos muestra un despilfarro indiscriminado de recursos que se ejercen sin control y que año con año se incrementa sin justificación alguna. El crecimiento acelerado de los montos asignados a este rubro permite afirmar que la relación financiera entre los medios de comunicación y los gobiernos locales sugiere una inmediata regulación. Los funcionarios públicos deben dejar de utilizar la publicidad oficial como un instrumento para la propaganda y deben rendir cuentas sobre el uso que le dan a estos recursos públicos”. 

“Las lagunas legales continúan permitiendo que todos los niveles de gobierno influencien en la línea editorial de los medios a través de la asignación de publicidad oficial. Las audiencias por tanto están sujetas a la información que el gobierno autoriza se publique.

“Estamos a la espera de una regulación definitiva del uso de estos recursos. Después de una serie de iniciativas y de la promesa del presidente Enrique Peña Nieta, el artículo tercero transitorio de la reforma política aprobada al inicio del año 2014 incluyó la obligación de legisladores de regular la publicidad oficial antes del 30 de abril de este mismo año. El tiempo corre y quedan 30 días para que se cumpla esta promesa”, se enfatiza.

Mientras no haya una relación transparente entre los distintos medios de comunicación con los diferentes gobiernos, como ha sido el caso particular en Veracruz, se continuará conculcando el derecho a la información de todos los ciudadanos, que en lugar de recibir noticias reales sobre las políticas públicas seguirá siendo bombardeado con mera propaganda, cuando no con mentiras oficiosas o felaciones editoriales.

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