EL TÚNEL DE LA CORRUPCIÓN
Vaya
fraude el que se cometió en la construcción del túnel sumergido de
Coatzacoalcos, según admitió el secretario de Infraestructura y Obras Públicas
estatal Gerardo Buganza Salmerón.
Al
comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, el funcionario reveló un
enorme cúmulo de irregularidades que incluyen modificaciones ilegales al título
de concesión de la obra, mismas que incrementaron su precio en dos mil 900
millones de pesos respecto de lo estimado en el proyecto original autorizado en
2004, todavía durante la administración de Miguel Alemán Velasco.
De
acuerdo con Buganza Salmerón, tan sólo en el último día del gobierno de Fidel
Herrera Beltrán, el 30 de noviembre de 2010, se modificó el título de concesión
de la obra comprometiendo a la siguiente administración al pago de mil millones
de pesos extras a la empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos SA de CV.
El
comunicado oficial del Gobierno del Estado es más que elocuente y lapidario
respecto del tema, sobre el que detalla que “el proyecto original contemplaba
una inversión total dos mil 66 millones de pesos, de los cuales la
concesionaria aportaría casi mil millones, equivalentes a más del 47 por
ciento. Sin embargo, con las modificaciones a la concesión original, las
condiciones variaron sustancialmente y se perdió todo equilibrio entre las
partes a grado tal que, a la fecha, el Gobierno del Estado ha aportado dos mil
326 millones de pesos, equivalentes a más del 47 por ciento del proyecto,
mientras que la concesionaria sólo ha destinado poco más de 389 millones de
pesos de capital de riesgo y 929 millones de pesos por concepto de créditos”.
“El costo del proyecto se incrementó en 250 por ciento, al pasar de dos mil 66
millones de pesos a cuatro mil 912 millones de pesos, a la vez que se
modificaron los plazos para terminación de la obra y el inicio de su operación,
al grado que están indefinidos”, establece textualmente la versión oficial.
Esta
sola aceptación de malversación de los recursos públicos y de incumplimiento de
un deber legal debería bastar para meter a la cárcel a los involucrados, que
van desde los ex secretarios de Comunicaciones del fidelismo Marcos Theurel Cotero
y Guillermo Herrera Mendoza, a quienes tocó directamente operar esos cochupos cuando estuvieron al frente de
la dependencia en el sexenio pasado, como al propio Raúl Zarrabal Ferat, quien
recibió de Herrera Mendoza el cochinero y se hizo de la vista gorda. Y ya encarrerados,
habría que revisar la responsabilidad que tendría el propio Fidel Herrera
Beltrán, pues es impensable que, teniendo “el pinche poder en la mano”, no
estuviera al tanto de esos movimientos.
Por
supuesto que también le alcanza responsabilidad a Concesionaria Túnel de
Coatzacoalcos SA de CV, la empresa constructora de la interminable obra, donde
habría que revisar quiénes son sus accionistas. Tanta “generosidad”
gubernamental con un ente privado, al grado de absorber las inversiones que
éste debió realizar, apestan a un contubernio en el que, de menos, hubo alguna “mochada”,
si no es que un beneficio directo para quienes, poseedores de la información,
la aprovecharon en su beneficio realizando maromas ilegales.
La
corrupción quedó evidenciada y, sobre todo, fue aceptada oficialmente por el
gobierno de Javier Duarte. ¿Se atreverá a proceder judicialmente contra quienes
causaron daño patrimonial a las depauperadas finanzas públicas de Veracruz o,
como suele hacer, reculará?
Estamos
a punto de saberlo.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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