SANCIONES ELECTORALES, ¿DE DIENTES PARA AFUERA?
La
nueva Ley de Delitos Electorales recientemente aprobada por el Congreso de la
Unión contempla fuertes sanciones para quienes cometan actos ilícitos durante
las campañas y los comicios, pero deja dudas sobre la efectividad de su
aplicación.
Después
de la elección de 2006 –que fue duramente cuestionada y cuyos artilugios
acabaron con la confianza que durante los diez años anteriores se ganó el IFE–
los partidos políticos acordaron endurecer la legislación en la materia para
que, supuestamente, nadie más llegara al poder “haiga sido como haiga sido”.
De
esta forma, se prohibió a partidos y candidatos comprar directamente tiempos y
spots en medios de comunicación electrónicos; se impuso la obligación a los
órganos electorales de establecer un padrón de medios a los cuales contratar la
propaganda oficial y partidista en cada proceso; las campañas de promoción de
imagen de los gobernantes fueron proscritas –salvo cuando presentasen sus
informes de labores– y se establecieron “vedas” para la promoción de la obra
pública de los tres niveles de gobierno mientras transcurriesen campañas
políticas, entre muchas otras normas.
¿Cuál
fue el resultado de estas regulaciones? Que los partidos y sus políticos se las
ingeniaron para encontrar resquicios y lagunas legales que les permitieran
burlar estas prohibiciones. Así, para evitar que se contabilizara como un gasto
de campaña, los medios impresos realizaban piezas informativas para un
candidato o aspirante a serlo simulando que se trataba de trabajos de interés
periodístico, cuando en realidad se trataba de gacetillas pagadas a los medios
en cuestión que, para no dejar huellas que la autoridad pudiera seguir y
fiscalizar, las cobraban sin mediar factura.
Como
este ejemplo hay cientos, que son una muestra de cómo los propios autores de
las leyes que en teoría buscaban brindar equidad, transparencia y limpieza a
los procesos electorales, se encargaban de pasarles por encima y de llenar las
campañas de propaganda simulada, rebasando de manera grotesca y evidente los
topes de gastos definidos por los órganos electorales, y al final del día,
haciendo aún más cara, y más sucia, la elección de los gobernantes y
representantes populares en México.
¿Por
qué habría de ser diferente ahora? ¿Por qué habríamos de creerles a los
políticos que ahora sí van a respetar la ley? ¿Por qué habríamos de pensar que
si alguno comete algún delito va a ser sancionado?
La política en México es un lamentable muestrario de corruptelas e impunidad.
¿Por qué van a cambiar en este momento?
Sin
duda que la nueva legislación integra conceptos y tipos delictivos electorales
novedosos que necesariamente tendrían que haber sido considerados desde hace
tiempo, como la cárcel y multas a los servidores públicos que coaccionen,
induzcan o amenacen a sus subordinados para votar o asistir a actos
proselitistas de un partido o candidato específico. O a quien destine dinero de
procedencia ilícita para los mismos efectos.
Pero
mientras entre la clase política y en la sociedad persistan las mismas
prácticas y la misma mentalidad de que “el que no transa, no avanza”, aderezada
con la correspondiente dosis de impunidad, podrán incluir en la legislación la
amenaza del fuego eterno para quien infrinja la norma.
El
resultado seguirá siendo el mismo.
Breve pausa
Con
el fin de que el autor pueda atender unos asuntos personales, esta columna no
se publicará el viernes 16, el lunes 19 y el martes 20 de mayo, regresando a
las andadas el miércoles 21. Por su atención, muchas gracias a sus lectores.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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